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Parana » Ahora
Fecha: 16/04/2025 19:14
Los acusados de cometer fraude al Estado entrerriano a través del programa Jóvenes Emprendedores, que dependía del Ministerio de la Producción en la gestión de gobierno de Gustavo Bordet, insistieron en oponerse a que la fiscalía logre que se levante el secreto bancario y fiscal de los implicados, así como también que se puedan peritar los teléfonos. La Fiscalía considera que esta medida será clave para determinar dónde fue a parar el dinero de los créditos que se sustrajeron de la esfera del estado provincial. Hasta ahora se detectaron unos 900 créditos truchos, cuyo dinero se desconoce dónde está. Según supo AHORA, el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Juan Malvasio, dará a conocer la semana que viene su resolución respecto de los planteos que realizaron los defensores Tomás Vírgala, que asiste a Alejandro Usatinsky; Luciano Legascue, que representa a Claudio Rosas Vico; y Miguel Cullen, que hace lo propio con el principal sospechoso, Pedro Gebhart. El escribano Gebhart estaba al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos durante la gestión de Bordet. Además, tenía línea directa con Laura Stratta y Juan José Bahillo, que ocuparon cargos en ese ministerio durante los años de robo al estado. El fiscal Gonzalo Badano investiga la presunta responsabilidad de Usatinsky, Lucila Magallanes, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Paula Yonas, Pablo Frutos, entre otros, por “las irregularidades llevadas a cabo en el otorgamiento, cobro y rendición de créditos correspondientes al Programa Jóvenes Emprendedores durante los años 2018 a 2022 por parte de las autoridades de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos (Pedro Gebhart, Secretario, Cristian Klein, Director de Evaluación y Seguimiento de Proyecto, Tomás Osorio, Director de Políticas de Apoyo Emprendedor, y Claudio Rosas Vico, Director General de Desarrollo Económico Emprendedor), posteriormente denominada Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor y ubicada dentro del Ministerio de Producción”. La acusación sostiene que “en el marco de la conducta llevada a cabo por estos se habrían utilizado datos de personas que figuraban como solicitantes de créditos que no tenían un objeto real, y que una vez autorizados, el dinero era acreditado en las cuentas bancarias, siendo el mismo luego retirado y entregado en forma total o parcial a funcionarios del programa o terceras personas a determinar, entre quienes se encontrarían Alejandro Usatinsky, Lusila Magallanes, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Paula Yonas, Pablo Frutos, entre otros”. Estos últimos eran quienes se encargaban de contactar a diferentes personas a fin de obtener sus datos y tramitar las solicitudes de créditos ficticios”. Agravios Las defensas plantearon sus agravios a la resolución que adoptó, el viernes 21 de marzo a las 13.45, el juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, que resolvió darle un fuerte impulso a la causa al rechazar los planteos que realizaron las defensas. En este sentido, se objetó que se autorizó el levantamiento del secreto bancario para todos los supuestos beneficiarios de los créditos y todos los imputados; el levantamiento del secreto fiscal, solo para todos los sindicados; y la realización de un informe del listado sábana de llamadas que surja del entrecruzamiento de las líneas de los sospechosos y los presuntos beneficiarios. Solicitó que se realizara por el período comprendido entre el año 2018 y la fecha de los allanamientos que se realizaron al inicio de la investigación. También cuestionaron que permitió que una supuesta víctima fuera habilitada a constituirse como querellante. Las defensas reiteraron sus agravios respecto a que la investigación está en una etapa incipiente en la que Fiscalía realiza entrevistas informales con presuntos perjudicados cuyas situaciones podrían derivar en un giro y podrían ser potenciales partícipes de las maniobras que se investigan. En este sentido señalaron que la misma Fiscalía abre un limbo en el que sostiene que los entrevistados, según el devenir de la pesquisa, podrían ser pasibles de ser investigados también. Señalaron que esto es lo que se está investigando y cuestionaron que los dichos de los convocados a esas entrevistas informales, sin ningún control de la defensa, luego podrían ser utilizados como evidencia de cargo. En este sentido, aclararon que no pretendían que se los impute, sino que se les advierta que sus declaraciones podrían ser autoincriminatorias. Fiscalía reiteró que es una facultad de política criminal llevar adelante esas entrevistas. Las defensas también se opusieron a la constitución como querellante de una mujer de apellido Favero que estuvo presente en la audiencia junto a sus abogadas. Entendieron que no correspondía porque el sujeto pasivo del delito que se investiga, es decir, la víctima, sería la Administración Pública, por lo que a la mujer no le correspondería ser querellante. También explicaron que no quedaría al margen del proceso en el caso de que Malvasio considere que fue incorrectamente aceptada porque podrá mantener contacto con Fiscalía. Sí destacaron que como querellante podría impulsar la investigación, producir pruebas y proponer una hipótesis sin ser sujeto pasivo del delito que se investiga. Las defensas cuestionaron que Ruhl autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal y la habilitación de un informe sobre un listado de llamadas. El fiscal respondió que las medidas eran pertinentes porque resultan relevantes para determinar la trazabilidad del dinero supuestamente mal cobrado. En este punto, dijo que entrevistados sostuvieron que nunca realizaron ningún trámite ni firmaron ningún documento; y porque de las llamadas se podrá establecer con quienes, vinculados a la investigación como posibles víctimas, se comunicaban los sospechosos. Con información de APFdigital
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