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» El Ciudadano
Fecha: 23/04/2025 12:10
Prestadores de servicios, instituciones y personas con discapacidad se concentraron en la intersección de bulevar Oroño y Córdoba para reclamar por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Bajo una gran pancarta que decía: «Ni imbécil ni idiota, persona con discapacidad», los manifestantes expresaron su rechazo a los recientes cambios en el régimen de pensiones y criticaron duramente el sistema de auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La convocatoria fue impulsada por la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), desde donde alertaron sobre el colapso del sistema integral de prestaciones. “El sistema se está desintegrando”, señalaron, reclamando una actualización urgente de los aranceles y salarios del sector, que se encuentran fuertemente desfasados respecto del costo de vida. “Es fundamental y urgente que haya un acompañamiento real a todo el sector. Las instituciones contrajimos grandes deudas por el atraso en los pagos”, explicó Mariel Chapero, presidenta de Apridis. La dirigente también detalló que la ley que están reclamando fue presentada en la Cámara de Diputados y ya cuenta con dictamen en las comisiones de Salud y Discapacidad. Sin embargo, aún resta el aval de la comisión de Presupuesto y Hacienda, cuyo tratamiento se postergó por la reciente muerte del Papa. Chapero también apuntó contra el estancamiento de las actualizaciones: “Hace siete meses que no se reúne el directorio de Prestaciones de la Andis. Este año no hubo ningún aumento y el último fue de apenas el 0,5%. Eso no alcanza para cubrir ni el aumento de los alquileres ni el de los combustibles”. Entre los reclamos más urgentes figura la necesidad de equiparar los aranceles del Estado con los valores de referencia de los colegios profesionales. “Hoy el arancel oficial es la mitad del que establece el colegio. La diferencia es abismal”, señaló la referente. Además, desde Apridis hicieron un fuerte llamado a revisar el sistema de auditorías: “Necesitamos que se realicen en condiciones de dignidad humana, respetando los diagnósticos y los tiempos de notificación para que las personas no pierdan su pensión de forma arbitraria”.
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