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Parana » Pagina Politica
Fecha: 27/03/2025 01:36
Por: Redacción de Página Política Con un análisis crítico, un reconocimiento de la crisis de legitimidad que atraviesa el Poder Judicial y reclamos varios, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, inauguró el año judicial. “El Poder Judicial enfrenta hoy el desafío de asumir responsabilidades que exceden su función, en gran medida porque se desconoce su verdadero rol dentro del sistema de gobierno. Esta confusión genera una tendencia a judicializar problemas que deberían solucionarse en otros ámbitos institucionales”, afirmó Portela. El discurso planteó un diagnóstico más crítico que en años anteriores, con planteos hacia el Poder Ejecutivo, en presencia del gobernador Rogelio Frigerio; y reclamos a la Legislatura por la demora en el tratamiento de proyectos que hacen al funcionamiento del Poder Judicial. En ese marco, Portela hizo referencia a la brecha “entre las expectativas depositadas en el Poder Judicial y la posibilidad cierta de que pueda solucionar todos los problemas que se le plantean” y resaltó que “esas expectativas incumplidas son el origen de la mala imagen” ante la sociedad. Pero fue más allá y dijo que “es imposible que el Poder Judicial solucione todos los problemas que atraviesan a la sociedad”. “Tradicionalmente, los jueces y juezas tomaban decisiones retrospectivas, es decir, analizando situaciones pasadas. Sin embargo, la técnica legislativa actual les exige una mirada prospectiva, que implica elegir entre numerosas alternativas considerando los efectos futuros de sus decisiones, ya sea en aspectos económicos, ambientales, sociales o con factores complejos. Esto ha convertido a la magistratura en un actor cuasi legislativo, algo que corresponde a otro poder del Estado”, dijo Portela. “Esta delegación de poder genera expectativas desmedidas e incluso reproches al Poder Judicial ante problemas estructurales, como por ejemplo la inseguridad, que no puede resolverse sin la ejecución de políticas públicas integrales y decisiones políticas coordinadas desde todos los sectores del gobierno”, agregó. “A diferencia de los otros poderes, no tenemos facultades para tomar decisiones de carácter preventivo. Nuestra labor es intervenir luego de que surgen los conflictos, cuando se requiere que un juez o una jueza determine a quién le asiste la razón. Nuestra función desde el origen ha sido evitar la violencia como modo de resolver conflictos. Con el tiempo, esta tarea se ha refinado y ya no se refiere solamente a la violencia”, advirtió. “En el Poder Judicial no deberíamos legislar ni ejecutar leyes; nuestra función es la de adjudicar razones en pleitos, actuando con seriedad institucional para contribuir a la plenitud del sistema democrático y a la paz social”, agregó. “Es evidente que la crisis económica impactó e impacta en la gente, genera un clima de malestar generalizado y termina convirtiéndose en crisis social. Y si bien la solución es ajena al Poder Judicial, asumimos la porción de responsabilidad que nos cabe de aportar tranquilidad a la comunidad en tiempos turbulentos”, señaló Portela. Portela también reclamó recursos para avanzar en obras de infraestructura, mantenimiento de edificios, cargos judiciales y nuevas estructuras, con la salvedad de que “el Gobierno nacional restringió de manera significativa las transferencias a las provincias”. No obstante, insistió en que la provincia está “muy por detrás en materia de infraestructura judicial” respecto de otras jurisdicciones y advirtió que “una justicia deteriorada no genera respeto en la ciudadanía ni motiva a los empleados, que ya de por sí cumplen una función desgastante”. En ese marco, extendió los reclamos a la Legislatura. Pidió celeridad en el tratamiento de algunos proyectos, como aquellos que permite trasladar fondos no ejecutados de un ejercicio presupuestario al siguiente; que se le permita al Poder Judicial para crear un fondo anticíclico; y una propuesta para implementar un canon al agente financiero por el empleo que hace de modo gratuito del dinero depositado en las cuentas judiciales, estimado en unos 32 mil millones de pesos en febrero pasado. También se refirió a una reforma propuesta respecto del sistema de juicio por jurado. Dijo que en 2024 se realizaron 34 juicios con jurados populares, “una cifra significativamente superior a la proyectada originalmente en la Legislatura al momento de sancionarse la ley, que era de 14 juicios anuales”, con un costo promedio de 5,8 millones de pesos por juicio, que para este año se elevó a 9,4 millones de pesos. “El sistema, tal como está planteado, es insostenible a largo plazo, dijo, y reclamó por el tratamiento de “un mecanismo de recupero de su costo”. Por otra parte, Portela cuestionó la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, habiéndose eludido “injustificadamente el procedimiento previsto en la Constitución” y sin contemplar la paridad de género: “Nos alarma la vulneración de los derechos de las mujeres desde los niveles más altos de la dirigencia política. Lamentamos que desde la Presidencia de la Nación se haya decidido designar a hombres para cubrir vacantes en la Corte Suprema, cuando quienes conformaban el tribunal en ese momento eran en su totalidad varones. En pleno siglo XXI, es inadmisible que la equidad de género en los órganos de mayor jerarquía del país siga siendo una asignatura pendiente. No hay más excusas para evadir este tema”. Fuente: Página Política
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