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» Misionesparatodos
Fecha: 16/04/2025 11:57
La reelección de Daniel Noboa, desconocida por su rival progresista Luisa González bajo denuncias de fraude, se reafirma como otro punto de apoyo de las derechas en América Latina, aunque la gestión de la crisis económica y el desafío de las bandas dedicadas al narcotráfico harán muy difícil sus otros cuatro años de mandato. El derechista Daniel Noboa (37), presidente desde 2023 fruto de una crisis política, fue reelegido en ballotage para gobernar otros cuatro años, con 55,6% frente a 44,3% de la progresista Luisa González, quien denunció el “fraude más grotesco” y pidió recontar los votos (las encuestas vaticinaban empate técnico). Noboa, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa y líder de Acción Democrática Nacional (ADN), le sacó un millón de votos a González, de la Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), exiliado en Bélgica. En la región, Ecuador se suma a los gobiernos de derecha de Argentina y Paraguay. El mandatario había sido elegido por primera vez en 2023 como el más joven de la historia del país cuando otro derechista, Guillermo Lasso, decretó la “muerte cruzada”, renunció y disolvió el Congreso. Los ecuatorianos decidieron “un camino de cambio”, dijo ahora Noboa, y rechazó las denuncias de fraude por “vergonzosas”. La participación alcanzó el 83,7%, bajo el control de seguridad de 60 mil policías y 40 mil efectivos militares en todo el país. Mientras su gobierno despliega con fuerzas armadas y policiales una “guerra” contra el tráfico de drogas que convirtió a Ecuador en un escenario de violencia y distorsión económica que se asocia a la Colombia de los años 80 y 90, el presidente impulsa una reforma constitucional que revierta la aprobada durante el mandato de Correa. En marzo, Correa suscribió un “Compromiso público por la niñez y la vida”, con el colectivo 'Sociedad y Familia', para impulsar causas conservadoras de la derecha internacional, contra el reconocimiento de derechos de las personas LGBTIQ+, el aborto y la eutanasia, y más políticas de mano dura y antimigrantes. En los próximos cuatro años, Correa pretende liberalizar todavía más una economía dolarizada por ley desde hace 25 años (2000), pero con problemas estructurales de desarrollo económico y dependencia del petróleo (12% PIB), crecimiento (-0,4% PIB en 2024), de abastecimiento interno de energía y una pobreza estimada en 28%. La economía sobrelleva un duro ajuste dentro de un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que proyecta un crecimiento de 1% del PIB este 2025, y soporta constantes apagones por la crisis energética (bajo caudal de los ríos en las represas) que forzaron asuetos y racionamientos. Polarización y mano dura El voto de los 13,7 millones de ecuatorianos en el ballotage del 9 de febrero había confirmado desde entonces un escenario muy polarizado entre la derecha de Noboa (44,1%) y el progresismo correísta González (44%). Entonces, la Asamblea quedó conformada por 67 bancas de la Revolución Ciudadana de González, 66 de ADN (de Noboa), 9 del indigenista Pachakutik, 4 del PSC, 1 del Partido Sociedad Patriótica (PSP), del MC25 y UP y 2 provinciales. Pachakutik (5,2%) había llamado a votar a González, después de acordar un total de 25 medidas económicas y sociales, y el conservador PSP (2,6%), a Noboa. Aquella vez, González (47) le había ganado la primera vuelta a Noboa, pero el asesinato atribuido a bandas de narcotraficantes del periodista y candidato Fernando Villavicencio, denunciante de casos de corrupción en la presidencia de Rafael Correa (2007-17), restó posibilidades a la correísta, que perdió por 3,6%. Ahora, como hace dos años, Ecuador fue a las urnas en el mismo clima de violencia criminal y récord de homicidios que caracteriza al país desde hace varios años, por la vertiginosa expansión del mercado de cocaína, en manos de bandas que exportan la droga en conexión con grupos de Colombia y de México. Noboa decretó ocho estados de excepción desde enero de 2024, con militares desplegados en provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas, que no impidieron que enero de 2025 se convirtiera en el mes más violento de los últimos tres años, con 732 homicidios. La incapacidad del Estado para contenerlos repercute en la sociedad y en la economía, cuyo estado se ve agravado por una gran crisis energética nacional con cortes de suministro de más de medio día en todo el país, y profundizada, a su vez, por un inusual déficit hídrico. La industria perdió 4.000 millones de dólares y el sector comercial al menos otros 3.500 millones de dólares. Noboa declaró un "conflicto armado interno", sumó a las fuerzas armadas a tareas de seguridad internas, extendió el estado de excepción en algunas provincias hasta marzo próximo y hace de esa política de mano dura una bandera. Esa misma mano dura tiene contracara: desapariciones forzadas y la muerte de cuatro niños por las que hay 16 militares investigados. “Nos subieron 3% el IVA (al 15%) para tener seguridad, y los precios han subido pero no hay más seguridad. Hay más delincuencia, violencia, muerte y abandono”, había cuestionado González. Economía difícil El presidente había hecho propuestas sobre seguridad, energía, asistencia social, infraestructura y lucha contra la corrupción, pero abrazando un “equilibrio fiscal” bajo supervisión del FMI, cuyo programa de reformas prevé el desembolso mil millones de dólares hasta 2028 (con Noboa ya aportó 1.500 millones). En diciembre de 2024, la pobreza por ingresos en Ecuador subió al 28%, contra 26% de 2023, y afecta a 5,2 millones de personas, la cifra más alta desde el 32% registrado en 21, durante la pandemia de covid. El Ecuador dolarizado desde 2000 cerró el 2024 con una inflación anual de 0,5%, indicador de una fuerte recesión. El desempleo formal fue de 3,5% y el subempleo trepó a 24,5%%, pero la informalidad alcanzó al 58% de los trabajadores y sólo el 33% están registrados. El “riesgo país” supera los 1.000 puntos. Según la OIM, al menos 1,2 millones de ecuatorianos tiene la intención de migrar. Sólo en Estados Unidos actualmente hay cerca de 800.000 ecuatorianos, muchos de ellos ahora expuestos a la deportación por la Administración Trump. Para el Banco Mundial, “la falta de consenso en torno a reformas críticas podría perpetuar el péndulo económico asociado con los ciclos del precio del petróleo e impedir que el país logre un crecimiento mayor e inclusivo” del país. No sólo una elección En la oposición, fue claro el liderazgo casi excluyente de Renovación Ciudadana con la candidatura de González (foto), apadrinada por el expresidente Correa desde su exilio en Bruselas (condenado por cohecho en 2020), pero también sufrió problemas en ese lado de la grieta. El movimiento indigenista, que en 2021 rozó el 20% de los votos con el liderazgo del movimiento Pachakutik, se deshilachó por internas que lo redujeron a una mínima expresión electoral, mientras persisten sus diferencias sobre explotación de recursos naturales y asuntos identitarios con el correísmo. “No hay que olvidar que el odio fue lo que nos trajo aquí y lo que destruyó la patria. Tenemos que sanar como país, unirnos como sociedad, como hermanos y como familia, porque cuando salimos a la calle todos somos iguales", había advertido González procurando rescatar un discurso que salte la grieta ecuatoriana. La propuesta correísta confrontó directamente con el liberalismo económico de Noboa: insiste en recuperar el rol del Estado en la economía, renegociar la deuda externa y regular las multinacionales mineras y petroleras en el país, mientras refuerza los servicios públicos de educación, salud y protección social. En términos regionales, mientras Noboa recibió con honores al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia y lo condecoró, su rival González evitó definir qué relación establecería con el presidente Nicolás Maduro, cuya legitimidad es desconocida por muchos otros países por fraude en los comicios de 2024. “Habría que preguntar eso más bien a los venezolanos, prefiero enfocarme en lo que ocurre en Ecuador”, dijo González, aunque Correa desde el exilio se preguntó “por qué no vamos a reconocer” a Maduro como presidente, pese a que su elección fue convalidada sin que se exhibieran las actas electorales que lo prueben. También pesó en la elección el recuerdo de la invasión policial a la Embajada de México en Quito, hace un año, detener al ex vicepresidente correísta Jorge Glas, sentenciado por corrupción en 2017, que dañó las relaciones con México, y generó rechazo de países de todo el mundo.
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