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Chajari » Chajari al dia
Fecha: 29/03/2025 01:03
El caso comenzó a tomar forma tras varias denuncias de ciudadanos que señalaron irregularidades en el cobro de trámites. Según el sumario iniciado por la Dirección General del Registro del Estado Civil, la denunciante señaló que en febrero de 2024 al intentar realizar un trámite para obtener un nuevo DNI, se le solicitó un pago en efectivo por un monto de 6.000 pesos sin recibir ningún tipo de comprobante por los pagos efectuados. La denuncia indicaba que el empleado que la atendió, Maximiliano Lagos, no formaba parte del personal autorizado para trabajar en la oficina, según lo publicado por el sitio APFDigital. La investigación fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.063. Fallos en los procedimientos administrativos Poco después surgieron otras denuncias: En marzo de 2024 fue informada erróneamente por Insaurralde de que debía realizar un trámite de rectificación de partida en Paraná, cuando dicho trámite se puede efectuar en la misma oficina de Federal. Inspecciones y nuevas irregularidades A raíz de estas acusaciones, la Dirección General del Registro realizó una serie de inspecciones en la oficina de Federal durante los meses de octubre y noviembre de 2024. Las inspecciones confirmaron nuevas irregularidades, incluyendo cobros indebidos y fallas en la administración de los trámites. Ante estos hallazgos, el 14 de octubre de 2024, se sancionó a Insaurralde con una suspensión de 10 días sin goce de haberes. Sin embargo, las irregularidades no cesaron. En noviembre de 2024, se descubrió que Lagos, el empleado involucrado en los cobros indebidos, no formaba parte del personal oficial y que no tenía autorización para realizar trámites en la oficina. Nuevas investigaciones y posibles sanciones El impacto de estas irregularidades llevó a que la Dirección General de Asuntos Jurídicos recomendara el inicio de un nuevo “Procedimiento Sumario” contra Insaurralde, quien podría enfrentar sanciones más graves si se confirma que su conducta violó las normas del empleo público. Este nuevo proceso administrativo busca determinar si las acciones de Insaurralde constituyen una infracción a las normas vigentes y, en caso afirmativo, establecer la sanción correspondiente.
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