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» Comercio y Justicia
Fecha: 24/04/2025 09:51
El Gobernador, junto a un grupo de funcionarios y letrados, fue la voz cantante en la audiencia de conciliación convocada por el Máximo Tribunal. Anses se comprometió a cuantificar el pasivo en 15 días hábiles y a presentar una propuesta concreta. La urgencia de Córdoba apunta a recuperar el envío de fondos mensuales que, en el Ejecutivo calculan en unos $20 mil millones. La deuda, estimada por Córdoba en un billón de pesos, será un tema a discutir e involucrará la compensación en parte con bienes y tierras Por Alfredo Flury El gobernador Martín Llaryora se puso al frente del reclamo de Córdoba por las deudas de Anses con la Caja de Jubilaciones y fue el orador principal para argumentar las peticiones, en el marco de la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia y de la que también participaron referentes del Gobierno nacional, para dirimir los juicios entablados por la Provincia por una deuda que, actualizada, orilla un billón de pesos. El solo hecho de que el propio Llaryora fuese quien argumentó los planteos de Córdoba es un dato clave y habla de la importancia que el mandatario le dio al encuentro. Por lo pronto, hay una primera conclusión tras la audiencia: es un hecho que lo primero que se recuperaría es el flujo mensual para cubrir el rojo de la Caja y luego la determinación del pasivo total. De hecho, las presentaciones que realizó el ex gobernador Juan Schiaretti dos años atrás, fueron dos: una por la deuda de 2023 hacia atrás y otra por los envíos mensuales que, en el último año del Gobierno de Alberto Fernández eran de apenas 1.072 millones de pesos mensuales, congelados desde hacía dos años. Con Milei en el poder, esos giros directamente se suspendieron. En la Provincia hoy cuantifican el monto mensual que Anses debería girar en 20.500 millones de pesos. Desde ya descuentan que la Nación no activará un envío de esa magnitud, por lo pronto aduciendo que, al no estar auditado el déficit de la Caja -en rigor la última auditoría fue en 2019-, mal podría confirmarse esa cifra. Con todo, hay predisposición del organismo previsional nacional para negociar un acuerdo que restituya el flujo mensual en un monto obviamente menor y a cuenta de una auditoría posterior. La determinación de los déficits desde 2020 a 2024 va a insumir tiempo. Llaryora lo sabe y por eso es que también está negociando el tema en el marco del Régimen de compensaciones de deudas y acreencias mutuas entre Nación y Provincia. Ese stock, que ronda el billón de pesos según el Panal, una vez determinado, se pagaría parte en especies, esto es tierras, o bienes y hasta empresas, como la Central Nuclear de Embalse. Como fuere, la urgencia del gobernador es que en lo inmediato vuelvan a gotear fondos para la Caja. Aún con una cifra de, por ejemplo, 10 mil millones de pesos mensuales, Llaryora podría revisar una mayor flexibilización del diferimiento o eliminar el Aporte Solidario, todos temas que reclaman los gremios y que le ayudarían en un año electoral. “Hay predisposición de la Nación para alcanzar un acuerdo”, reveló a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo en esa línea. La audiencia En el marco de la audiencia que se extendió por casi dos horas y en la que no asistieron los miembros de la Corte aunque sí el por el secretario de Asuntos Originarios, Alejandro Rodríguez, en representación del Máximo Tribunal, Llaryora hizo un enfático pedido de justicia y solicitó a la Corte que facilite las condiciones para alcanzar un acuerdo o disponga un fallo para que los cordobeses reciban los fondos que corresponden por ley a la Provincia. “Vengo como gobernador a reclamar y defender un derecho de los cordobeses y en especial de los jubilados”, expresó. En ese sentido, el Gobernador recordó que la deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones supera un billón de pesos. Asimismo, destacó la posición de la Corte y la “valentía de citar a una audiencia de conciliación, defendiendo la institucionalidad”. “A la República le irá bien cuando todos cumplamos las leyes. Y lo que estamos viendo acá es un incumplimiento manifiesto, unilateral, con los aportes que le tienen que mandar a los jubilados cordobeses”, subrayó. Agregó que la deuda con la Caja supera un billón de pesos, lo que equivale “a casi un 50 por ciento de lo que la Provincia invierte en infraestructura”. Decisión En la audiencia, se acordó volver a reunir a las partes dentro de 15 días hábiles para analizar propuestas concretas de la Anses ante el reclamo de Córdoba. Esa reunión será el 14 de mayo. La idea es que en esa fecha, la Nación lleve números concretos. Está claro que Anses no tendrá chances de contar con números auditados de la Caja desde 2020 a 2024. Sin embargo, y mientras se avanza en ese trámite, la intención de Llaryora es que se active el giro de fondos mensuales, con una suma a cuenta que luego será corregida en función de lo que arrojen las auditorías. “La audiencia fue positiva. Anses deberá presentar ahora una propuesta concreta en 15 días hábiles. Si no ocurriera, la Corte convocaría a una nueva audiencia y, de no haber acuerdo, la Provincia pediría al Máximo Tribunal una resolución ejecutiva para reanudar los envíos mensuales a cuenta y hasta que se determine el monto real del déficit a cubrir”, dijo a Comercio y Justicia Daniel Pastore, ministro de Vinculación Comunitaria y en la práctica, el principal vocero del gobernador. Pastore estuvo en la sede de la Corte aunque no ingresó a la audiencia. Quienes sí lo hicieron fueron, además de Llaryora, el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el Ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; y su par de Justicia y Trabajo, Julián López, además de referentes del estudio jurídico que representa a la Provincia. En su presentación, Llaryora expresó su deseo de encontrar soluciones definitivas al reclamo de la deuda previsional. Luego, añadió que es el tercer gobernador de la provincia de Córdoba en reclamar lo mismo que antes hicieron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, con un planteo similar que deja en claro que esta situación trasciende a los presidentes de distintos partidos políticos, a diferencias ideológicas, y deja expuesta “una preocupante conducta del Gobierno central, que avanza sobre los derechos de las provincias y afecta tanto al federalismo como al funcionamiento de la República”. “Pero en este caso, es más grave aún, porque además de reclamar por las dos demandas realizadas por el ex gobernador Juan Schiaretti, de abril y mayo de 2023, hoy enfrentamos la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 280, del 27 de marzo de 2024, por el cual se estableció que directamente se suspendan los envíos que por Ley debe destinar la Nación a la provincia de Córdoba”, expresó. “Se trata de un punto cúlmine del destrato institucional de la Nación con la provincia de Córdoba y las demás jurisdicciones con Cajas no transferidas, al suprimir de manera unilateral e inconstitucional las partidas del presupuesto 2023, dos veces prorrogado para el año 2024 y 2025. Con ello se pretendió legalizar la afrenta flagrante de llevar los giros obligatorios de la Nación a la provincia para cubrir el déficit previsional de la Caja a cero pesos”, agregó. Llaryora consideró que tal situación es una “violación de los principios y normas que rigen la Ley de Presupuesto Nacional, establecidos en la Constitución Nacional, que alcanza a lo dispuesto en materia de coparticipación federal, y que no pueden ser suplidos por un Decreto”. En su argumento, el Gobernador consideró que con esta decisión “hay un claro acto de violación del principio federal, principalmente del concepto ‘de lealtad federal’ o ‘buena fe federal’, ya que el DNU 280 de Nación se sustrae unilateralmente de compromisos asumidos en acuerdos previos interfederales suscriptos entre Nación y Provincias respecto a regímenes previsionales no transferidos”. Asimismo, continuó Llaryora, la actual inobservancia del régimen de asistencia financiera para las provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional constituye sin duda “un acto discriminatorio con los jubilados que pertenecen a las provincias que no transfirieron sus Cajas y un debilitamiento grave de la vida institucional de la Argentina, puesto que la normativa aplicable ha sido debatida y acordada en el Congreso de la Nación, en ejercicio de tal premisa constitucional”. “En definitiva, el incumplimiento persistente del Estado Nacional, de no asumir lo acordado que aquí se reclama, también implica una afectación concreta y grave al funcionamiento de nuestra organización como República”, enfatizó. Expectativa Más allá de la argumentación hasta confrontativa de Llaryora, hay diálogo entre las partes y cierto optimismo para que el tema, al menos de la restitución del flujo, se recupere sin necesidad de que la Corte tenga que resolver el tema mediante una cautelar. En cualquier caso, la urgencia es el común denominador en la gestión y, ante un escenario en el que Anses no gira peso alguno a la Caja, cualquier recurso que comience a gotear será bienvenido por Córdoba más allá de que luego se deba corregir una vez que se realicen las auditorías correspondientes. Por lo demás, salvo la Caja de Entre Ríos que ya cerró un acuerdo con la Nación, el resto de las 13 cajas provinciales no transferidas miran con atención la evolución del caso Córdoba, como antecedente para el panorama por venir.
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