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Concordia » Hora Digital
Fecha: 08/04/2025 10:33
La Corte Suprema de EEUU permite temporalmente deportaciones aceleradas de inmigrantes bajo la normativa de 1798, otorgando poderes de tiempos de guerra. La Corte Suprema de Estados Unidos ha otorgado temporalmente al presidente Donald Trump la posibilidad de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa que data de 1798, para agilizar la deportación de presuntos miembros de pandillas. Según reportes de CNN, esta decisión, emitida el lunes, supone una victoria importante para la administración Trump al permitirle invocar una autoridad de tiempos de guerra mientras los tribunales inferiores continúan evaluando la legalidad de su aplicación. La medida especifica que las personas deportadas bajo esta ley deben recibir notificaciones adecuadas y tener la oportunidad de apelar su expulsión. No obstante, la decisión generó controversia, ya que los tres jueces progresistas de la Corte Suprema mostraron su desacuerdo, y la jueza conservadora Amy Coney Barrett también manifestó algunas reservas al disentir parcialmente. El presidente Trump celebró la autorización a través de su plataforma Truth Social, catalogándola como un "gran día para la justicia en Estados Unidos". Resaltó que la decisión reafirma la capacidad de un presidente para proteger las fronteras y garantizar la seguridad del país. Funcionarios de su administración, como la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también elogiaron la medida. La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, otorga al presidente amplios poderes para deportar a inmigrantes indocumentados en tiempos de guerra o ante una amenaza de invasión. Trump argumentó que el flujo de presuntos miembros de pandillas de Venezuela constituía una "invasión", justificando así la aplicación de esta normativa. Tras invocar la ley el pasado 15 de marzo, la administración Trump deportó a más de 200 venezolanos en tres aviones hacia El Salvador, donde fueron alojados en una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, surgieron dudas acerca de los criterios utilizados para determinar estas afiliaciones, y se reportó que algunos deportados fueron expulsados bajo otras normativas legales. Una de las situaciones que puso de manifiesto posibles fallas en el proceso fue el caso de Kilmar Armando Abrego García, un padre de familia de Maryland que fue erróneamente deportado a El Salvador por un error administrativo. Aunque su expulsión se llevó a cabo bajo una autoridad legal distinta, este incidente resaltó los riesgos asociados con las deportaciones rápidas. La Corte Suprema ha suspendido una orden que exigía el regreso de Abrego García a Estados Unidos antes de la medianoche del lunes. El juez James Boasberg ha tenido un rol central en este litigio, evaluando si existe "causa probable" para considerar a los funcionarios de la administración Trump en desacato por violar sus órdenes. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC había respaldado previamente las órdenes de Boasberg, permitiendo que se mantuvieran mientras se resolvía el desafío legal. No obstante, la decisión de la Corte Suprema temporariamente cambia el panorama, permitiendo la continuación de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración Trump. Se espera que el juez Boasberg escuche argumentos sobre la posibilidad de bloquear indefinidamente el uso de esta autoridad de tiempos de guerra, así como que evalúe posibles violaciones a las órdenes judiciales por parte de la administración Trump, lo que podría tener implicaciones relevantes para el devenir de este caso.
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