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Parana » Pagina Politica
Fecha: 26/02/2025 15:24
No se conoce una hoja de ruta del Gobierno sobre las reformas en el Poder Judicial. Ante la Asamblea Legislativa, Rogelio Frigerio no hizo mención ninguna sobre ese poder del Estado ni a iniciativas al respecto, lo que no significa que no las haya. En rigor hay proyectos de ley que comenzaron a abordarse en la Legislatura pero poco se ha avanzado. El Gobernador tuvo un inicio con tropiezos en la comunidad judicial. La primera designación de magistrados generó polémica. El Colegio de la Abogacía Seccional Colón envió una nota a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado solicitando que se revea la designación de Jesús David Penayo Amaya, fiscal de Concordia, que había quedado en segundo lugar en la terna para el Juzgado de Garantías, y que sea designada Natalia Céspedes, que había ocupado el primer lugar y se desempeñaba en ese cargo desde hace un tiempo. En esa misma designación debió retirar también el pliego de Fernando Martínez, que había quedado tercero para el Juzgado de Garantías y Transición de Nogoyá. Luego vino el proyecto para reformar el Juicio por Jurados, que implica sacar de la órbita de ese instituto delitos de género y los que estuviesen en grado de tentativa. Hubo expresiones críticas, incluso de otros lugares como de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados; la Asociación Pensamiento Penal; y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Se supo que la iniciativa tenía sus autores en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El proyecto quedó en stand by en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo bajó la orden de desempolvar una reforma al Código Procesal Penal que refiere los artículos 212 y 223, lo que se conoce como plazos razonables, que fija tiempos en las investigaciones. Sería reglamentar lo que se ha aplicado en algunos casos. La Comisión de Legislación General del Senado hizo una rueda de consultas por las que pasaron jueces, vocales, defensores y el procurador general de la provincia. Jorge Amilcar Luciano García fue el único que expresó su negativa. Fue suficiente para congelar, por lo menos, el tratamiento. Se estima que no avanzará. La opinión de García es la opinión de la única persona en Entre Ríos capaz de garantizar o arruinar la vida de un funcionario o ex funcionario. El procurador, a instancias de Sergio Urribarri cuando era gobernador, se hizo de un poder unipersonal al frente de un organismo cuya principal característica de funcionamiento es la verticalidad. Por estos días quedó en el centro de la escena el Consejo de la Magistratura. El organismo que evalúa a quienes pretenden ingresar al Poder Judicial y eleva una terna al Ejecutivo tuvo un año muy malo. No convocó a un solo concurso durante 2024. El tratamiento en Diputados generó tensiones. La Asociación de Magistrados y la Función Judicial de Entre Ríos cuestionó la iniciativa del Gobierno en la Comisión de Asuntos Constitucionales e incluso difundió un documento en el que marca los puntos en desacuerdo. Uno de los cambios más desopilantes es la idea de convocar a concursos sin esperar a que se produzca una vacante y generar una especie de banco de suplentes de jueces, fiscales y defensores. ¿Para qué hacer tantos concursos? Se hace uno e irrepetible, y después a medida que se vayan generando las vacantes se busca un reemplazante en esa inmensa góndola de nombres. Probablemente se estén violando principios constitucionales, pero además se sospecha de pretender nutrir un Poder Judicial a medida. ¿Pero a medida de quién? Con el proyecto García tiene el mismo entusiasmo que cuando le proponía reformas al Código Procesal Penal a Urribarri. Las políticas sobre el Poder Judicial están a cargo del secretario de Justicia, Martin Acevedo Miño. El funcionario fue abogado en el Jurado de Enjuiciamiento de Josefina Etienot, la ex viceintendenta del PRO y amiga de la vida de Cecilia Goyeneche. En la Secretaría de Justicia tiene como asesora a María Eloísa Quintero, una abogada de Paraná, consultora internacional en Derecho Penal, corrupción, empresa y macrocriminalidad. El currículum es digno de mostrar para cualquier gestión. (Verlo aquí) Defensora de Goyeneche cuando fue sometida al jury, Quintero se convirtió en una de las disertantes estrella el año pasado en el Tercer Encuentro Provincial del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, que tuvo como presentador a García. Con solo googlear el nombre de Quintero, se advierte cuáles los lugares en los que se siente cómoda. Si las coincidencias no existen en la administración del Estado, la trama tiene otro capítulo. A poco de la llegada de Frigerio, la abogada Verónica Mulone fue designada en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad, es decir, también, bajo la órbita de Acevedo Miño. Dicen que dejó el cargo hace algunas semanas. Lo cierto es que la letrada oriunda de Victoria desempeñó un rol importante como presidenta del jury en el proceso que terminó con la destitución de Goyeneche. Fue quien más abiertamente se mostró a favor de los planteos efectuados por la juzgada, pronto a reincorporarse, como reveló este medio. El procurador –como adelantó Página Política – viene de alzarse con un triunfo luego de apalabrar a integrantes del jury para que dictaminen que es el juicio político y no ellos quienes deben tramitar cualquier denuncia en su contra. García prefiere someterse a toda la política que a un cuerpo colegiado que es más reducido en el número de integrantes y una mayoría que responde a la comunidad judicial. Conmigo no se van a meter, pensará. La casta tiene miedo. En el último tiempo se acumularon algunas denuncias que fueron desestimadas, pero esa desestimación es latente. Tan latente que un ex fiscal archivó la causa de Goyeneche contra vocales del STJ y ahora se desarchivará. Las reformas y estructuras judiciales suelen subsistir más que lo que puede prolongar un gobierno. No se trata tanto de pensar en una política de Estado como en la seguridad del gobernante. (*) Publicada la nota, originariamente en Página Judicial, la doctora Quintero se comunicó con este medio para aclarar que “no es asesora de Miño, ni de otra persona del Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo de Entre Ríos”. No obstante, dos fuentes directas consultadas para el informe aseguran haberse relacionado con la abogada en la Secretaría de Justicia. Fuente: Página Política
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