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Parana » Paginajudicial
Fecha: 16/04/2025 10:32
Lo dijo uno de los abogados defensores, que entiende que es la política la que en juicio debería explicar el sistema de contrataciones. Dio su opinión sobre el proceso en general, el anuncio de Rogelio Frigerio y la devolución de dinero y la reforma al Código Procesal Penal. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial José Velázquez es el abogado de Hugo Mena y Flavia Beckman, dos nombres que quedaron en el ideario de la comunidad judicial cuando quedaron expuestos en la primera línea de una maquinaria por la cual, según el Ministerio Público Fiscal, se desviaron de la Legislatura, durante 10 años, una suma equivalente a 1.111.871.715 pesos –según lo ha determinado una pericia oficial. En una entrevista con Página Judicial, el abogado dio su impresión acerca del proceso que llegaría a juicio en los próximos meses. –Se otorgaron probation en las últimas horas a imputados, en algunos casos se trata de integrantes de uno de los estudios contables que fueron parte del engranaje delictivo. ¿Cómo sigue el proceso? –Mira, conforme al programa definido la semana pasada entre todas las partes ante la convocatoria de la jueza Marina Barbagelata, se acordó en primer lugar, resolver antes del 22 de abril las suspensiones del juicio a prueba consensuada con el Ministerio Público Fiscal. Mañana (por hoy) se fijó una nueva audiencia para tratar los tres sindicados que no pudieron llegar a Paraná, ya que uno es de Trenque Lauquen y Tandil y, entiendo, que hay uno nuevo que se habría sumado en las últimas horas. Mi impresión es que la audiencia de remisión a juicio debería terminar antes de la feria, ya que la complejidad de esta causa es el alto voltaje político y no cuestiones jurídicas. Más allá de eso, al final de cuentas, cuando llegue el momento en que las defensas expongan las razones acerca de por qué no se debe remitir esta causa a juicio, entiendo que es lo que debería suceder. No debería haber juicio en estas condiciones. Hay muchas inconsistencias e incoherencias y lo mejor para todos es que la causa vuelva a la etapa anterior, se corrija el hecho enrostrado en orden a la racionalidad y, los contratantes –legisladores- expliquen por qué contrataron a tal o cual persona. Aclaro, no citar a los contratantes como imputados, sino realmente para que aclaren esta situación porque justamente son quienes pueden explicarlo. No nos olvidemos que el Poder Legislativo es el órgano de más voltaje político. Y la política no es una mala palabra ni tiene connotaciones negativas, es propio de la vida democrática. Entiendo que hay que revalorizar la política, salvo que pongamos en crisis la democracia, lo cual nos llevaría a discutir en otra línea, asunto que nos excede ahora claramente. Es por eso, que el dirigente siempre estará en mejores condiciones de explicar todo aquello referido a la política. –¿Qué expectativa tiene sobre sus defendidos, me refiero a los más comprometidos como es el caso de Hugo Mena y Flavia Beckman, etcétera? –Están más comprometidos desde el enfoque o tesis del MPF, desde nuestra hipótesis estamos convencidos de la inocencia de Mena y Beckman. De la misma forma que entiendo que no hay contratos truchos, sino solo contratos regulares que se presumen legítimos. Hasta ahora, ningún contrato ha sido declarado nulo por la justicia, único órgano competente para decirlo. –Otros abogados defensores, como Damián Petenatti e Iván Vernengo, han dicho en reiteradas oportunidades que la Fiscalía hizo un recorte y no fue para arriba. Uno se imagina las responsabilidades políticas de la Legislatura. ¿Por qué? –Son distintas perspectivas de lo mismo. Justamente que no haya una causa contratos II acredita la hipótesis de esta defensa, es decir, no hay contratos truchos porque si los hubiera no basta solo con Hugo (Mena) y Flavia (Beckman). Se requiere la acción concreta de quienes disponen realmente. Vale decir, que aquellos que fueron contratantes, es decir los legisladores, están en mejor posición para explicar y aclarar por qué se contrató a ese alguien. Hugo y Flavia no están en esa posición de explicarlo. No existen contratos firmados solo por el contratante, solo hay algunos firmados solo por el contratado a la espera de la firma del contratante, y eso es lógico. Ahora, de lo que te puedo recontra confirmar, es que la Legislatura sólo pagó contratos firmados por el contratante y contratado junto a todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. No hay forma de que haya salido un pago sin un contrato legal, regular, lícito. Tranquilamente me podrías decir que no podés tener contratos para la actividad política; lo entiendo, pero justamente es una discusión política, no del terreno del reproche penal. El derecho penal no debería inmiscuirse en las formas del cómo hacer política, eso es terreno político. –¿En el juicio hay posibilidades de que se conozcan testimonios o episodios hasta acá desconocidos y que tengan impacto político? –Desde mi lugar no creo que haya un juicio y mucho menos justo en estas condiciones. Uno de mis tantos planteos que en su oportunidad lo voy a plantear, es que Hugo y Flavia quieren juicio por jurados. Ellos quieren que sus pares, los ciudadanos, resuelvan si son o no responsables del hecho de que los acusa el Ministerio Público Fiscal. Ellos entienden que solo allí, en un juicio por jurado, radica su garantía real. Mientras tanto estamos abocados a la defensa técnica de todos nuestros defendidos. –El gobierno acaba de anunciar un proceso por el cual cree que restituirá al Estado dinero por esos contratos truchos. ¿Qué le parece la medida? –Volvemos de nuevo. No hay resolución que haya declarado la nulidad de ningún contrato, no hay contratos truchos, se trata de contratos regulares y lícitos destinados a la actividad política. Ahora bien, uno de mis planteos y también de otros colegas, es que en el marco de la tesis de fiscalía, se propone llevar como testigos a personas que supuestamente prestaron su nombre y recibieron sumas de dinero sin la prestación correspondiente. A esas personas, según los trascendidos más otras innumerables personas, se las intimará para que devuelvan ese dinero, ergo, estas personas no son víctimas y son partícipes necesarios del hecho enrostrado según la hipótesis de fiscalía. Necesariamente para que haya contrato trucho debe haber un presta nombre. En la misma lógica, tampoco pueden ir a declarar como testigos a un eventual debate porque se incriminarían. En este contexto, eventualmente si hubiera debate, el testigo mientras se está defendiendo de una intimación a devolver la plata supuestamente mal habida, luego de que declare en el juicio, termina con una causa penal. Recordemos acá, o al menos es lo que entiendo, hay ciertas pautas de política criminal que en el caso de delitos contra la administración no los afectarán. –Código Procesal Penal. Volvió a plantearse el tema de lo que se conoce como “plazos razonables”. ¿Qué opina de esa reforma? –Desde mi rol, respecto a los plazos razonables, el proyecto del STJ (Superior Tribunal de Justicia) que fue retirado normativizaba los criterios jurisprudenciales. Esto traía certidumbre a todos los intervinientes en un proceso penal. Tampoco se trata de perjudicar a nadie, solo encontrar ese punto de equilibrio y mesura para que todas las partes puedan discutir el marco del debido proceso y en tiempos razonables. Más allá de que hay muchísimas más aristas que resolver, como cuestiones de hecho, para que vos sepas, actualmente la audiencia de remisión a juicio no está regulada en el Código Procesal Penal sino a través de una acordada del STJ. Foto: agencia APF.
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