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Fecha: 12/03/2025 06:05
Se deberá presentar informes detallados sobre el avance de los trabajos, documentación técnica de las reparaciones y controles realizados por el ingeniero jefe de la obra. “El seguimiento judicial es clave para evitar que esto se convierta en otra promesa incumplida. Los productores y los vecinos necesitamos rutas seguras y no podemos esperar más”, enfatizó Scarpin. Además, la sentencia ratifica que la responsabilidad del mantenimiento y la seguridad vial de la Ruta 11 recae exclusivamente en el Estado Nacional, independientemente del contrato vigente con la empresa Coingsa S.A. Esto desestima el argumento de la DNV de que la obligación recaía en la firma contratista. Si bien la Justicia rechazó el pedido de reconstrucción total de la ruta, reconoció que las obras en marcha son urgentes e impostergables. Se basó en la documentación presentada por la propia Vialidad Nacional, que desde 2022 admite el avanzado deterioro de la calzada y la necesidad de una intervención inmediata. «No vamos a aceptar excusas ni demoras» “Este fallo es una victoria para todos los que transitamos la Ruta 11 y sufrimos su deterioro. Los trabajos deben realizarse dentro de los plazos fijados y bajo supervisión judicial. No vamos a aceptar más excusas ni demoras”, expresó Scarpin. “El Estado no puede lavarse las manos ni culpar a terceros. Más allá del contrato con una empresa, sigue siendo el único responsable de garantizar la seguridad de quienes transitamos esta ruta. Vamos a seguir de cerca cada paso para que esta obra se haga en tiempo y forma”, advirtió el legislador.
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