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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 05/04/2025 19:18
Después del cachetazo que recibió en el Senado, Manuel José García Mansilla no fue a trabajar ayer viernes. Nadie lo vio por el despacho en el cuarto piso del Palacio de Justicia que hizo pintar a su gusto en cuanto asumió, como quien se proyecta por mucho tiempo en la Corte Suprema pese a estar designado en comisión. La noche anterior, después de la votación que rechazaba su pliego por 51 votos y de que una medida cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla le ordenara abstenerse de firmar fallos y decisiones administrativas, echó a rodar la versión de que les pediría opinión a sus compañeros de tribunal acerca de qué hacer. ¿Me quedo o me voy? No lo hizo por escrito. Pero, al final tampoco se comunicó con los supremos. Un emisario intentó sondear los ánimos y se chocó con un estado de incomodidad generalizado. Ahora nadie en el tribunal quisiera -aunque no lo diga en forma explícita- que permanezca mucho más en el cargo y la ironía repetida es: “está grande y debería decidir solo”, publicó el portal del diario Página/12. El que exteriorizó su reacción fue el supremo Ricardo Lorenzetti al decir que “es una decisión personal que él (García Mansilla) estará evaluando” y que la Corte judicialmente no tiene nada “para opinar” al respecto. Luego acotó: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto, lo dije infinidad de oportunidades, y creo que hay que ser coherentes”. Recordó que aquella fue su posición cuando el expresidente Mauricio Macri nombró por decreto a sus actuales colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes al final -tras un gran revuelo- obtuvieron acuerdo del Senado. Aunque en el pasado los actuales presidente y vice de la Corte aceptaron ese tipo de nombramiento, la contundente decisión del Senado en esta ocasión le pone un cariz diferente a la situación y exhibe la fragilidad institucional que embadurna al propio tribunal. Por estas horas deslizan que respetan el momento de encrucijada para “Manuel”, como lo llaman y a quien definen como “un caballero”, pero que esperan que reflexione y decida el fin de semana. Mensajes de todo tipo Durante el viernes circularon mensajes en todas las direcciones. Desde el Gobierno sugerían que al exdecano de Derecho de la Universidad Austral no deberían importarle las opiniones ajenas y quedarse atornillado, bajo la teoría de que su nombramiento por decreto es constitucional. Previo a la decisión del Senado la posición en el círculo cercano a Milei era que, si rechazaban los pliegos, en el caso de García Mansilla de mínima debería quedarse hasta fin de noviembre, cuando termina el período legislativo, pero intentarían estirar su estadía hasta marzo de 2026. El abogado devenido juez había presentado días atrás un escrito ante Ramos Padilla donde decía que se consideraba un magistrado como cualquier otro, que goza de la garantía de inamovilidad, y por lo tanto solo podría ser removido por Congreso en un juicio político, consignó el portal del diario Página/12. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusó a Mauricio Macri por el rechazo de los pliegos en un escenario electoral (en sintonía con el peronismo y el radicalismo). “No creo que sea un fracaso para el Gobierno, en todo caso es un fracaso de las instituciones”, se descargó. La Oficina del Presidente había publicado un comunicado que decía que “repudia la decisión del Senado”, le adjudicaba motivos “políticos” y no de “idoneidad”. Los gestos de descrédito al debate parlamentario no son novedad en el repertorio de Javier Milei. El texto agregaba que la “politización de la justicia es una amenaza para la democracia”. Por la tarde se hizo pública una solicitada que, al revés, evidencia que el problema para la democracia sería que García Mansilla siga en la Corte Suprema en las condiciones actuales, y pide su “cese inmediato” con las firmas de medio centenar de profesores/as de Derecho y académicos/as de universidades de todo el país, incluidos algunos integrantes del Poder Judicial, como el juez federal Daniel Rafecas, el camarista de Casación Alejandro Slokar, el procurador fiscal ante el alto tribunal Víctor Abramovich, el fiscal Alejandro Alagia, el defensor Gabriel Ignacio Anitua, el camarista contencioso Horacio Corti, la jurista Marisa Herrera, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Laura Giosa, los constitucionalistas Roberto Gargarella, Gustavo Araballo, Andrés Gil Domínguez, Raúl Gustavo Ferreyra y Daniel Sabsay, el exfiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, las profesoras titulares Laura Clérico y Mariela Puga, entre otros y otras. En el texto difundido destaca que el rechazo a la designación de García Mansilla se produjo por dos tercios de los votos. Su continuidad, dice, es “insostenible” porque viola el artículo 99 inciso 4 que dice que el Presidente de la Nación nombra a los supremos pero que requiere el acuerdo del Senado con esa proporción de voluntades que en este caso se expresaron al revés. “Esta grave situación -advierte el documento- vulnera las garantías de los justiciables y compromete el valor de las decisiones de la Corte Suprema, afecta la confianza social en el tribunal, y su legitimidad como máximo intérprete de la Constitución. No estamos dispuestos a aceptar que la enseñanza del derecho se convierta en nuestro país en un relato de ficción. Por respeto a la Constitución Nacional y al derecho que juró respetar, el Dr. García Mansilla debe apartarse del cargo para el que finalmente no ha sido designado”, resaltó el portal del diario Página/12. Por otra parte, el Colegio Público de Abogados, que preside Ricardo Gil Lavedra, pidió que se acate la decisión del Senado ya que si se queda García Mansilla “daña el prestigio del propio tribunal y a la Justicia toda”. Los supremos en su trampa García Mansilla juró como juez nombrado por Milei por decreto, en comisión, en un acto secreto en la Corte Suprema el 27 de febrero último al mediodía. Esperaba el aviso, dice el relato instalado en tribunales, en el bar Petit Colón de la esquina de Libertad y Lavalle. La noticia llegó a algunos medios mientras el acontecimiento ocurría solo en presencia de los supremos, secretarios y del número dos del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio. El ministro Mariano Cúneo Libarona no fue invitado. El constitucionalista Gil Domínguez hizo notar después de un pedido de acceso a la información que no hubo actos administrativos básicos por parte de la Corte Suprema como pedirle que suspenda la matrícula de abogado y que presente la lista de sus clientes, para excusarse. Una de las primeras decisiones que firmó fue rechazarle la licencia como juez federal al otro nombrado con la misma metodología, Ariel Lijo, cuyo pliego tampoco tuvo aprobación del Senado. Desde su desembarco, según el sistema de consulta de sentencias de acceso público, García Mansilla firmó 214 fallos y más de 30 resoluciones administrativas. En el tribunal estiman que se vienen planteos de nulidad sobre las sentencias que suscribió. También fue recusado, no solo por Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad” -quien señaló que no puede, nombrado por Milei y en comisión, se un juez imparcial- sino, por ejemplo, por la Fundación Mujeres por Mujeres en una causa donde un grupo de ciudadanos salteños piden que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es harto conocida la posición antiaborto del juez en comisión. Al tomarle juramento en la Corte no fue tema de preocupación que García Mansilla hubiera mentido ante el Senado al decir tres veces en la audiencia pública que nunca aceptaría un nombramiento en comisión. Esto sí fue un argumento en el Senado, así como la falta de mujeres en el tribunal algo que, justamente, está planteado por la Red de Mujeres para la Justicia en una causa ante la propia Corte que no escapa al radar de los cortesanos. Más allá de los arriesgados movimientos, no se les escapan detalles: al final de la acordada sobre la licencia de Lijo los cortesanos tomaron un recaudo a futuro, ya que aclararon que no estaban emitiendo “juicio alguno sobre la validez y el alcance del decreto N° 137/2025”, el de los nombramientos de los supremos en comisión. Quien adelantó un análisis fue Ramos Padilla al dictar una medida cautelar en un amparo donde varias organizaciones piden la inconstitucionalidad de los nombramientos por decreto. Señaló que “evadir los consensos políticos” “compromete la estructura del sistema democrático y republicano, eliminando la función de control” del “Senado y poniendo en riesgo los principios de división de poderes e independencia judicial”. Si García Mansilla insiste en quedarse, la discusión de fondo escalará a la Corte. Ahora, le advierte, no puede meterse en ningún tema por tres meses bajo apercibimiento de sanciones. La Corte no debería tomarle juramento a Lijo, agrega, si renunciara. Ya fueron notificados los supremos, Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Entre el fárrago de decisiones que García Mansilla firmó en este tiempo, se tomó el trabajo de hacer votos propios. En uno criticó a la Corte de los tiempos de Néstor Kirchner al dejar sin efecto (en consonancia con el resto) un fallo que validaba la aplicación de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, en defensa de los trabajadores, que había aprobado el Congreso. El nuevo reproche para revertir la jurisprudencia era que no pasó por el Ejecutivo. También firmó el sobreseimiento del juez marplatense Pedro Hooft, implicado en la desaparición de abogados laboralistas en La Noche de las Corbatas. Y como informó el portal del diario Página/12, firmó el rechazo a avalar como travesticidio el crimen de la activista trans Diana Sacayán.
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