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Colon » El Entre Rios
Fecha: 10/04/2025 12:30
El Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio de la causa por el presunto enriquecimiento ilícito del exministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, Pedro Báez, como también de su esposa, la trabajadora social Sofía Riquelme, con una solicitud de cinco años de cárcel para él y de tres años y medio para ella. Cabe recordar que el exfuncionario de Sergio Urribarri ya fue condenado durante 2022 en el marco del megajuicio por corrupción a la pena de seis años y medio de prisión, en un fallo que de momento no se encuentra firme por cuanto tramita un recurso extraordinario federal interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia. La petición fue formalizada, por parte de los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, ante la jueza de Garantías de Paraná, Elisa Zilli: “Pedro Ángel Báez, durante su desempeño como funcionario público del Estado provincial, en el período comprendido entre 2007 y 2016 inclusive, y con el aporte necesario e indispensable de su cónyuge, incrementó su patrimonio de manera injustificada en relación a los ingresos percibidos; enriqueciéndose así por un monto histórico total de $4.179.885,62, suma que expresada en dólares equivale a un valor de U$S 632.053,35”. La Fiscalía endilga a Riquelme “haber colaborado de manera esencial en el ocultamiento del incremento patrimonial de Báez, ocurrido en el período durante el cual éste se desempeñó en la función pública comprendido, a sabiendas que su capacidad económica y la de su esposo era insuficiente para justificar inversiones y compra de bienes y servicios, en relación a las distintas fuentes de ingreso percibidos, actuando en calidad de persona interpuesta para disimular el real patrimonio de Báez y gestionar sus fondos y bienes”. En la presentación, dan cuenta que la pareja de Báez realizó consumos con tarjetas de crédito, erogaciones, adquirió como cotitular y enajenó el vehículo marca Chevrolet Zafira GLS (dominio GNG 246), compró como cotitular los inmuebles ubicados en calle Juan Manuel Jozami 2105, 2123 y 2135/2161 de Paraná, en los cuales ejecutó obras de mejoras, como así a un inmueble de Cervantes 472. Asimismo, denuncian que efectuó la constitución, integración del capital, aportes irrevocables formales y cedió las cuotas partes de la empresa Innova Turismo SRL. Además, que realizó gastos en viajes y turismo. La sospecha de los fiscales es que, siendo funcionario público, Báez incrementó de manera desproporcionada su patrimonio. En el expediente surgió que, entre su patrimonio, figuran una casa quinta en la zona de calle Jozami al 2000, la casona de Cervantes al 400, un yate que amarra en el Club Náutico -una embarcación modelo Mamba 25, a un costo de mercado de unos 50 mil dólares, bautizado Petit Pois-. Además, junto a su esposa, manejan la firma Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia. Desde la Fiscalía consideran que existen elementos de convicción que permiten sostener como probable que el empresario Germán Buffa sería testaferro de Báez. Se trata de la persona que manejó una franquicia de Planeta Pizza en Paraná y también estuvo al frente de la empresa Global Means, que en 2011 consiguió que la gestión de Urribarri y Báez le diera una pauta de publicidad oficial un mes antes de que fuera constituida legalmente. Por ese hecho, el juez de Transición, Gustavo Maldonado, lo procesó junto a los actuales diputados en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública. En la investigación por posible enriquecimiento ilícito, los fiscales cuenta entre la prueba con un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fechado el 17 de abril de 2017, en el que surge que Buffa es apoderado de la firma Innova Turismo, en la que la cónyuge de Báez es socia. Además, existe un documento firmado por una escribana mediante el cual se autorizó a la pareja del diputado y a su hijo a conducir un automóvil propiedad de la empresa Global Means SA, que preside Buffa. Fuente: Entre Ríos Ahora
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