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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 22/03/2025 04:54
Registro nacional de las personas A medida que el mundo avanza hacia una era impulsada por la inteligencia artificial (IA), Argentina enfrenta un dilema que se repite en otros países del mundo y se siente cada vez más urgente: la necesidad de innovar y mejorar la gestión gubernamental frente a sistemas burocráticos que detienen el crecimiento. Basta de fotocopias El mundo habla sobre Inteligencia Artificial y Argentina también. Nos cansamos de escuchar hablar de “ciudades inteligentes y digitales”, pero en la práctica los gobiernos siguen pidiendo “la fotocopia del papelito”. El alto costo operativo de la burocracia se convirtió en un obstáculo significativo para el crecimiento de las ciudades y de las empresas, pero también en un obstáculo para mejorar la calidad de vida de las personas. Algunos gobiernos alegan que esto está vinculado a normativas vigentes que impiden la innovación, pero esto no es así y este tipo de respuesta únicamente responde a la falta de conocimiento en la jurisprudencia que rige los procedimientos administrativos. De la burocracia a la inflación No es ninguna novedad -aunque un economista lo sabrá mejor que yo- que el exceso de burocracia tiene un costo que terminamos pagando todos los ciudadanos cuando consumimos un producto o un servicio. Si la burocracia se incrementa, los precios se incrementan, y el exceso de burocracia se incrementa día a día; todos los meses aparecen trámites y creativas tasas que terminan perjudicando, a veces de forma indirecta, a los ciudadanos. Ni siquiera voy al terreno impositivo, porque en Argentina tenés que pagar impuestos hasta para pedir un préstamo (no es broma) y eso, claro está, también se traslada. Pero podríamos estar horas hablando de lo impositivo y no es el punto de este análisis. Los ciudadanos, empleados no remunerados del Estado Cuando vas a la oficina de Licencias de Conducir a renovar tu licencia y te piden que lleves el “Certificado de Libre Deuda de Tasas Municipales” te están pidiendo que trabajes para ellos de forma no remunerada. Esto es así por varios motivos: La información sobre si un ciudadano posee deudas o la gestiona la misma organización; ese municipio debería resolver cómo acceder a los datos. El trámite del “Certificado de Libre Deuda” únicamente debería ser útil para presentar ante entidades externas: otras jurisdicciones, presentación en una causa judicial, etc. Nunca para la misma organización. Usualmente este certificado se obtiene en otra dependencia y te exigen que te movilices físicamente para ir a obtenerlo, cuando el interesado en obtenerlo -en este ejemplo el municipio- es el mismo que lo genera -el municipio-. El ejemplo se repite: Cuando un Registro Provincial de las Personas te pide una partida de nacimiento de la misma jurisdicción Cuando un organismo gubernamental te “legaliza” un trámite que generó otro organismo Cuando te piden que renueves un certificado de discapacidad con una enfermedad crónica o neurodegenerativa solo para cumplir con un procedimiento. Cuando para pagar un tributo o tasa municipal primero tenés que ir a otra oficina a que te impriman la boleta en papel. Cuando querés hacer un cambio en el Registro Automotor y te piden un informe de dominio que expide el mismo Registro. Cuando para acceder a un beneficio social o subsidio tenés que presentar documentación que ya tiene el Estado en otras bases de datos, como el certificado de nacimiento de tus hijos o tu declaración jurada de ingresos. Cuando te piden que presentes un documento generado digitalmente de forma impresa (que dicho sea de paso pierde legalmente su validez), por ejemplo una constancia de CUIT. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay miles más. ¿Cómo lo cambiamos? Nuestro país necesita fomentar una mentalidad más “hacker” en el Estado, promoviendo enfoques creativos e innovadores para desmantelar y reformar procedimientos obsoletos que obstaculizan el progreso. Esto implicaría una modernización de los procesos de gobernanza, lo que podría resultar en una reducción de cargas sobre bienes esenciales, beneficiando así a toda la población. En el 90% de los casos no se necesita modificar regulaciones e incluso permite un alto ahorro de recursos económicos. Según un informe elaborado por Wai en 2024, un municipio gasta $80.000.000 anuales cada 40.000 habitantes solamente en papel, tinta y combustible: el informe no contempla la cantidad de horas y otros recursos que se pierden en ese trajín. Basándonos en esos datos, un distrito de 400.000 habitantes podría ahorrar $800.000.000 (ochocientos millones de pesos) anuales solamente digitalizando. Así que cuando un Municipio te diga que no hay recursos, ¡preguntá cuánto gastan en fotocopias! Más posibilidades, no menos La idea no es limitar posibilidades sino ampliarlas: que si tenés ganas de ir a realizar un trámite de manera presencial puedas hacerlo. Pero que no te obliguen a hacerlo en un país donde tenemos Ley de Firma Digital hace más de 20 años. Ni hablar de los emprendedores y las startups del sector tecnológico: las cargas burocráticas desaniman la creación de empresas y limitan la capacidad de innovar en el sector, logrando que muchas veces se elija crear una empresa en otro país antes que en Argentina. Argentina es un país que lidera en muchos terrenos e industrias, es hora de que el Estado acompañe eliminando el exceso de burocracia y optimizando los presupuestos públicos, que al fin y al cabo salen del bolsillo de todos los ciudadanos.
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