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» El siglo web
Fecha: 23/02/2025 09:16
Son 10 las zonas en las que se concentraron los primeros esfuerzos de la flamante Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, aseguró que el primer diagnóstico que hicieron arrojó que las villas veraniegas de la provincia son los principales blancos de usurpaciones. Sin embargo, advirtió que este fenómeno también se da en San Miguel de Tucumán y mencionó incluso que hay casos detectados en dependencias públicas como escuelas y comisarías. En una entrevista con LG PLAY, la funcionaria provincial remarcó que la gravedad y la importancia del fenómeno de las usurpaciones llevó a la gestión de Osvaldo Jaldo a crear la flamante oficina, encabezada por el abogado Hugo Vitale. Señaló la fiscala que la Provincia se pondrá firme para recuperar aquellas áreas que han sido objeto de usurpaciones. “Lo que estamos recuperando es propiedad del Estado”, remarcó en una entrevista con LG PLAY. Pedicone de Valls mencionó que el mapa que diagramaron incluye áreas turísticas como el perilago de El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal, San Javier, Raco y Quilmes, entre otros. “En su mayoría, estas son villas veraniegas donde el Estado ha sido más vulnerable. Muchas tierras fiscales de alto valor turístico han sido ocupadas de manera irregular”, comentó. Precisó que para cada una de las zonas se designó un abogado. La doctora en Derecho dijo que se habilitaron formularios en el portal de la Fiscalía de Estado para que la gente denuncie de manera segura y confidencial por delitos medioambientales y usurpaciones de inmuebles del Estado. “Hay casos de usurpaciones incluso en establecimientos públicos como escuelas y comisarías”, manifestó, aunque no brindó precisiones respecto a las ubicaciones. Respecto al conflicto en El Mollar, la funcionaria explicó que allí había un doble agravio dado que se había perdido la posesión del dominio en el perilago el cual, además, es un área protegida. Destacó que se logró la recuperación de aquel sector y mencionó que la semana próxima pondrán en marcha dos medidas más en la zona. En cuanto al conflicto en La Quebradita (Tafí del Valle), donde la Provincia perdió 10 hectáreas en 2017 por “absoluta orfandad probatoria” durante el litigio, la fiscal de Estado dijo que eso los deja limitados para intentar recuperar esas tierras. Recordó que el caso fue llevado a instancias nacionales sin éxito. El legislador radical Manuel Courel (Cambia Tucumán) pidió informes y cuestionó que la Provincia haya perdido esos terrenos tan valiosos (cotizados en unos U$S3,5 millones) por no haberse defendido. “Hay mucha gente que se ha aprovechado por la inacción del Estado. El Estado se ha dejado estafar por muchos vivos”, denunció en LG PLAY. Consideró que corresponde que la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural investigue si hubo negligencia o complicidad de parte de estamentos del Estado provincial. “Lo que ha pasado es un juicio de prescripción adquisitiva, que es cuando una persona ha estado más de 20 años en una tierra puede pedir el título. Pero hay una excepción, porque vos no podes prescribir contra lo que es de dominio público”, afirmó. Courel alertó que hay más de 40 hectáreas alrededor que están bajo amenaza en La Quebradita, por lo que el Estado debe actuar de un modo firme. “Todo eso está alambrado y con un portón”, advirtió. “Si no se actúa rápidamente todos los tucumanos vamos a perder eso”, dijo. Y añadió: “los funcionarios comunales y municipales son cómplices, es lo que pasó en El Mollar”. fuente:lagaceta, contexto
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