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Parana » APF
Fecha: 22/04/2025 18:30
Las defensas de 20 de los 32 imputados que siguen vinculados a la causa, plantearon lo que entendieron como serias irregularidades y violaciones al debido proceso durante la investigación de la causa conocida como Contratos Truchos o Contratos en la Legislatura. En una prolongada jornada que se desarrolló de mañana y de tarde, las defensas solicitaron la exclusión de evidencias probatorias y documental. De la testimonial, especialmente, la de los contratados que fueron excluidos del proceso. martes 22 de abril de 2025 | 18:00hs. Foto: APFDigital El comienzo de la audiencia de remisión a jucio de la causa que investiga un presunto millonario desfalco a la Administración Pública entrerriana, supuestamente perpetrado durante la década 2008-2028 en la modalidad de contratos de obra en ambas Cámaras de la Legislatura de Entre Ríos, comenzó con las defensas exponiendo ante la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, sus planteos de exclusiones probatorias y oposición a la incorporación de evidencia que fue considerada por todas las defensas que expusieron durante este martes 22, ilegal e incorporada al legajo violando las leyes procesales y las que regulan la recolección de evidencia digital y las competencias y facultades de profesionales designados para aquella actividad. La audiencia comenzó con la defensa de Alfredo Bilbao, defendido por Damián Petenatti e Iván Vernengo, planteando la exclusión de todas los efectos secuestrados en el allanamiento a la casa de su asistido, en calle Ñapindá al 1600; la exclusión de la evidencia digital que se obtuvo de los dispositivos electrónicos secuestrados en aquel allanamiento; y la de la prueba documental de la evidencia secuestrada en calle Alameda de la Federación, en el estudio del imputado. Sostuvieron que su asistido quedó vinculado al proceso por un contrato que tenía en el Senado de la Nación con el entonces senador, Pedro Guastavino, que no tenía relación con la causa que se investiga en suelo entrerriano. Luego fue el turno de la defensa de Hugo Mena y Flavia Beckman, a cargo de José Velázquez, que adhirió a los planteos de la defensa de Bilbao oponiéndose a la incorporación de la evidencia digital, colectada por bioingenieros del Ministerio Público Fiscal (MPF) que fueron muy cuestionados por carecer de las competencias para realizar las actividades que les fueron encomendadas; de la instrumental, se trata de un DVD con información obtenida de aquellas intervenciones; y de los efectos secuestrados en los allanamientos, como celulares, computadoras y pendrives, y toda la cadena de derivaciones que surge de aquellas evidencias. Posteriormente, Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure, planteó la exclusión de la evidencia obtenida en el allanamiento a la casa de su defendido, en San Benito, y de los resultados del mismo. El letrado sostuvo que el “desinterés” en la correcta preservación de la evidencia digital es una conducta que se repite, y consideró ilegal la incorporación de aquella evidencia. Pablo Hawlena Gianotti, co defensor de Jorge De Breuil, con Miguel Cullen, planteó la nulidad absoluta de la evidencia colectada en el caso de su asistido, adhirió a los planteos de las defensas que lo precedieron en la palabra y sostuvo que durante la instrucción de la causa hubo “una evidente excursión de pesca”, apalancada en lo que consideró como “maldita figura de Asociación ilícita, que se usa siempre para justificar aquello que es injustificable”. Luego, Cullen, que también asiste a otros imputados, entre los que se encuentra el ya condenado en la Causa Compleja, Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador y también condenado en aquella causa, Sergio Uribarri, realizó una sólida argumentación respecto de la “trascendencia de cada una de las afectaciones señaladas que nos habilita a fundar los agravios constitucionales” y las graves implicancias que se derivan de una investigación que se realizó vulnerando las normas legales vigentes. Luego de un cuarto intermedio, Emilio Fouces, que asiste a Sergio Cardoso, José Schneider y Jorge Lazzaro, en la primera exposición de la tarde, adhirió a los planteos de las defensas anteriores y añadió que las pruebas que intenta hacer valer Fiscalía para sostener la acusación, en el caso de sus asistidos cuenta con un agravante que consistiría en que las planillas con las que Fiscalía pretende adjudicarles hechos ilícitos, no tienen respaldo en otros dispositivos secuestrados a sus defendidos. Añadió que las evidencias cuestionadas, que serían de cargo o las únicas fueron obtenidas en allanamientos a otros sospechosos, no tienen correlato con sus defendidos. Entendió que si se le da validez a esas evidencias, se estaría violando derechos y garantías de sus tres defendidos. Las exposiciones exhibieron puntos altos. Hubo coincidencias en señalar que los señalados excesos de los fiscales tuvieron el visto bueno de Barbagelata, que ahora deberá analizar las nulidades y exclusiones planteadas. Se destacó la de Vírgala, que tras señalar la inobservancia total de las cadenas de custodia que ordenan las leyes, interrogó hasta cuándo se va a seguir tolerando investigaciones que violan las normas. También planteó que cuando se trata de casos nimios se observan aquellas normas, pero en casos como el que se está abordando, que es trascendental para la vida institucional, no. En el mismo sentido, Hawlena Gianotti señaló, al igual que las otras defensas, que los allanamientos se realizaron con un podido de los fiscales genérico, amplio, indeterminado, sin justificación razonable, en contra de lo que prescribe el Código Procesal. Así, calificó de ilegales a los allanamientos y deslizó que la jueza “fue inducida” a otorgarlos “rápido, sin tener los fundamentos en su totalidad”. El defensor destacó que en el caso de su defendido, “no está probado que el dinero invertido (N de la R: con Gustavo Pérez y Bilbao) sea producto del dinero sustraído al Estado”. Contratados Las defensas cuestionaron duramente la pretensión de Fiscalía de hacer declarar como testigos a los beneficiarios de los cuestionados contratos, de los que aún están en definición su legalidad, porque se los citó a que digan lo que conocen de los hechos investigados, cuando serían parte del ilícito que se les atribuye a otros. Así, se rechazó aquella pretensión puesto que se cuestionó qué validez podría tener una prueba de cargo obtenida de la declaración de un testigo que fue excluido de la investigación “si tuvieron, como mínimo, cierta participación criminal”. Trascendencia Cullen desarrolló sus alegatos exponiendo la trascendencia jurídica de convalidar el accionar de los profesionales del MPF, de los que, como en otras causas en las que se investiga casos de corrupción, se cuestionó con serios fundamentos que carecen de las competencias para realizar las extracciones de información que los fiscales les encomendaron de elementos de los que no se habría preservado la cadena de custodia, por no tener la matrícula habilitante en Entre Ríos. Entendió que pudieron incurrir en un ejercicio ilegítimo de la profesión. Tras un cuarto intermendio dispuesto alrededor de las 16:50, la audiencia se retomará el miércoles a partir de las 9 y será nuevamente en horario matutino y vespertino. (APFDigital)
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