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La Paz » Politica con vos
Fecha: 30/03/2025 14:21
La controversia se desató con la aparición de filmaciones que muestran a Kueider, cuando era Secretario de Gobierno, con altos funcionarios contando grandes sumas de dinero en su despacho de la Casa de Gobierno de Entre Rios. Ante la gravedad de los hechos, el Gobernador Frigerio ordenó una inmediata investigación administrativa para los funcionarios involucrados: Gustavo Tortul, Mariela y Daniela Teruel, Yamila Camps, Rita Machuca, Sebastián Bordagaray, entre otros. Un poco más allá fue Rossi realizando un pedido de JURY al Procurador Jorge García (con la complicidad de Julio R Signes) acusándolo de haber tenido conocimiento del hecho y no haberlo investigado. Ante la gravedad de los hechos y la repercusión de los videos, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ordenó una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias en las que se grabaron las imágenes y determinar si hubo irregularidades en el manejo de fondos públicos. El decreto 47/2025, que establece esta investigación, busca determinar las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos registrados en los videos. Esta investigación se lleva a cabo de forma independiente de las causas judiciales en curso, lo que subraya la voluntad del gobierno provincial de llegar al fondo del asunto y deslindar responsabilidades en todos los niveles. Se espera que esta investigación arroje luz sobre los protocolos de seguridad de la Casa de Gobierno, los controles internos existentes en la época de los hechos y la posible participación de otros funcionarios en las maniobras que se investigan. Según fuentes oficiales, la investigación se centra en varios funcionarios que aparecen en las filmaciones, incluyendo al contadror Gustavo Tortul, director de Administración de la Gobernación, implicado en la causa de la Cumbre del Mercosur; Rita Machuca, colaboradora de Kueider desde sus epocas como concejal de Concordia, estaba al frente de la Coordinación de Gestión Administrativa de la Secretaría General de la Gobernación; Sebastián Bordagaray, especialista en informática, había trabajado en la Municipalidad de Concordia durante la gestión Bordet, en 2018 es nombrado Director de la Imprente Oficial; Mariela Teruel, secretaria de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Cultura y Comunicación; Yamila Camps, Trabajadora Social, secretaria privada de Kueider. Se busca determinar el origen y destino del dinero, así como el contexto en el que se produjo el conteo de los fondos. Las autoridades han señalado que se analizarán exhaustivamente los registros de ingresos y egresos de la Casa de Gobierno, así como los testimonios de los involucrados y de otros funcionarios que puedan tener información relevante para el caso. En cumplimiento al decreto del Gobernador, se prestará especial atención a la identificación de los circuitos internos de manejo de fondos, incluyendo los procedimientos de autorización de pagos, la documentación respaldatoria de las transacciones y los mecanismos de control y auditoría existentes en ese momento. Además, se verificará el cumplimiento de los protocolos establecidos para garantizar la transparencia y la legalidad de las operaciones financieras, y se evaluará la eficacia de dichos protocolos para prevenir y detectar posibles irregularidades. La investigación también examinará si existieron alertas o denuncias previas sobre el manejo de fondos que no fueron debidamente atendidas, y si hubo alguna modificación irregular en los procedimientos o controles internos durante el período en que se produjeron los hechos Por su parte, el intendente de Santa Elena y ex vicegobernador de Entre Ríos, Domingo Daniel Rossi, ha presentado una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia contra el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García, acusándolo de encubrimiento agravado y mal desempeño funcional. La denuncia se centra en la actuación del Procurador en una causa que involucra hechos de presunta corrupción al más alto nivel del gobierno provincial, específicamente relacionados con el exsenador Edgardo Kueider. Rossi argumenta que García, al archivar la causa original, obstaculizó el curso de la justicia y protegió a los implicados, traicionando así su deber de velar por la legalidad y el interés público. La denuncia de Rossi contra el Procurador General García se basa en la acusación de que este archivó una causa que involucraba los hechos que ahora están saliendo a la luz. Rossi sostiene que García incurrió en encubrimiento agravado y mal desempeño funcional al no haber investigado adecuadamente las denuncias iniciales sobre presuntas irregularidades. El denunciante alega que García desestimó pruebas relevantes y testimonios claves, lo que impidió que se llegara a la verdad de los hechos y se sancionara a los responsables. En la denuncia de Rossi, se solicita que se requiera al Procurador General la constancia del expediente archivado en el Ministerio Público Fiscal y que se oficie a la República del Paraguay para recabar el testimonio por videoconferencia del ex senador Kueider. La polémica erupcionó tras la aparición de videos que muestran a Kueider contando grandes sumas de dinero en la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Estos videos, correspondientes a los años 2018 y 2019, han generado una ola de indignación y profundas sospechas sobre el manejo de fondos públicos durante la gestión anterior. La difusión de estas imágenes ha provocado un fuerte repudio social y ha puesto en el centro del debate la transparencia de la administración pública y la integridad de sus funcionarios. En los videos, se puede ver a Kueider interactuando con varias personas mientras cuenta el dinero, lo que ha alimentado las especulaciones sobre posibles maniobras ilícitas, como el pago de sobornos, desvío de fondos o financiamiento irregular de campañas políticas. La naturaleza explícita de las imágenes, donde se observa el conteo de fajos de billetes en un ámbito oficial, ha generado una sensación de impunidad y descaro que ha exacerbado el descontento ciudadano. El caso Kueider estalló cuando el exsenador fue detenido en Paraguay en diciembre de 2023. Kueider intentaba ingresar al país con una importante suma de dinero en efectivo (más de 200,000 dólares y 600,000 pesos argentinos) sin declarar. Este hecho, de por sí irregular, levantó sospechas sobre el origen y destino de los fondos. Las autoridades paraguayas, actuando en el marco de las leyes de control de divisas y prevención del lavado de dinero, confiscaron el dinero y la camioneta en la que se trasladaba. Además, se abrió una investigación por presunto lavado de dinero, relacionada con la compra de departamentos al contado por parte de su secretaria. Este entramado de operaciones financieras ha llevado a los investigadores a profundizar en las conexiones de Kueider y a rastrear el flujo de dinero para determinar si se trata de un asunto de corrupción de mayor envergadura. Este caso tiene importantes implicaciones políticas y judiciales en Entre Ríos. Por un lado, la investigación en Paraguay y las revelaciones de los videos podrían llevar a nuevas acusaciones y procesamientos contra Kueider y otros funcionarios que pudieran estar implicados. La justicia paraguaya está colaborando con las autoridades argentinas para intercambiar información y coordinar acciones que permitan desmantelar la red de corrupción que se sospecha que operaba en torno al exsenador. Por otro lado, la denuncia contra el Procurador General plantea serias dudas sobre la integridad de la justicia provincial y su capacidad para investigar y sancionar la corrupción, incluso cuando involucra a altos funcionarios del Estado. El caso Kueider destapa una cloaca de corrupción sistémica en Entre Ríos. Las filmaciones, que muestran el manejo descarado de dinero en efectivo en la Casa de Gobierno, no solo evidencian la impunidad con la que se movía el poder, sino también la posible existencia de una red de complicidades que abarca a funcionarios de alto rango. Frigerio apunta con las investigaciones sumarias contra funcionarios, pero la denuncia de Rossi yendo un poco más allá va directa contra el Procurador General Jorge García y al Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, por ser el encubridor de muchos hechos sospechados como turbios durante la gestión de Kueider como Secretario de Gobierno, ya que estando en conocimiento de lo que sucedía, no hizo nada al respecto, solo silencio, por lo que además, dejándolos como COMPLICES de Kueider. (David Ricardo)
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