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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 07/04/2025 06:48
El 80% de los medicamentos vendidos en el país provienen de los 50 laboratorios más grandes. Foto: iStock El sector farmacéutico está constituido por 250 laboratorios, 300 droguerías, 11000 farmacias, 15000 bioquímicos, 30000 farmacéuticos y 80000 médicos. El mercado factura 8000 millones de dólares por año y los primeros 50 laboratorios venden el 80% de ese total. Argentina es el 4° país más consumidor de fármacos, 8 de cada 10 argentinos se automedica y los precios en dólares son los más caros del continente. A pesar de disfrutar de un mercado asegurado, ya que los 45 millones de argentinos necesitamos medicamentos, y de acumular ganancias monumentales año a año, la industria farmacéutica (especialmente la nacional grande) no para de subir el precio de los fármacos. Los de venta libre incluso aumentan más que los recetados. El empresariado farmacéutico nacional, que creció en base a no pagar patentes, que fue muy beneficiado desde sus inicios con la promoción industrial, con las licitaciones a medida, con el manejo antojadizo del PAMI y con las voluminosas compras que hace el Estado, carece de sensibilidad y de responsabilidad social empresaria. Los medicamentos aumentan por encima de la inflación y de las paritarias, reduciendo fuertemente el poder adquisitivo del salario. Los acuerdos de precios no funcionan. Hace falta competencia. La incidencia del dólar no supera el 15% en la mayoría de los medicamentos, pero la industria farmacéutica pone precios caros – a veces de 1000% sobre el costo.En general, si el precio de venta al público (PVP) de un medicamento es $100, su costo es $5 (cuando la patente está vencida, que es el 80% de los casos). La industria gasta mucho en marketing y en “premios y regalos al médico”, mientras paradójicamente paga poco al farmacéutico y al bioquímico que dirigen los laboratorios, elaboran los remedios y garantizan su calidad. Ni siquiera les reconoce derechos sindicales. La industria fija el precio de toda la cadena. De cada 100 pesos que vale un remedio, 65 se lo queda la industria, 4 la droguería –también propiedad de la industria– y 31 la farmacia. La farmacia no fija el precio del remedio, pero subsidia los descuentos al PAMI y a las obras sociales. Atraviesa dificultades financieras porque los laboratorios le fijan una rentabilidad cada vez menor. Además, el precio publicado de medicamentos no es real porque hay descuentos de la seguridad social, descuentos de farmacia y descuentos de los propios laboratorios. El aumento desmedido del precio de los medicamentos entre diciembre 2023 y abril 2025 redujo 11% promedio la venta de las farmacias y elevó a 7% el incumplimiento de los tratamientos farmacológicos (receta caída). Los pacientes llegan a la farmacia, preguntan cuánto vale el remedio y se van con las manos vacías porque no les alcanza el dinero. Yo sé cómo bajar el precio de los medicamentos, sin generar déficit público ni demagogia. En primer lugar, hay que aumentar la cantidad de productores; estimular la instalación de más laboratorios para favorecer la competencia. No hay que meterse en los costos de las empresas, pero sí romper los oligopolios. Después hay que aplicar la ley 25649 de prescripción y dispensación por nombre genérico y estimular al paciente a que consulte al farmacéutico, que es el experto en medicamentos, para que le cambie una marca cara por otra equivalente más económica. Es la manera empleada en el mundo para bajar precios abusivos. En tercer lugar, hay que aplicar una política de medicamentos que promueva la prescripción racional, la dispensación responsable y la utilización segura de los medicamentos. La ANMAT es una agencia técnica que habilita y controla, pero últimamente fue cooptada por los laboratorios más grandes y legisla en beneficio de ellos, como es el paso de medicamentos recetados a la categoría venta libre, con lo cual venden más y a precios más caros. La cuarta solución es multar y suspender la matrícula de los médicos que recetan marcas comerciales de remedios en lugar de nombres científicos, como manda la ley. El médico no sabe de marcas, ni de formas de elaboración de medicamentos, tampoco de controles de calidad. También hay que reducir la publicidad de medicamentos en televisión. Estamos siendo bombardeados a toda hora con propaganda tendenciosa, no chequeada, que estimula el sobreconsumo, abre la puerta a la adicción a fármacos (en particular analgésicos), genera nuevas consultas médicas y enfermedades, y empobrece a la sociedad que gasta el dinero que no tiene en medicamentos que, a veces, no necesita. Por último, hay que prohibir a la industria farmacéutica financiar la política. Hay que romper la asociación entre algunos políticos y laboratorios que termina enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a casi todos. Si bien hay que combatir el alto precio de los medicamentos (Argentina tiene los más caros del mundo), y debe frenarse el abuso de financiar medicamentos y vacunas sin evaluar previamente su seguridad y efectividad terapéuticas, la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFITS) para decidir qué medicamentos o procedimientos serán financiados por las obras sociales y prepagas a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), puede convertirse en un centro de discrecionalidad, como en el cambio de categoría de medicamentos, de recetados a venta libre, que promueve la automedicación, la adicción y el aumento de los precios. Es indudable que no se puede aprobar ni financiar cualquier cosa, pero habiendo un organismo técnico como es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), yo lo hubiera dotado de personal en vez de agrandar más el Estado y promover manejos discrecionales y arbitrarios en un área que mueve millones de dólares y de la que dependen todos los argentinos, porque todos tomamos medicamentos, desde que nacemos hasta que nos vamos. Además, no solo debe estar constituido por un representante del Ministerio de Salud, uno del Ministerio de Economía y uno de las Facultades de Ciencias Médicas, hay que sumar un representante de las Facultades de Farmacia y Bioquímica, que son las únicas capaces de evaluar la calidad, seguridad y efectividad de un medicamento. Quiero ser diputado de la Ciudad para bajar el alto precio de los medicamentos. Con la completa autonomía en salud y medicamentos que dan los artículos 20, 21 y 22 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, redactaré las leyes necesarias para modernizar el sistema de salud, reconocer a los profesionales trabajadores (también castigar a los que no trabajan y pretenden cobrar) y bajar el precio de las prepagas. Aumentando la competencia, resucitando el “Polo Farmacéutico” de Lugano, organizando campañas de uso racional, recetando y dispensando por nombre genérico, limitando la publicidad, y consultando más al farmacéutico, el medicamento volverá a ser un bien social. Quiero continuar el legado de Arturo Illia, ese médico cordobés presidente entre 1963 y 1966.
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