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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 01/04/2025 17:38
El caso Petersen plantea debates sobre soberanía, jurisdicción y principios internacionales (REUTERS/ARCHIVO) El futuro económico y político de Argentina podría depender de una decisión que no se tomará en Buenos Aires, si no en un tribunal federal en Nueva York, a miles de kilómetros del país sudamericano. En una columna publicada por el Financial Times, el ex gestor de fondos Jay Newman cuestiona duramente el curso legal seguido por el caso Petersen vs. Argentina, cuyo fallo en primera instancia impone una condena de 16.000 millones de dólares al Estado argentino. “En una vuelta irónica del destino, tres jueces estadounidenses tienen el destino de una nación en sus manos”, escribió Newman, también ex gestor sénior del fondo Elliott Management, en el Financial Times (FT). La decisión está ahora en manos de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que deberá decidir si mantiene o revoca la sentencia dictada por un tribunal inferior. El origen del litigio se remonta a la expropiación en 2012 de acciones de la petrolera YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Según el FT, la empresa, creada por ley argentina en 1922, es una corporación local que opera en territorio nacional, se rige por legislación argentina, explota recursos naturales argentinos y abastece de energía al país. En ese contexto, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió nacionalizar el control de la compañía. De acuerdo con la columna, en aquel momento Repsol, la multinacional española que era el accionista mayoritario, fue acusada de priorizar “distribuciones a los accionistas en lugar de reinvertir capital para desarrollar la producción de petróleo y gas de la recién descubierta formación de Vaca Muerta”. En respuesta, el Ejecutivo argentino invocó su potestad de “política pública” para intervenir la compañía. Newman argumenta que este tipo de actos no son inusuales y forman parte de la definición misma de soberanía. “El ejercicio del dominio eminente o la imposición de restricciones regulatorias son asuntos normales para los gobiernos. Es la definición misma de soberanía: los gobiernos hacen las reglas sobre los derechos de propiedad, la inversión y el recurso legal respecto a actos que ocurren dentro de su territorio”, explica el autor. Caso YPF: fallo millonario podría redefinir soberanía argentina (EFE/ARCHIVO) En Estados Unidos, la Quinta Enmienda establece que ninguna propiedad privada puede ser tomada para uso público sin una compensación justa. Argentina, asegura el FT, tiene una legislación similar a través de su Ley General de Expropiaciones de 1977, que establece un mecanismo exclusivo para reclamar compensaciones, y cuya Artículo 28 impide iniciar acciones legales por fuera de dicho proceso. El análisis sostiene que los accionistas de YPF tenían recursos jurídicos claros a su disposición: podían reclamar bajo el régimen de la ley argentina o activar el mecanismo de resolución de disputas del tratado bilateral de inversiones entre Argentina y España. En cambio, los demandantes en el caso Petersen —que adquirieron los derechos en el mercado secundario— eligieron presentar la causa en Nueva York. “Por sus propios motivos, los demandantes de Petersen decidieron hacer forum shopping y apostar a engañar a un juez estadounidense”, afirma Newman. El fallo condenatorio de 16.000 millones de dólares equivale a más de una cuarta parte del presupuesto de Argentina para 2024, advierte FT. Además, el país tiene reservas negativas por 6.000 millones de dólares y negocia un acuerdo de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el autor, la confirmación del fallo por parte de la Corte de Apelaciones pondría en riesgo el ambicioso programa de reformas impulsado por el presidente Javier Milei, al tiempo que sienta un precedente cuestionable sobre la jurisdicción internacional de las cortes estadounidenses. “El litigio contra gobiernos a veces implica decisiones difíciles sobre jurisdicción e inmunidad soberana. No es el caso aquí”, escribe el FT. Y añade: “Es una cosa que los tribunales de Nueva York juzguen a un soberano que acordó ser demandado en Nueva York. Pero en ausencia de un acuerdo expreso, el umbral es alto antes de que las cortes estadounidenses se presten al servicio de litigantes oportunistas”. La expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se produjo en abril de 2012, durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner Según Newman, el caso nunca debió salir de Argentina. “Los procedimientos legales debieron haber permanecido en Argentina, porque la disputa es puramente local: abarca un microcosmos de la sociedad y la política argentinas. Toca prácticamente todas las dimensiones de la vida cívica del país”, afirma el autor. En ese sentido, destaca varios puntos: Las reclamaciones derivan de los estatutos sociales de YPF y fueron iniciadas por antiguos accionistas contra otros accionistas, una figura sin precedente en el derecho argentino; Petersen , la empresa original que presentó el reclamo antes de que otros compraran sus derechos, fue fundada, dirigida y controlada por ciudadanos argentinos; La legislación nacional y los decretos del Ejecutivo autorizaron la expropiación, con fundamentos legales sobre el interés público en garantizar el abastecimiento energético. Además del debate sobre la jurisdicción, el FT señala un presunto error de cálculo en el fallo original. La jueza de primera instancia aplicó la llamada “breach-day rule”, calculando los daños en base al tipo de cambio del día en que se produjo la expropiación. Sin embargo, la ley de Nueva York exige la aplicación de la “judgment-day rule”, es decir, la conversión al valor del dólar al momento del fallo. Dado que el peso argentino se ha depreciado de forma significativa desde 2012, aplicar la regla correcta reduciría la condena de 16.000 millones a una cifra mucho menor, “más cercana a 100 millones de dólares”, estima el FT. “El cálculo correcto de los daños sería una solución sencilla, ya que la Corte de Apelaciones revisará la fórmula de novo”, escribe Newman. Esta revisión “podría evitar gran parte del sufrimiento de Argentina y preservar la frágil paz de Milei”, agrega. La resolución del litigio podría afectar los planes de reestructuración de Milei mientras negocia un acuerdo con el FMI (REUTERS/ARCHIVO) La implicación del sistema judicial de Estados Unidos en este caso no solo tendría consecuencias para Argentina. El autor advierte que está en juego la credibilidad internacional de los tribunales estadounidenses. “Numerosos y poderosos amicus curiae —entre ellos el gobierno de EE.UU., cuatro naciones extranjeras y académicos de derecho— han presentado escritos que advierten sobre el impacto de este caso”, explica el FT. Según esos alegatos, permitir que cortes estadounidenses se pronuncien sobre actos de soberanía de otros países, bajo leyes extranjeras, vulnera principios fundamentales del derecho internacional. La columna concluye con una analogía: “Imaginen el justificado vitriolo que llenaría estas páginas si los tribunales argentinos —o los de otros países— aceptaran juicios contra EEUU basados en hechos ocurridos en su propio territorio, regidos por la ley estadounidense”. Para el Financial Times, permitir que el fallo contra Argentina se mantenga, sin corregir los errores legales y sin considerar el principio de comity internacional, “solo puede terminar mal”. En juego están tanto el proyecto de reestructuración del Estado argentino como “la integridad del sistema judicial de Estados Unidos”.
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