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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 15/04/2025 08:43
Una imagen de El Chocón Una de las políticas centrales proclamadas por el gobierno desde que asumió fue la privatización de empresas y actividades estatizadas y la renovación de concesiones en diversos sectores, especialmente a partir del dictado de la Ley de Bases. La Casa Rosada concibe a la inversión privada como uno de los pilares estratégicos para el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios. Mientras 2024 sirvió para calentar motores, en lo que va de 2025, Presidencia impulsó la privatización de Intercargo, Belgrano Cargas y Corredores Viales. Por su parte, el año inició con el impulso de la licitación para la concesión de la “Hidrovía” -vía navegable neurálgica para el sector agropecuario y exportador-, que fue objeto de cuestionamientos judiciales, para terminar finalmente suspendida en medio de polémicas por una sorpresiva falta de concurrencia. Un hito en esta carrera lo marca el reciente impulso del proceso para la adjudicación de las históricas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la región del Comahue, cuyas concesiones originales vencieron en el año 2023. A través del Decreto 263/25, el gobierno estableció un plazo de 15 días hábiles –a vencer el 7 de mayo– para el llamado a concurso público para la privatización de las empresas estatales constituidas el año pasado para la gestión de esos complejos hidroeléctricos. La nueva privatización de la actividad se realizará a través de la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de las cuatro sociedades constituidas el año pasado por las empresas estatales Enarsa y NASA Con esta prórroga final dispuesta a pedido de los Gobernadores de Río Negro y Neuquén, el Ejecutivo puso fecha límite para el inicio del procedimiento que le había encargado a la Secretaría de Energía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en agosto del año pasado mediante los Decretos 718/24 y 895/24, en un plazo original de 180 días ya vencido. La nueva privatización de la actividad se realizará a través de la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de las cuatro sociedades constituidas el año pasado por las empresas estatales Enarsa y NASA y el otorgamiento de las concesiones para la generación de energía eléctrica en los distintos complejos hidroeléctricos. Entretanto, las anteriores concesionarias seguirán operándolos transitoriamente hasta que se adjudique el concurso público a convocarse en las próximas semanas, para asegurar la regularidad y continuidad en la prestación de sus servicios. Es decir que, pese al vencimiento de los contratos de concesión de los complejos hidroeléctricos, éstos son de gestión privada desde el otorgamiento de esas concesiones en los ‘90s. La prórroga o extensión transitoria del plazo de operación de las concesiones a cargo de los privados se convirtió en una práctica frecuente de los últimos años para asegurar la continuidad de la prestación de servicios esenciales luego de vencidas las concesiones otorgadas en dicha década hasta tanto se definan las nuevas bases y condiciones que deben regir las futuras concesiones. En esa situación, se encuentran también la Hidrovía, las terminales del Puerto de Buenos Aires y las concesiones ferroviarias. La prórroga o extensión transitoria del plazo de operación de las concesiones a cargo de los privados se convirtió en una práctica frecuente de los últimos años para asegurar la continuidad de la prestación de servicios esenciales Mantener en el tiempo operaciones transitorias en sectores esenciales no puede convertirse en una política de Estado. Por esa razón, es una buena noticia que el Gobierno impulse las adjudicaciones de las hidroeléctricas. Lograr inversiones que permitan un funcionamiento pleno y sin interrupciones, requieren contar con derechos estables y condiciones previsibles a largo plazo. El anuncio del levantamiento del cepo cambiario a los flujos (permitiendo el pago de dividendos a inversores extranjeros), unido a la voluntad manifestada del Gobierno de normalizar el mercado eléctrico (seriamente afectado por las políticas adoptadas durante dos décadas y declarado recurrentemente en emergencia) crea un escenario propicio para despertar el interés de oferentes calificados del sector. En similar senda, es esperable que avancen las privatizaciones anunciadas desde el inicio de la gestión que incluyen, además de las ya mencionadas, a Enrsa, AySA, Sofse, NASA, YCRT y Correo Argentino, mediante los esquemas previstos por la Ley 23.696 o la Ley de Bases y su reglamentación. Los procesos licitatorios anunciados servirán de test ácido para probar la confianza en el país generada por las medidas adoptadas por el Gobierno desde que asumió. Las hidroeléctricas en números La generación hidroeléctrica de jurisdicción nacional es regida por las Leyes 15.336 y 24.065 y sus modificaciones y es objeto de concesión. La venta de energía eléctrica es una actividad regulada en competencia. Según las últimas estadísticas publicadas por Cammesa, la región del Comahue es una de las más importantes en materia de generación hidroeléctrica, mientras que este tipo de generación representa actualmente un 16,5% de la generación doméstica total. No obstante, las últimas estadísticas también muestran que, a febrero de 2025, la generación hidroeléctrica total descendió más del 25% respecto del mismo período de 2024 (Fuente: Cammesa, informe de síntesis mensual, febrero de 2025). En conclusión, los procesos de privatización y concesión de activos estratégicos, como las hidroeléctricas y otros sectores clave, refleja una apuesta del gobierno por potenciar esos sectores y atraer inversiones privadas que aseguren la continuidad de los servicios esenciales. Si bien el camino de la privatización puede generar controversias y desafíos, también abre la puerta a un futuro con mayores certezas para los inversores, bajo el marco de una regulación más estable. Las autoras son asociada Senior de Bomchil y socia de Bomchil y Profesora de Regulación Económica Sectorial (UCA)
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