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Parana » Paginajudicial
Fecha: 23/04/2025 13:32
El origen de un conflicto fueron una serie de notas que el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos envió a jueces y juezas de primera instancia de la provincia instándolos a que hagan las regulaciones de honorarios tal y como lo establece la ley vigente. Eso provocó una virulenta reacción de la Asociación de la Magistratura, que habló de aprietes. En el STJ buscan bajar el tono. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial ¿Es necesario recordarles a los jueces y juezas que deben cumplir la ley? Esa sola pregunta ha provocado un cimbronazo hacia el interior de los tribunales, resquebrajando la relación entre dos pilares de la administración de justicia: jueces y abogados. El origen de un conflicto que todavía está latente fueron una serie de notas que el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos envió a jueces y juezas de primera instancia de la provincia instándolos –he ahí el vocablo que abrió la polémica– a que hagan las regulaciones de honorarios tal y como lo establece la ley vigente. Las notas llevan la firma de la presidenta de la entidad, María Marta Simón, y les plantea a los magistrados –no la recibieron todos– que las regulaciones de honorarios “se efectúen conforme lo dispuesto en la ley, contribuyendo así a una administración de justicia que respete los derechos profesionales de quienes intervienen en ella y que fortalezca el ejercicio digno de la abogacía”. En el fondo hay una queja velada contra aquellos jueces y juezas que han regulado honorarios por debajo del mínimo establecido en la Ley Número 11.141, sancionada en mayo del año pasado, a instancias del Colegio de la Abogacía. Se trata de una reforma a una ley que databa de 1982 y, en líneas generales, plantea mecanismos de actualización de los montos de honorarios acordes a estos tiempos. Dice, entre otras cosas, que “los honorarios que se establezcan por la actividad profesional de los abogados tienen carácter alimentario” y establece que la unidad de medida es equivalente al 1,5 por ciento de la sumatoria de la “asignación básica” y “compensación jerárquica” de un juez de primera instancia en lo Civil y Comercial. También establece mínimos y máximos que se deben determinar de acuerdo a la tarea que ha desarrollado cada profesional en un litigio e incorpora una obligación a los jueces a fundamentar por qué regulan los montos. Sin embargo, en el último año, se han registrado casos en los que jueces y juezas han regulado honorarios por debajo del mínimo, en general por considerar que los montos quedan desproporcionados con la magnitud del litigio. De ahí proviene la queja del Colegio de la Abogacía. Solo a modo de ejemplo: el año pasado una mujer presentó una acción de amparo reclamando la cobertura de una maestra de apoyo para su hija con discapacidad. La justicia le dio la razón, condenó al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) a pagarle 55.198,68 pesos por la prestación requerida y calculó los honorarios profesionales en 892.152 pesos. No se trata de una crítica al trabajo de los abogados, ni mucho menos, ya que su trabajo es esencial en un Estado de Derecho, sino apenas un botón de muestra. Lo cierto es que la carta que recibieron algunos jueces –se presume que aquellos que regularon honorarios por debajo del mínimo legal– provocó la reacción de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial. La respuesta que hizo pública el gremio de los jueces, firmada por el presidente de la entidad, Alejandro Cánepa, y la vocal Elisa Zilli, acusa al Colegio de la Abogacía de presionar a los magistrados e incurrir en faltas éticas graves y advirtió que la carta constituye una forma de “violencia simbólica nunca antes vista”. Pero hay un párrafo especialmente duro: “La actitud asumida por la Comisión Directiva del Colegio (de la Abogacía) constituye lo que vulgarmente se conoce como ‘apriete’ a jueces y juezas, pero que jurídicamente se encontraría rayano a la figura de la ‘coacción’ (agravada), por cuanto tiene por objetivo condicionar directamente la autonomía e independencia de aquellos, cuando los intimida con ‘tomar medidas institucionales o legales’, si no dictan sus decisiones de la manera que el CAER lo propone”. Esto nos devuelve a la pregunta inicial: ¿es necesario que se les recuerde a los jueces y juezas que deben cumplir la ley? Y la verdad es que la respuesta a esa pregunta no es tan lineal porque un proceso judicial ofrece distintas instancias a las partes para que puedan apelar o recurrir aquellas resoluciones con las que no están conformes. Esto implica, del mismo modo, que abogados y abogadas pueden recurrir o impugnar cualquier decisión respecto de los honorarios que les regulan los jueces en un litigio. De hecho, hay un párrafo en la respuesta de la Asociación de la Magistratura que tal vez esclarece este punto, en el que expresa que “la aplicación de los mínimos de la Ley de Honorarios vigente admite que fundadamente puedan fijarse equitativamente cuando ‘la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida”. El conflicto escaló a partir de las adhesiones y apoyos que recibió la presidenta del Colegio de la Abogacía, aunque en los últimos días ha bajado la espuma, acaso a partir de los buenos oficios de integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Los supremos habrían preferido manejar el asunto por las vías institucionales, en lugar de las cartas remitidas individualmente a jueces y juezas y la virulenta reacción gremial. Eso no pasó, pero apuestan a que desescale a partir de gestiones informales con las partes en pugna. Se verá. Aunque parece difícil que resignen posiciones y, entonces, el conflicto seguirá latente. De hecho, hay magistrados que advierten que para perforar el mínimo establecido por la ley de honorarios, en todo caso, debería declararse su inconstitucionalidad, aunque sea parcial, lo que llevaría a que el STJ tenga que intervenir directamente. Pero eso no ha ocurrido.
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