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Basavilbaso » Riel FM
Fecha: 06/04/2025 08:03
La Corte Suprema de Justicia debería estar integrada por cinco Ministros (han sido nueve integrantes en los 90, y siete más recientemente). Pero en la actualdiad el máximo tribunal judicial del país tiene vacantes desde 2024. Está integrado por los Ministros Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Ronsekrantz -vicepresidente-, Ricardo Lorenzetti y Manuel José García-Mansilla, este último designado en Comisión por Decreto por el Presidente, Javier Milei. Restando además completar una vacante. El de Juez de la Corte fue el primer cargo que ocupó Ricardo Lorenzetti en el Poder Judicial. Hasta ese momento se había dedicado al ejercicio privado de la abogacía y a la docencia universitaria. Fue designado Juez del máximo tribunal en 2004 por el entonces Presidente, Néstor Kirchner, y desde 2007 se desempeñaba como presidente del máximo tribunal del país. Si bien es cierto que en 2015 el entonces Presidente Mauricio Macri (Cambiemos), dictó un Decreto mediante el cual dispuso el nombramiento de Rosenkrantz y Rosatti como Jueces de la Corte Suprema “en comisión”, ninguno de los 2 juró en su cargo hasta que obtuvieron el acuerdo del Senado de la Nación, como establece la Constitución Nacional. Horacio Daniel Rosatti es Ministro de la Corte desde el 29 junio de 2016, durante la administración de Mauricio Macri. Antes de llegar a la Cortes se desempeñó como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre julio de 2004 y julio de 2005. Fue Procurador del Tesoro de la Nación entre mayo de 2003 y julio de 2004, en la presidencia de Néstor Kirchner. Carlos Rosenkrantz lo hizo el 22 de agosto del 2016, también en la administración del Pro. Dio sus primeros pasos durante la Presidencia de Raúl Alfonsín, como asesor de Carlos Nino, quien tenía a cargo el Consejo para la Consolidación de la Democracia, dependiente de la Presidencia de la Nación. Una década más tarde, fue asesor de Alfonsín en la Convención para la Reforma Constitucional de 1994. También fue asesor en la Convención Constituyente que sancionó en 1996 la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una de las vacantes a cubrir es la de Juan Carlos Maqueda. El ex Ministro se había incorporado a la Corte a fines del 2002, tras un acuerdo entre Eduardo Duhalde y Juan Manuel de la Sota, que fue propuesto el 18 de diciembre de 2002 y el 26 de diciembre fue votado en sesión especial del Senado. Se jubiló en 2024. Había dicho que no pudo solicitar una prórroga de su cargo porque le notificaron su jubilación nueve meses antes de cumplir 75 años. Y el caso de la vacante por la salida de Elena Highton de Nolasco se produce con su renuncia al cargo en octubre 2021, tras haberlo ocupado desde 2004. Se había incorporado tras la destitución del Ministro Eduardo Moliné O'Connor en 2004 fue propuesta por el entonces Presidente Néstor Kirchner para reemplazarlo el 17 de febrero de ese año. El Presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) propuso al Juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García-Mansilla para que integrara la Corte Suprema de Justicia. La nominación de los propuestos para integrar la Corte fue publicada el 15 de abril de 2024 en el Boletín Oficial. La elección de los Ministros de la Corte es mediante un mecanismo indirecto, en el cual el Poder Ejecutivo propone candidatos y el Senado de la Nación presta acuerdo para su nombramiento, como establece el artículo 99 inciso 4 de la Constitución nacional. Pero antes del análisis del Senado hay un proceso de avales e impugnaciones públicas de las postulaciones, dispuesto en el Decreto 222/03 que dictó Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) en 2003. El 27 de mayo de 2024 el Gobierno envió ambos pliegos al Senado, para que en esa cámara se debatan las postulaciones. Sin embargo, el 26 de febrero de 2025, el Presidente nombró en Comisión por Decreto a Lijo y a García-Mansilla como Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al día siguiente, García-Mansilla asumió como Ministro de la Corte. El 3 de abril el Senado rechazó los pliegos de ambos. Como la Constitución no indica qué sucede con los nombramientos en comisión el Gobierno insiste en que García-Mansilla siga en la Corte aunque el Senado rechazó su pliego, y el propio magistrado había defendido su designación y señalado que sólo puede ser destituido mediante Juicio Político. Manuel José García-Mansilla nació el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, Río Negro. Su carrera académica y profesional es extensa y siempre trabajó y estudió en el ámbito privado. A los 25 años se recibió de abogado en la Universidad del Salvador. Entre 2001 y 2002 obtuvo un Master of Laws (LL.M) en Georgetown University Law Center, Washington D.C., en Estados Unidos. El año pasado, hizo un doctorado en Derecho en la Universidad Austral, donde se desempeña como decano de la Facultad de Derecho desde 2019. García-Mansilla comenzó a ejercer la abogacía en 1996: trabajó de 1997 a 2005 en el estudio Marval, O’Farrell y Mairal, uno de los más importantes del país. Luego, se desempeñó en la industria del gas y petróleo entre 2005 y 2010. En esos años trabajó en las empresas Occidental Argentina Exploration and Production Inc., y Vintage Oil Argentina Inc., donde brindó asesoramiento legal en aspectos regulatorios de la industria del petróleo. Entre 2010 y 2014 trabajó en el estudio Liendo & Asociados, fundado por Horacio Liendo, señalado como uno de los ideólogos de la convertibilidad en la década del ‘90. Desde 2014, de acuerdo con su CV, se desempeñó como Director Ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). García-Mansilla ha expresado opiniones que generaron controversia, especialmente en temas relacionados con el aborto. Ariel Lijo nació el 19 de octubre de 1968 y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ingresó a los Tribunales como meritorio y comenzó así su carrera en el ámbito público. En 2004, cuando aún se desempeñaba como Secretario de la Sala I de la Cámara Federal, se inscribió en el Concurso 59, destinado a cubrir cuatro vacantes en los Juzgados Federales Criminales y Correccionales de primera instancia. Quedó en quinto lugar en la terna del Consejo de la Magistratura, pero por las bajas de Eduardo Freiler y Luis Salas, el nombre de Lijo fue uno de los cuatro enviados por el Poder Ejecutivo al Senado, que en octubre aprobó su pliego. Entre las causas que pasaron por sus manos como Juez una de las más resonantes es la conocida como "Ciccone", en la que procesó en 2014 al entonces Vicepresidente Amado Boudou (Frente para la Victoria) por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” por el levantamiento de la quiebra de la imprenta para quedarse con el negocio de la impresión de billetes en la Argentina. Lijo elevó la causa a juicio en 2017 y en 2018 Boudou fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4. En 2017, además, ordenó la detención del ex Vicepresidente en el marco de otra causa por “enriquecimiento ilícito”. Lijo también llevó adelante la investigación del encubrimiento en la causa AMIA, en la que mandó a juicio oral al ex Presidente Carlos Menem (Partido Justicialista), al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex Juez federal Juan José Galeano y a los fiscales federales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia, entre otros. Sin embargo, en 2017 fue apartado de la causa por decisión de la Sala ad hoc de la Cámara Federal, a pedido de las querellas, por haber dictado la falta de mérito de 4 ex secretarios de Galeano en el Juzgado Federal Nº 9: Carlos Velasco, Javier De Gamas, Susana Spina y José Pereyra. Lijo conformó en 2007 una Comisión Asesora en seguridad deportiva en el club Boca Juniors, con Mauricio Macri como presidente de la institución, de la que participaron otros socios célebres del club: el ex Ministro de Seguridad porteño y actual Intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, los Fiscales Federales Gerardo Pollicita, Carlos Stornelli y Raúl Pleé, y el abogado Carlos Beraldi. También se desempeñó como juez en otras causas importantes, como la del Caso Siemens, en la que se investigó el “accionar sistemático de integrantes de la empresa Siemens de pagar sobornos con el único fin de que la filial local de Siemens AG -Siemens It Services S.A.- resulte adjudicataria de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/96, para la “Contratación de un Servicio Integral para la Implantación y Operación de un Sistema de Control Migratorio y de Identificación de las Personas”. En ese expediente, Lijo procesó a 17 imputados, entre directivos de la empresa e intermediarios. Además, fue el Juez de la causa conocida como Correo Argentino, en la que se denunció un acuerdo “abusivo” por la deuda que la empresa, en concurso de acreedores desde 2001, mantenía con el Estado. El acuerdo, denunciado por perjudicial para el Estado, fue realizado por el Ministerio de Comunicaciones durante la presidencia de Macri, cuya familia controla la empresa Correo Argentino. Este expediente todavía está abierto. En la causa fue indagado el entonces Ministro Oscar Aguad. Macri está imputado. La causa por el Vaciamiento de YPF, iniciada en agosto de 2015, por la denuncia del fallecido Fiscal Federico Delgado, es un expediente que tiene en la mira a la ex Presidente Cristina Fernandez de Kirchner, a su ex Ministro de Economía Axel Kicillof, al antiguo titular de la Comisión Nacional de Valores Cristian Girard, su vice Alejandro Vanoli, además del ex Secretario Legal y Técnico, Carlos Za-nnini y el Grupo Eskenazi. En esa causa se investiga la supuesta defraudación al Estado, luego de que el Grupo Petersen (Eskenazi) vendió su paquete accionario de la petrolera estatal, su participación y derecho a litigio a Burford Capital. El juzgado de Lijo aguarda la respuesta de los Estados Unidos a un pedido de información ampliatoria clave, exhortó a remitir copia del expediente cuyo proceso tramitó la Juez Loretta Preska en ese país, y que en su sentencia obliga a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares. Otra de las causas que tuvo a su cargo fue el asesinato en 1973 del entonces secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Ignacio Rucci. En 2012, Lijo determinó que la causa no se trataba de un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, no quedaba sujeto a la cláusula de la imprescriptibilidad.
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