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» Diariopinion
Fecha: 31/03/2025 23:08
El fenómeno, que ha generado un intenso debate sobre la transparencia en la concesión de pensiones no contributivas, tiene su epicentro en Formosa, donde, según datos periodísticos, más de 40.000 personas reciben este tipo de beneficio. Las auditorías, impulsadas a nivel nacional, han llevado a muchas personas a desistir del cobro antes de ser revisadas, lo que sugiere un posible temor a ser descubiertas en una situación irregular. "Sí, hemos recibido a muchas personas que venían a preguntar qué enfermedad tenían para poder ir a la auditoría", reveló Arias, dejando en evidencia el descontrol que pudo haber existido en la asignación de estas pensiones. Además, señaló que no es ANSES el organismo que otorga o quita estos beneficios, sino que su rol es meramente administrativo, actuando como un nexo con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Arias detalló que el procedimiento de auditoría inicia con una citación formal por carta documento. Quienes son auditados deben presentar los estudios médicos originales que entregaron en su momento, junto con una constancia de la revisión. ANSES simplemente escanea y envía la documentación a la ANDIS a través del sistema de Trámite a Distancia (TAD), sin evaluar si corresponde o no la continuidad del beneficio. Otro dato alarmante revelado por la funcionaria es que muchas de las personas que decidieron renunciar lo hicieron porque trabajan en blanco y saben que la pensión es incompatible con una relación laboral formal. "Estamos hablando de muchísimas personas, más de mil hasta el momento, y seguramente habrá más", enfatizó. Las auditorías continúan en toda la provincia, tanto en la capital como en otras localidades como Clorinda e Ingeniero Juárez. El número exacto de beneficiarios sometidos a revisión aún no ha sido revelado, pero los efectos ya se hacen notar. Mientras algunos optan por renunciar, otros intentan obtener información sobre su situación sin haber recibido la citación formal. El caso de Formosa se encuentra bajo el ojo de la tormenta a nivel nacional, generando fuertes cuestionamientos sobre el manejo de los fondos destinados a las pensiones no contributivas. El impacto de estas auditorías podría tener repercusiones profundas en la política social y en la confianza en los organismos encargados de gestionar la asistencia estatal.
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