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» La Capital
Fecha: 27/03/2025 11:14
La diputada provincial y candidata a convencional constituyente impulsa que el acceso a este derecho se incorpore en la nueva Constitución. “La nueva Constitución debe garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental para todos los santafesinos y asegurar que su provisión sea un servicio público a cargo de una empresa estatal”, explicó Lucila De Ponti , legisladora y candidata a convencional por la lista Más para Santa Fe, quien calificó como “inaceptable” que en grandes regiones de la provincia –incluyendo la periferia de grandes ciudades- no se cuente con un derecho tan básico y elemental en pleno Siglo XXI. La diputada provincial, quien integra la lista encabezada por Juan Monteverde, consideró fundamental la incorporación del derecho del acceso al agua potable y saneamiento en la nueva Constitución de la provincia, por tratarse de una cuestión “estratégica y de salud pública que no puede quedar sujeta a intereses de mercado”. En la provincia de Santa Fe hay aproximadamente 92.776 familias que viven en barrios populares de las cuales un 56,7% no está conectada a la red de agua potable. En la ciudad de Rosario son 39.415 familias las que habitan en barrios populares. Sobre este número hay un 84,87% que no acceden al agua segura y un 69,75% al desagüe cloacal. “Aguas Santafesinas está desarrollando un importante plan de recambio de cañerías en áreas servidas, pero es mucho menor la inversión para llevar agua potable donde todavía no llega . Hay que equilibrar las prioridades”, dijo De Ponti. El agua como derecho básico “Se trata de una cuestión de salud pública que promueve el bienestar, previene enfermedades y protege a las comunidades. Pero a pesar de ser aceptado como un derecho básico y universal, nuestra Constitución aún no cuenta con una norma específica que lo garantice”, aseguró la candidata a convencional constituyente por la lista Más Para Santa Fe. “Las experiencias de privatización han sido perjudiciales para nuestra provincia: agua y saneamiento son un bien común de importancia estratégica que no puede quedar en manos privadas ni estar sujeto a intereses de mercado. Por eso el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar este derecho y su reconocimiento en la Constitución es un paso imprescindible para eso”, consideró. En ese sentido, la legisladora destacó que la nueva Constitución influye también en cosas cercanas y cotidianas como poder acceder a los servicios fundamentales, por lo que rechazó que su debate se haga como un “trámite político exprés y a escondidas”, ya que debe ser una reforma “hecha por y para la gente”. “Santa Fe necesita una Constitución que proteja este derecho esencial para quienes más lo necesitan y que asegure un futuro más justo y equitativo para todos”, finalizó.
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