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Parana » Ahora
Fecha: 01/04/2025 06:28
La causa judicial por abuso financiero hacia pacientes en situación de vulnerabilidad en el Hospital Colonia de Salud Mental, ubicado en Diamante, develó una situación preocupante y sistemática, según fuentes judiciales consultadas por AHORA. El caso esta en manos de la fiscal Romina Blasich quien dispuso una serie de pericias con el fin de avanzar en la Investigación Penal Preparatoria (IPP). En las últimas horas se conoció a través del boletín oficial que el Ministerio de Salud inició un sumario administrativo que investiga graves irregularidades en la gestión de los fondos pertenecientes a estas personas, quienes enfrentan dificultades de salud mental y total dependencia del sistema hospitalario. De igual modo el principal problema que tienen los acusados es la causa penal. Las autoridades del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, denunciaron ante la defensora multifueros, María Agostina Favotti, irregularidades en el manejo de dinero de usuarios. Esa denuncia fue realizada el 24 de octubre de 2024, tras una nota elevada a la Dirección desde el Sector Internados que funciona dentro del área contable del hospital. En ese informe se advirtieron irregularidades en los movimientos económicos de un usuario. La investigación señala a tres empleados del hospital: Néstor Marcelo Temporetti, Analía Azucena Arias y Marianela Colobig, como presuntos responsables de desviar dinero de cuentas bancarias de los pacientes. Según el informe, se detectaron transferencias bancarias y compras no autorizadas que evidencian un claro desfalco. Entre los hechos más graves se encuentra una transferencia realizada el 24 de enero de 2024 desde la cuenta de un paciente identificado como P.M.R. hacia una cuenta vinculada a Temporetti, además de adquisiciones por 234.841,70 pesos a través de Mercado Libre que no fueron informadas ni justificadas. El sumario también revela profundas fallas en el control administrativo del hospital. Se registraron alteraciones en planillas internas, modificaciones de saldos injustificadas y una omisión general de registros contables. La falta de auditorías efectivas ha permitido que este tipo de irregularidades ocurran sin ser detectadas oportunamente, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de supervisión en las instituciones públicas. Las autoridades sanitarias y diversos grupos de derechos humanos han expresado su indignación ante el abuso de confianza por parte de los implicados. Este caso, que afecta directamente a pacientes en extrema vulnerabilidad, ha sido catalogado como una acción “indigna y carente de ética”. En respuesta, el hospital anunció que revisará de forma integral sus procedimientos internos para garantizar la transparencia y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. La sociedad exige sanciones ejemplares para los responsables y medidas concretas que protejan los derechos de los pacientes, quienes dependen completamente de estas instituciones para su bienestar y seguridad. Este caso, además de evidenciar el desfalco, subraya la importancia de implementar sistemas sólidos de control y auditoría en los centros de salud mental.
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