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Parana » Reporte1007
Fecha: 16/04/2025 09:27
Este martes se vivió el primer momento decisivo en la causa Contratos Legislativos, considerada el mayor desfalco al Estado en la historia de Entre Ríos. Ocho implicados enfrentaron el banquillo de los acusados, tras un acuerdo con la fiscalía para aplicar la suspensión del juicio a prueba, evitando así una instancia de juicio oral. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, recibió y aceptó los acuerdos celebrados entre abogados defensores y los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los imputados que accedieron a la suspensión del juicio a prueba y cursarán una probation son: Renato Jesús Mansilla, Nicolás Beber, Verónica Caíno, Fernando Gastón Sarnaglia, Alajandro Rubén Ferreyra, María Victoria Alvarez y María Macarena Alvarez y Andrea Noemí Beatriz Demartin. Según supo AHORA, cada implicado cumplirá durante tres años normas de conducta y abonará cada mes el 10% de su sueldo a modo de reparación económica. El monto del resarcimiento es distinto, ya que no todos los implicados cobran lo mismo. Además deberán realizar tareas comunitarias. Los beneficiados con la probation fueron clave en la captación de prestanombres, tarea que estaba encabezada por los contratistas Flavia Beckman y Hugo Mena. Ambos operaban bajo las órdenes de otros implicados con mayor poder dentro de la organización. Además, el contador público Gustavo Falco será sobreseído. Si bien estuvo vinculado al Senado Nacional entre 2013 y 2017, los fiscales consideran que no participó activamente en la estructura criminal, por lo que su nombre quedará fuera del proceso judicial. Este pedido de sobreseimiento del defendido por Emilio Fouces se presentará el próximo martes 22 cuando se realice la primera audiencia de la remisión a juicio. El fraude: 53 millones de dólares sustraídos Entre 2008 y 2018, un total de 32 acusados participaron en el desvío de fondos públicos mediante contratos simulados en la Legislatura. La cifra sustraída asciende a 53 millones de dólares, un monto que fue canalizado en inversiones inmobiliarias y actividades agrícolas-ganaderas. De ese grupo, diez acusados evitarán el juicio formal mediante el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Habría dos personas que están discutiendo abreviados, pero la diferencia estaría en que fiscalía quiere prisión efectiva y las defensa una pena condicional. Según la fiscalía, los beneficiados por la probation ejecutaban las directivas de los líderes del esquema, realizando tareas de reclutamiento, cobro de cheques y administración de dinero. Su función era comparable a la de abejas forrajeras, recolectando recursos para el funcionamiento del entramado delictivo. La familia como núcleo de la organización criminal El esquema de fraude se organizó en torno a un círculo familiar estrecho. Beckman y Mena asignaron roles clave a sus hijos, parejas y otros parientes directos: María Victoria Álvarez y su pareja Esteban Scialocomo. María Macarena Álvarez y Alejandro Ferreyra. Jazmín Mena Gioveni, Viviana Gisele Mena Gioveni y Jorge Pablo Balladares. Fernando Sarnaglia y Andrea Demartín. La modalidad de reclutamiento era simple: bastaba con ser pariente, amigo o conocido de un contratista para sumarse a la estructura. El boca a boca se convirtió en el principal mecanismo para expandir la red de falsos empleados. El estudio contable Integral Asesoría, ubicado en calle Misiones al 400 de Paraná, fue el epicentro de la maniobra fraudulenta. Allí se gestionaban los contratos falsos, se imprimían facturas y se pagaban impuestos utilizando una terminal de Entre Ríos Servicios. Los fiscales señalan que los contadores Pedro Opromolla, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure desempeñaron un rol crucial en el esquema, facilitando la facturación y el pago de tributos para simular legalidad en los contratos. Además, Renato Jesús Mansilla y Nicolás Beber, ambos vinculados al estudio, participaron en la operativa financiera del fraude. Estos dos, uno corredor inmobiliario y el otro analista de sistemas respectivamente también ingresan en la suspensión de juicio a prueba junto a Verónica Caíno, pareja del contador Gustavo Pérez, exadministrador de la cámara de Senadores y principal acusado. La omisión de controles por parte del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos permitió que la maniobra se extendiera por una década sin ser detectada. Según la fiscalía, los fondos desviados —estimados en 52.927.878,50 dólares— fueron utilizados para inversiones inmobiliarias y en el sector agropecuario, con el fin de blanquear el dinero de origen ilícito. Los acusadores sostienen que este esquema contó con la complicidad de auditores y revisores del Tribunal de Cuentas, quienes habrían omitido controles cruciales, permitiendo la continuidad del saqueo al Estado.
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