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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 22/03/2025 04:52
Incidentes en la movilización al Congreso en reclamos por las jubilaciones La jueza Karina Andrada, quien tomó intervención en los procesos formulados contra los detenidos en el marco de la manifestación “de los jubilados”, tomó la determinación de liberar a casi la totalidad de los imputados por una supuesta afectación a derechos y garantías constitucionales por parte del personal policial interviniente. Está claro que no es posible detener a alguien sin que consten los motivos que fomentaron tal decisión. Validar ese tipo de actuaciones, a mi entender, es por demás inconstitucional e indudablemente implica clavarle un puñal al Estado de derecho. Es inaceptable desde toda perspectiva jurídica liberal permitirle al poder punitivo estatal actuar sin ningún tipo de limitación para detener individuos. El personal policial siempre y bajo cualquier circunstancia debe explicar debidamente las razones por las cuales se tomó tal o cual determinación respecto a la libertad ambulatoria de cualquier individuo sin distinción. Los manifestantes quemaron contenedores de basura y autos (Jaime Olivos) Dicho esto, es por demás evidente que el otro argumento de la Sra Jueza para liberar a las 110 personas involucradas en los incidentes es absolutamente vergonzoso. Argumentar que en la persecución penal de los hechos delictivos acontecidos durante la marcha al Congreso se ponen en juego derechos fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse y a la libertad de expresión, no es ni más ni menos que garantizar la impunidad de delincuentes solo por el contexto en que ejecutaron su accionar. Hay que diferenciar la conducta generalizada de las personas que se reúnen con fin de manifestar su descontento o expresarse contra el gobierno, de los hechos individuales que se producen dentro de las marchas que nada tienen que ver con manifestarse libremente. Son conductas delictivas graves que atentan indudablemente contra el Estado de derecho, la democracia y el orden institucional; fomentadas para peor por organizaciones indudablemente ilícitas. No podemos permitirnos como sociedad ser rehenes de un grupo autoritario y golpista, que busca atentar directamente contra un gobierno elegido en democracia. La persecución de delitos cometidos en el marco de una protesta nada tiene que ver con impedir la protesta en sí o la libertad de expresión. Estos hechos delictivos son independientes al derecho a manifestarse y en consecuencia deben ser sancionados; me resulta tan obvio que no entiendo como puede cuestionarse. ¿Que tiene que ver la protesta con los hechos ilícitos realizados mientras ésta transcurre? Parece que el contexto de una manifestación habilita una especie de vale todo donde cualquier atrocidad por más grave que sea no es punible. Es como “El día de expiación” donde los crímenes no tienen consecuencias. Otro punto interesante de estas manifestaciones de larga data en Argentina -que han incluso derrocado gobiernos- es lo naturalizado que está en la sociedad todo comportamiento destinado a afectar la integridad física de las autoridades por quienes concurren a estas marchas. A nadie parece sorprenderle. Realmente, debemos tener valores deplorables y desprestigiados para asumir estos atentados como normales. Las fuerzas policiales como toda figura de autoridad deben ser respetadas, si no su accionar se torna esteril y ineficaz. Si queremos que nos brinden protección, es indispensable que estas recuperen el rango que socialmente deben detentar. No es complejo de resolver, es solo una mera decisión política. Deben estar habilitados a reaccionar en su defensa con la mayor contundencia que sea posible, por algo portan armas de fuego. Ejercer violencia contra un integrante de la fuerza policial en sus funciones, tiene que ser una causal más que suficiente para habilitar que este responda con la mayor fuerza y contundencia que le sea posible, incluso utilizando su arma de fuego. El artículo 34 inciso 4 del Código Penal establece que no son punibles los actos de quien obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Es decir que el accionar policial propuesto puede ser de aplicación inmediata sin necesidad de efectuar reforma alguna, como dije, es simplemente una decisión política.
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