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» Comercio y Justicia
Fecha: 23/02/2025 02:16
El presidente Javier Milei quedó formalmente imputado por el fiscal Eduardo Taiano en la causa que investiga su presunta participación en el escándalo conocido como criptogate. La investigación también alcanza a varios asesores del mandatario y a empresarios relacionados con la criptomoneda $LIBRA. Luego de iniciar la investigación sobre el máximo mandatario argentino por la causa judicial de Criptogate, a petición de la jueza federal MarÃa Servini, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó, la mañana de este sábado, de modo formal a Javier Milei por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y negociaciones incompatibles con la función pública. De acuerdo con Taiano, la investigación alcanza a los presuntos impulsores internacionales de $LIBRA, Hayden Mark Davis y Julian Peh; a los organizadores del evento Tech Forum 2024 (donde habrÃa surgido el vÃnculo con el presidente), Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, asà como al asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV), señalado por posibles conflictos de interés. Se recuerda que $LIBRA, que en un principio fue promovido como un proyecto para financiar inversiones en Argentina, sufrió un impacto devastador en su cotización después de que la mayorÃa de los inversores mayoritarios retiraran sus ganancias, por un total aproximado de 87,4 millones de dólares, antes de que el valor de la criptomoneda se desplomara. La caÃda afectó no solo a pequeños inversores, sino también a empresas e instituciones que habÃan apostado por la cripto. La decisión del fiscal federal tuvo en cuenta la denuncia presentada por el dirigente opositor, Juan Grabois, junto al diputado Itai Hagman, entre otras demandas que fueron elaboradas y apuntan contra la participación del lÃder en la rápida valoración y posterior desplome del token $LIBRA. La investigación judicial contra el mandatario tuvo como antecedente una denuncia radicada el pasado 17 de octubre. En dicha causa, se culpa a Milei y a varios empresarios de ejecutar un esquema fraudulento denominado «rug pull» (relativo a la atracción de inversiones, para luego retirar de manera abrupta el capital y dejar a los inversores iniciales con pérdidas millonarias). La Justicia solicitó información al Banco Central de la República Argentina y a empresas tecnológicas como Google para determinar el origen del criptoactivo y el rol desempeñado por el mandatario. El fiscal también contó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia a fin de preservar y recuperar evidencia digital relevante.
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