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Concordia » Diario Junio
Fecha: 18/04/2025 21:54
A través de un comunicado, la entidad local adhirió a la declaración oficial emitida por el CAER provincial y señaló su preocupación ante lo que definió como un “ataque institucional, digital y moral” contra Simón. “Hacemos nuestras las palabras del comunicado provincial al señalar que la labor del CAER se enmarca estrictamente en la defensa del ejercicio profesional de las y los colegiados y en la promoción de una administración de justicia que garantice el respeto a la ley», expresaron desde la Sección Concordia. El conflicto se originó a partir de una nota enviada por la Asociación de la Magistratura, en la que se acusó a la presidenta del CAER de haber ejercido supuestas formas de coacción o “apriete” hacia jueces en el marco de reclamos vinculados a la aplicación de la Ley de Honorarios Profesionales (Ley 11.141): El martes 15 de abril, el juez civil de Victoria, Luis Francisco Márquez Chada, recibió una nota firmada por la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, María Marta Simón, en la que se le recordó la plena vigencia de la Ley N° 10.141. La normativa regula el régimen de honorarios profesionales y establece parámetros mínimos obligatorios que deben respetarse al momento de su regulación judicial, reconociendo además el carácter alimentario y la función social del trabajo legal. En la misiva, se señaló que el Colegio cuenta con un Observatorio de Honorarios encargado de receptar denuncias sobre fallos que incumplen la ley, y se advirtió sobre sentencias recientes que preocupan al sector por perforar los mínimos establecidos. Ante esa situación, el Colegio anunció que evalúa adoptar medidas institucionales y legales para garantizar el cumplimiento estricto del marco normativo vigente. La Sección Concordia replicó los términos del comunicado del CAER, afirmando que dichas observaciones responden al “legítimo interés de asegurar una retribución justa y equitativa para los profesionales de la abogacía, tal como lo establece la normativa vigente, y jamás pueden interpretarse como un ‘apriete’ o coacción”. Además, la institución subrayó la gravedad de dos hechos denunciados por el CAER provincial: la recepción de una nota “de tono intimidante” dirigida tanto a la presidencia como al Colegio; y la inmediata y coordinada difusión de su contenido en diversos medios digitales “con línea editorial afín”, incluyendo la imagen personal de la Dra. Simón y titulares calificativos como “escándalo institucional” o “apriete a jueces”. “Esta operación de desprestigio, profundamente lesiva y con alto impacto en la opinión pública, no solo constituye una forma de violencia moral y simbólica, sino también un claro caso de violencia política por razones de género, que busca disciplinar su voz institucional por el hecho de ser mujer y ocupar un rol de liderazgo”, señalaron. Desde la Sección Concordia recordaron que el Colegio de la Abogacía es una institución creada por ley, con legitimación plena para advertir sobre prácticas que afecten el ejercicio profesional. En este caso, remarcaron que la nota enviada a los jueces tenía como único objetivo hacer cumplir la Ley 11.141. “La correcta aplicación de las leyes no es una cuestión de interpretación discrecional, sino un mandato que debe ser acatado por todos los operadores del derecho, sin excepciones”, concluye el documento.
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