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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 23/04/2025 00:30
De ANÁLISIS En el marco de la causa conocida como “Contratos Truchos” en el Poder Legislativo de Entre Ríos, los defensores de varios imputados realizaron duras críticas al accionar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y solicitaron la nulidad de los allanamientos y la exclusión de las pruebas obtenidas en esos procedimientos. Fue en el marco de la primera audiencia por la elevación de la causa a juicio ante la jeuza Marina Barbagelata. Alegan que la evidencia fue secuestrada de manera ilegal y sin cumplir con los protocolos establecidos. La audiencia comenzó a las 9 y se extendió hasta las 14. Luego hubo un cuarto intermedio y se retomó la actividad a las 16. A las 17 culminaron los defensores y se espera que este miércoles sea el turno de la exposición de los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados Damiá Petenatti y Iván Vernengo, defensores de Alfredo Bilbao, plantearon a la jueza la nulidad del allanamiento realizado en el domicilio de su defendido durante los inicios de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), así como la exclusión de todos los elementos secuestrados en esa oportunidad, entre ellos dispositivos electrónicos y documentación. Según Petenatti, el pedido de allanamiento autorizado por la jueza Barbagelata carecía de fundamentos suficientes. “Cuando usted autoriza el allanamiento, lo único que se consigna referido a Bilbao es que estaba contratado como agente transitorio afectado al senador nacional Pedro Guastavino. Es lo único que fundamenta el allanamiento a Bilbao, no hay nada más que esto”, sostuvo el abogado. “Entendemos que en cuatro líneas, medio párrafo, no se puede computar como prueba suficiente para justificar los allanamientos. Mínimamente debe poder acreditarse la prudencia y razonabilidad del Estado y no simplemente por una cuestión aleatoria. Esto habilita la exclusión de todos los elementos secuestrados en ese domicilio”, añadió. En esa línea, cuestionó también la forma en que se manejó la evidencia digital, calificándola como "volátil, frágil y extremadamente sensible". Aseguró que la defensa no fue notificada ni pudo controlar los procedimientos técnicos de extracción de información, lo que afectaría directamente la cadena de custodia y la confiabilidad de los datos obtenidos. “No hay fotografías ni filmaciones de ese momento. Se han omitido una serie de pasos indispensables para que la información sea confiable. El acto es irreproducible, porque la defensa no puede dar fe de cuáles fueron los actos y procedimientos que se emplearon para obtener esa evidencia”, enfatizó. Por su parte, el abogado Vernengo insistió en que no se respetaron los protocolos de preservación y análisis de evidencia digital. Señaló que la cadena de custodia fue rota y que la pericia debía haber estado a cargo del equipo especializado del Superior Tribunal de Justicia (STJ), no de técnicos del MPF. En tanto, el abogado José Velázquez adhirió al planteo de Vernengo, y remarcó que hubo una clara violación de los protocolos de actuación para garantizar la transparencia. Diferenció entre la autorización para secuestrar elementos y la posterior etapa de análisis digital, subrayando que esta última también requiere de garantías procesales específicas. El defensor Emilio Fouces, en representación de los imputados Sergio Cardoso, Jorge Lázzaro y José Javier Schneider, sostuvo que la prueba que intenta usarse contra sus defendidos se obtuvo de manera ilegal. Argumentó que el allanamiento fue genérico y que la acusación se sostiene en planillas de Excel y correos electrónicos secuestrados de dispositivos ajenos a sus defendidos, sin correlato que justifique su uso como prueba incriminatoria. “Considero que la evidencia ha sido obtenida de manera ilegal, debido a que no se cumplieron con los requisitos que establecen distintas normativas que regulan la obtención de prueba en este proceso”, dijo, quien además expresó reserva para recurrir a tribunales internacionales en caso de no prosperar su pedido. “Se están violando las garantías -prosiguió- que regulan la forma de obtención de esas pruebas. Lo mismo pasa con los informes periciales y análisis de dispositivos de comunicaciones privadas. Las pruebas obtenidas derivadas de los allanamientos y secuestros de dispositivos se intentan hacer valer para sostener la acusación a Cardoso, Schneider y Lazzaro, con un agravante: las planillas que se pretenden adjudicar hechos ilícitos no encuentran un respaldo en otro dispositivo. Es decir, las evidencias han sido obtenidas de allanamientos a otros imputados y no encuentran correlato con mis defendidos”. Finalmente, los defensores también cuestionaron el secuestro de documentación que consideraron privada y sin vinculación con la causa, como escrituras notariales y comprobantes bancarios, y aseguraron que hubo una extralimitación en la orden judicial de allanamiento. Los documentos secuestrados cuestionados El abogado Petenatti pidió que se excluyan los elementos secuestrados en la vivienda de calle El Ñapindá 1650 de Paraná, consistente en “una carpeta color blanca con la inscripción Andrea Geraldi Acto: Compraventa Otorgado por: Juan E. Block: a favor de María Victoria ÁLVAREZ y Esteban Angel Alberto Scialocomo, la cual contiene un acta de Compraventa entre Juan E. Block y María Victoria ÁLVAREZ y otros. Escritura Nº 23 de fecha 28/05/2017, folio de Actuación Notarial con Nº de folio 01316428 y 01316429, y copias de las mismas, detallados en las actas de fecha 09/10/2018, y contenidos en un bibliorato”; como así también “el efecto N.º 13496 consistente en un resumen de cuenta a nombre de Alfredo Bilbao del Banco Santander Río; un comprobante de depósito en efectivo de fecha 13/09/2018 a caja de ahorro Nº0825/11102002/28 y un comprobante 531 de pago a cuenta de débito automático de la misma fecha y mismo número de cuenta, contenido en un bibliorato”. Remarcó que el pedido de allanamiento comprendía documentación vinculada a la Legislatura y que lo secuestrado “no tiene nada que ver con esta investigación”. Finalmente, Hawlena Gianotti, defensor de Jorge De Breuil, ex coordinador del Senado de la Nación, pidió la exclusión de un contrato de fideicomiso celebrado en abril de 2011 por un inmueble situado en calle Alsina 869, en el que figura su defendido y otros imputados. Dicho documento fue secuestrado en octubre de 2018. También pidió que se deje fuera del proceso la documentación referida a dos inmuebles: uno ubicado en Villa Libertador, departamento Diamante, de una superficie de 67.350 m². En el mismo figuran como co-adquirentes De Breuil, Bilbao y Gustavo Pérez; como así también un documento de un inmueble en la misma localidad con una superficie de 67.350 m2. “Estamos frente a documentación notarial que implica negocios jurídicos lícitos. Esta documentación no tiene vinculación con el hecho que se investiga y la obtención fue una extralimitación por fuera de la manda legal de su señoría”, completó el letrado. 18 imputados Los imputados que quedaron en el requerimiento de elevación a juicio, son 18: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
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