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Parana » 2 Florines
Fecha: 25/02/2025 02:11
A poco más de dos meses y medio de la intervención en el Iosper por detectar irregularidades en la obra social. El Gobierno ya designó reemplazante. Dos Florines El médico odontólogo Ricardo García ha sido designado como nuevo subinterventor del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). De esa manera reemplazará a Marina Alegre, quien presentó su renuncia a dos meses y medio de haber iniciado la intervención por las irregularidades detectadas. El gobernador Rogelio Frigerio fue quien designó a García como subinterventor de Iosper. El flamante funcionario viene de ser director general de Hospitales del Ministerio de Salud. Oficialmente indicaron que la doctora Alegre decidió, “por motivos personales y de común acuerdo, no continuar vinculada a la intervención de la obra social”. “Desde el gobierno provincial se agradece su compromiso y el trabajo desempeñado durante su gestión y su dedicación en favor de los afiliados”, expresaron. Intervención en el Iosper El Gobierno de Frigerio dispuso a fines del año intervenir el Iosper, la obra social más importante de la provincia. El 19 de diciembre, Alegre junto a Mariano Gallegos advirtieron que se detectó una deuda acumulada que duplicaba lo que había declarado el ex presidente Fernando Cañete. El total ascendía a 42.871.884.708 pesos, de la cual el 56 por ciento corresponde a medicamentos, por lo que resaltaron la mala gestión financiera. En ese momento, también apuntaron que “tiene un déficit operativo de 3.000 millones de pesos por mes”, y resaltaron que “el Iosper compra, y contrata, mal y caro“. Por otra parte, subrayaron las maniobras con las que ex miembros del Directorio intentaron ocultar el monto de sus propios sueldos que alcanzaban, en el caso del presidente, los 16 millones de pesos. La metodología utilizada consistía en desdoblar el pago del salario e informar públicamente solo uno de los montos. Asimismo, se detectó el incremento de aranceles sin justificación, y brindaron como ejemplo el aumento del 15 por ciento en los aranceles prestacionales que intentó instrumentar Cañete antes de salir del cargo. Ese aumento hubiera producido un déficit adicional de 1.000 millones mensuales, que finalmente logró impedir la intervención. En ese sentido, también resaltaron la existencia de actas de ajuste de aranceles que carecían de firmas y fechas, lo que pone en duda su validez. Los interventores resaltaron que las droguerías habían otorgado un aumento del descuento en la compra de medicamentos del 15 por ciento a partir de los primeros días de diciembre y que, si ese mayor descuento se hubiese aplicado desde el 1 de enero de 2024, la obra social hubiese ahorrado 1.700 millones de pesos. Otro de los datos alarmantes que detectó la intervención en esta primera etapa fue el uso indebido de vehículos de la obra social para beneficio personal de los funcionarios, entre otras irregularidades. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas emitió un informe sobre el estado de situación del organismo, en el que detectó numerosas irregularidades en las gestiones anteriores. En primer lugar, el informe destaca que hace aproximadamente cuatro años que el Iosper no colabora con los requerimientos del Tribunal de Cuentas, lo que obstaculizó el control de la obra social, al punto que el organismo la intimó con apercibimientos de multas, muchas de ellas aún en trámite para ejecución, cuestión que le corresponde a la Fiscalía de Estado de la provincia. El informe destaca hechos ocurridos durante la gestión anterior a la intervención, como la cantidad exorbitante de expedientes en los que se investigan y reclaman sumas de fondos públicos sin la debida rendición, como por ejemplo, la compra de 23.400 bolsones de pañales por la suma de 5.624.848 pesos (valor histórico) sin constancias que acrediten la recepción de los bienes adquiridos y la efectiva distribución en las agencias del Iosper. En otro caso, el Tribunal de Cuentas cuestiona a las autoridades de la obra social por haber autorizado y librado pagos a favor de dos empresas intermediarias, rendidos a través de facturas por servicios de terceros, cuando no existía un contrato administrativo, además de tener un presunto sobreprecio del 55 por ciento, estimándose el presunto perjuicio fiscal en la suma de 31.128.776,72 pesos (valor histórico). También el órgano de control resaltó en el informe que existen convenios de reciprocidad con otras obras sociales fuera de la provincia con saldos pendientes de cobro, lo que constituiría un presunto perjuicio fiscal. Igualmente, el Tribunal de Cuentas investiga la pérdida de dinero a causa de la falta del cobro de las deudas de los afiliados en concepto de coseguros y/o créditos asistenciales. A su vez, el organismo informa que no pudo acceder a un detalle completo de la nómina de agentes que trabajan en la obra social bajo las diferentes modalidades de contratación y los salarios que perciben, adicionales y planilla de asistencia, por lo que no le fue posible realizar un control completo a pesar de haber encontrado irregularidades en el pago de adicionales e incompatibilidades de personal contratado con cargos políticos en otra jurisdicción. El informe expresa que no existe el detalle de la deuda mantenida por cada municipio y cajas de jubilaciones municipales, que realizaron pagos con presuntos sobreprecios de insumos médicos, así como el pago de viáticos sin la debida rendición; detalla procedimientos con graves irregularidades en contrataciones y convenios con prestadores de servicios de salud fuera de la provincia, pagos con incrementos contrarios a las estipulaciones contractuales firmadas por la propia obra social, adjudicación a ofertas que superaban ampliamente el presupuesto oficial; e incluso el pago de anticipos no contemplados en los pliegos. A su vez, resalta que el Iosper realizó licitaciones sin las publicaciones obligatorias para la legal difusión y sin intervención previa de la Contaduría General de la provincia. En un caso manifestó que se detectaron incluso pagos anteriores a la firma del contrato y con una actualización irregular del precio del orden del 60 por ciento en favor de la empresa privada; y un abuso del uso del mecanismo de compra directa (que es excepcional) sin constancias documentales.
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