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» Comercio y Justicia
Fecha: 07/04/2025 19:32
Apunta a desactivar la decisión de la justicia que prohibió al magistrado nombrado por decreto, firmar fallos durante tres meses, mientras dure su mandato en comisión y luego del rechazo de sus pliegos por parte del Senado El Gobierno nacional, a través del cuerpo de abogados del Estado, interpuso un per saltum contra la decisión de la justicia que prohibió al juez de la Corte nombrado por decreto, Manuel García-Mansilla firmar los fallos del alto tribunal durante tres meses. La presentación ante la Corte fue realizada por el procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla. Solicitó al máximo tribunal que declare expresamente los “efectos suspensivos” del recurso extraordinario por “salto de instancia” y, disponga la plena vigencia del Decreto N° 137/25, por el que se designó a García-Mansilla. El pedido de per saltum apunta a que se suspenda la resolución del juez Alejo Ramos Padilla que dispuso la prohibición contra el juez designado por decreto, luego de que el Senado no aprobó su pliego para seguir en su cargo. El recurso defiende la constitucionalidad de la designación en comisión de los jueces de la Corte, según explicaron las fuentes consultadas. El gobierno en la presentación defendió la designación del cortesano García-Mansilla “en comisión” por el decreto 137/2025. En tanto, en los pasillos del Palacio de Justicia se especulaba con la posibilidad de una renuncia de García-Mansilla. Aunque desde la Corte ratifican que se trata de una decisión personal del magistrado. ¿Renuncia? Tras el amplio rechazo del Senado a su postulación, Manuel José García-Mansilla analiza por estas horas presentar su renuncia como juez de la Corte, cargo al que accedió gracias a un decreto del presidente Javier Milei. El Ejecutivo presentó en las últimas horas un recurso per saltum al máximo tribunal para que frene la medida cautelar del juez para que anule la medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla para que García-Mansilla se abstenga de firmar nuevos fallos. García-Mansilla lleva apenas 38 días en el puesto. El Presidente lo nombró en “comisión” el 25 de febrero pasado -con vigencia hasta el 30 de noviembre, fecha del final del año legislativo- y, dos días más tarde, en una discreta ceremonia, juró como ministro. La decisión de abandonar pareciera inevitable después del último jueves, cuando la Cámara alta no aceptó su pliego por una amplia mayoría: el juez impulsado por Milei cosechó 51 votos en contra y apenas 20 a favor. De confirmarse la decisión, la Corte volverá a funcionar con tres integrantes: su presidente Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzett, ya que el Senado también rechazó la postulación de Ariel Lijo, quien nunca llegó a asumir dado que el propio máximo tribunal no aceptó que pidiera licencia en Comodoro Py para asumir como ministro. García-Mansilla, un académico de 53 años de perfil conservador, juró como juez el 27 de febrero pasado, gracias a un decreto presidencial publicado durante el receso legislativo. Sin embargo, su nombramiento fue rápidamente cuestionado por sectores políticos y jurídicos, que argumentaron que violaba los requisitos constitucionales al no contar con la aprobación de dos tercios del Senado, como exige el artículo 99 de la Constitución Nacional. Tras el rechazo de la Cámara alta, entonces, crecieron las presiones de académicos, senadores y organizaciones civiles, quienes exigen su apartamiento. Poco después de la votación, Ramos Padilla ordenó a García-Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales mientras mantuviera su cargo como juez designado por el Poder Ejecutivo en comisión. Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, desde que asumió, García-Mansilla firmó 215 fallos. La medida de Ramos Padilla, de cumplimiento obligatorio, fue adoptada tras una presentación realizada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Ambos habían impugnado la designación de García-Mansilla en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N°2, por entender que vulneraba la independencia judicial, un argumento que también usaron varios senadores en sus argumentaciones del jueves. Ramos Padilla entendió que el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional impide que un juez designado en comisión tenga funciones jurisdiccionales mientras no haya recibido apoyo del Senado. “La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, sentenció el juez federal platense, quien recordó que esa es una “condición esencial para la validez del nombramiento”. “Estamos defendiendo si vamos a tener una Justicia independiente o una Justicia adicta a tiro de decreto”, había dicho Martín Lousteau, presidente del bloque de la UCR. “Esto es un asalto institucional del Poder Ejecutivo a los otros dos poderes del Estado”, comentó Anabel Fernández Sagasti, senadora mendocina de Unión por la Patria. La decisión de Ramos Padilla fue, sin embargo, desestimada por el Gobierno, que presentó ayer sábado ante la Corte vía per saltum un recurso para que el juez siga firmando sentencias. En público, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, dijo el mismo sábado que no había ningún artículo de la Constitución que hiciera referencia a que García-Mansilla debía renunciar en estas condiciones. “La Corte le tomó juramento”, recordó Francos. En el expediente de Ramos Padilla, García-Mansilla presentó un escrito para defender su nombramiento: “Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución” y agregó que su salida antes de noviembre sólo podría realizarse mediante juicio político. Pero el propio García-Mansilla había dicho en agosto del año pasado que no aceptaría el cargo si fuera nombrado por decreto.
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