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Concordia » El Heraldo
Fecha: 21/04/2025 16:02
A Guillermo Reggiardo, se le achacaron todos estos ilícitos debido a su comportamiento en relación a una causa que se tramitaba en los Juzgados de Gualeguay. Se trata de un proceso por tenencia y comercialización de estupefacientes. El acusado principal era Emanuel Voney y había dos coimputados. Reggiardo envió el 12 de agosto un correo electrónico al Ministerio Público Fiscal en el que sostenía que en ese caso se habían cometido una serie de ilícitos. Al imputado, se lo había privado ilegítimamente de la libertad, según su exposición. Además, denunció que el fiscal del caso, Fernando René Martínez, y el juez de Garantías, Sebastián Elal, habrían incurrido en prevaricato por falsa imputación. Todos ellos, en conjunto con el defensor de Voney, habrían negociado la libertad del acusado a cambio de USD 2.500, según el relato de Reggiardo. En ese mismo mail, Reggiardo adjuntó un documento donde Néstor Voney, padre del acusado, era el verdadero denunciante de esos delitos y él era su representante legal. Cuando se lo llamó a declarar a Néstor Voney el 26 de agosto, Reggiardo se presentó al juzgado. Se escucharon, según consigna el auto de elevación a juicio, un serie de «gritos, insultos, descalificaciones e injurias provenientes de la mesa de entradas». El responsable era Reggiardo, según expuso una empleada. El letrado habló con Néstor Voney y lo determinó a no prestar declaración testimonial. Los hechos El desarrollo de la investigación y la constatación de los sucesos, demostró que la construcción que había hecho Reggiardo era falsa. En primer lugar, a Emanuel Voney no se lo había privado ilegítimamente de su libertad. El acusado había acordado, en conjunto con su abogado, una prisión preventiva en dos etapas antes de recuperar su libertad. En un primer momento (desde el 27 de enero hasta el 1 de febrero de 2024) estuvo alojado en Jefatura. Y desde ese día hasta el 13 del mismo mes tendría domiciliaria en la casa de su padre. Luego, quedó libre. Esto fue motivo de un acuerdo donde están las firmas del propio Emanuel Voney, su defensor Rubén Gallardo y el fiscal Fernándo Martínez. El entendimiento fue homologado por el juez de Garantías Sebastián Elal. Se trató, en resumidas cuentas, de un proceso legal normal y habitual. Por otro lado, la imputación de los delitos de tenencia y comercialización de estupefacientes tenía el suficiente peso probatorio para esa instancia procesal. Hay un video donde se registra una transacción comercial entre el acusado y otro joven. Voney entrega una bolsa con estupefacientes y a cambio recibe dinero. Además, Néstor Voney, el supuesto representado por Reggiardo, negó ser el autor de la denuncia. El padre del imputado en la causa inicial se presentó finalmente a declarar ante Fiscalía dos días después del escándalo que habría hecho su abogado para impedirlo. En ese momento no ratificó la denuncia hecha por Reggiardo en su nombre. “Yo no me hago cargo del contenido de la denuncia que fue remitida por e-mail. No la ratificó en ninguna de sus partes”, expresó según se lee en el auto de elevación a juicio. Esto llevó al convencimiento de Fiscalía que el documento enviado por correo por Reggiardo, que contenía la denuncia supuestamente hecha por Néstor Voney, era “falso” y había sido “creado” por el imputado. “Es en virtud de todo lo expuesto, que éste MPF entiende que el Dr. Carlos Guillermo Reggiardo es el autor directo del delito de falsa denuncia, el que concurre en forma ideal con la creación y uso de un documento privado falso, con aptitud para causar perjuicio en la medida en que resultaron idóneos para disponer la apertura de causa de la presente IPP y la realización de la presente investigación”, consigna el documento de Fiscalía. “Estos injustos penales así concursados - agrega - concurren, a su vez, en forma real con el delito de instigación a cometer el delito de incumplimiento del deber procesal de declarar como testigo”. La elevación a juicio se presentó el pasado 11 de abril. Allí, Beheran expuso: “En consecuencia, solicitó ante el Tribunal de Juicio que se le imponga la pena de dos años de prisión en relación a los delitos oportunamente imputados”.
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