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» Comercio y Justicia
Fecha: 01/04/2025 03:50
Por Alfredo Flury El nuevo corte para cobrar dentro de los 30 días posteriores al pago de los activos subirá a $1.250.000 a partir de mayo. Mientras tanto, desde abril, quienes cobren menos de $1.260.000 quedarán exentos del Aporte Solidario. Esa medida, que acordó UEPC, será independiente del sector que integren La flexibilización del denominado diferimiento previsional y del Aporte Solidario incluido en el artículo 58 de la ley 10694, que la UEPC acordó con el Ejecutivo de Córdoba en el marco de la paritaria 2025, regirá para todos los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, independientemente del sector al que pertenezcan. El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por fuentes oficiales, quienes -sin embargo- aclararon que esas mejoras no regirán desde hoy, cuando cobren sus haberes de marzo los pasivos, según el cronograma informado por la Provincia. Los cambios contemplados en el acuerdo con la UEPC, que regirán con los haberes de abril para el Aporte Solidario y desde mayo para el diferimiento, se harán extensibles a todos los pasivos aunque sólo una vez que el Gobernador Martín Llaryora firme y publique el Decreto correspondiente. Es que al tratarse del cambio de una ley, la 10694, la modificación de los montos deben ser avalados por un Decreto y no por una Resolución de la Caja. Qué cambia En el caso del diferimiento y siempre de acuerdo a lo firmado por la UEPC que será el leading case para el resto, quienes con los haberes de mayo cobren por debajo de 1.250.000 pesos, percibirán las mejoras un mes después que los activos. En tanto, los que perciban ingresos por encima de ese valor, cobrarán el aumento a los 60 días, conforme lo que dice la ley original. En rigor, el aumento del piso de corte no es sustancial. Actualmente, según el último informe de Movilidad publicado por la Caja de Jubilaciones, “en virtud de la continuidad de la crisis económica y del proceso inflacionario que experimenta el país, el Ministerio de Economía y Gestión Pública dispuso que en el mes de febrero de 2025, los jubilados y pensionados cuyo haber de enero del corriente no haya superado $1.050.000, percibirán los incrementos salariales que correspondieren a su sector en el mes siguiente al mes en que los activos cobran los aumentos salariales y, en aquellos casos en que el haber percibido haya sido mayor a ese valor, la vigencia del reajuste por movilidad será según lo previsto en la norma previsional vigente (dos meses posteriores a la vigencia del activo). Para la liquidación de febrero de 2025, el incremento en el gasto por anticipo de la movilidad asciende a $2.502 millones producto de la aplicación de índices sectoriales”, señala el informe. Por lo pronto, pese a las consultas de Comercio y Justicia, no hubo respuesta sobre el costo fiscal que implicará aplicar esa suba del piso del diferimiento, una vez que alcance a todos los sectores. En cuanto a los cambios en el artículo 58 que instrumenta el denominado Aporte Solidario para los que cobran más de dos beneficios, pasará de $1.140.000 a $1.260.000, esto ya con los haberes de abril. Esa mejora obedece a que la jubilación mínima que es la que toma como referencia el artículo 58, subirá de los 190 mil pesos actuales a 210 mil pesos. Tampoco la mejora parece sustancial pero es un paso para morigerar los efectos de ese Aporte Solidario que impacta en una quita de hasta 20% para quienes cobren doble beneficio. Tampoco se conoce, una vez que se generalice la aplicación, a cuántos pasivos beneficiará y cuál será el impacto fiscal para la Caja. Negociación Mientras tanto, los gremios estatales siguen exigiendo a Llaryora la eliminación directa del diferimiento y del Aporte Solidario. Esa medida no se va a adoptar hasta tanto el gobernador logre acordar con la gestión de Javier Milei un convenio que al menos comience a gotear de manera mensual fondos para cubrir parte del déficit de la Caja, suspendidos desde enero de 2024. Según fuentes del Ejecutivo, las negociaciones están avanzadas cuanto menos respecto de la reactivación del envío de fondos mensuales, cuyo monto por ahora es una incógnita. Según la Provincia, a la fecha los giros deberían superar los 20 mil millones de pesos. Con todo, subyace el reclamo por casi un billón de pesos por la deuda generada en lo que va del año hacia atrás. Ese pasivo está judicializado con dos demandas ante la Corte Suprema entabladas por Juan Schiaretti y luego actualizadas en dos ocasiones por Llaryora, para reclamar por los meses siguientes en lo que la Anses no envió fondo alguno. El Máximo Tribunal convocó a las partes a una audiencia de conciliación para el próximo 23 de abril. Ese frente, según una fuente del Ejecutivo, no es contradictorio con la negociación con Milei en el marco del programa de compensación de deudas y acreencias mutuas y que incluye, por cierto, el reclamo de Córdoba por la deuda con la Caja. Si se llegase a algún acuerdo, es probable que Llaryora morigere aún más el diferimiento previsional o hasta lo elimine, más aún en un año electoral.
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