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Colon » El Entre Rios
Fecha: 18/02/2025 21:30
El fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Mariano Rebollo, solicitó la indagatoria de tres jefes policiales que aparecen comprometidos en la causa por integrar una “asociación ilícita” dedicada al robo de partes de vehículos secuestrados en el Puesto Caminero de Ibicuy, entre otros delitos. El caso La investigación comenzó en 2023 y derivó en el procesamiento del jefe y subjefe de ese destacamento policial que funcionaba como un desarmadero. Ahora, en la pericia a un celular surgieron los mensajes de autoridades pidiendo autopartes, así como liberarles la ruta a determinadas personas. El entonces jefe del Puesto Caminero Ibicuy, ubicado sobre la ruta nacional 12, Cristian Omar Villanueva, y el subjefe, Luis Armando Zabala, fueron acusados por el escándalo que se conoció en noviembre de 2023. También están implicados dos mecánicos de la provincia de Buenos Aires, Franco Oliveri y Eduardo Favaretto, y el comisario retirado de la Policía Federal Argentina, Juan Francisco Leloutre. La investigación determinó que la maniobra delictiva consistía en sacar piezas de vehículos secuestrados en causas federales, ubicados en el depósito judicial Zárate-Brazo Largo, para su venta. En aquel momento, el Juzgado Federal de Victoria ordenó allanamientos al Puesto Caminero y a los domicilios particulares de los policías y los demás acusados, pedidos por el fiscal de Gualeguaychú, y se secuestraron los celulares. Con las pericias a los teléfonos realizada por personal de Gendarmería Nacional, surgieron nuevos implicados. Se trata del comisario general Gustavo Luis Ramón Palacios, quien fue en ese momento director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos; el comisario mayor Luis Alberto Báez, actualmente jefe de la Departamental Gualeguaychú de la PER (se mantiene en ese cargo desde entonces); el comisario mayor Marcelo Horacio Gómez, por entonces subdirector de Prevención y Seguridad Vial y ahora director. También aparece Claudio Mujica, de quien no se tenía información sobre su rango y desempeño en la Policía. Los encargues Del análisis del dispositivo de Villanueva se encontraron 1.052 conversaciones, de las cuales surgieron comunicaciones entre aquel y otros funcionarios policiales que dan cuenta de su participación en la asociación ilícita. Por ejemplo, el 9 de octubre Báez le pidió liberar un camión Scania blanco, cuyo propietario sería Juan Contreras, quien no poseía la documentación legal para circular. “Listo, listo jefe, lo vamos a largar, nomás que acá estaba medio pesado, no quería firmar nada, no tiene banda, no tiene licencia, no tiene registro, no tiene nada, no, la licencia de conducir nomás tiene, no tiene documento, nada”, le contó Villanueva. En este punto, el fiscal recordó que Contreras tiene una causa en trámite desde 2020, que en su momento se investigó como lavado de activos y luego fue procesado por el delito de “Intermediación financiera sin autorización”. Además, lo habían allanado tiempo atrás por un asalto. “De ello puede suponerse que Báez Ie habría ‘hecho un favor’ al referido Contreras, lo que permite afirmar que estos miembros de la PER estarían en connivencia con civiles vinculados a diversos delitos”, sostiene el fiscal en su dictamen. También refiere conversaciones entre Villanueva y Palacios, “quien le solicitó distintos repuestos de vehículos, tanto autos como motos”. Por ejemplo, el fiscal destacó mensajes donde el entonces director de Prevención y Seguridad Vial le pidió un repuesto de “un tornado”. El jefe del Puesto Caminero de Ibicuy le dijo que tenía dos motos de ese tipo secuestradas por juzgados federales en el depósito. Palacios le aclaró que “no tenía para hacer cambio, que lo tenía que sacar directamente”. Su subordinado le contestó que, si bien “lo ideal es pieza por pieza, no había problema”. Rebollo buscó y encontró en los registros del sistema judicial que las mencionadas motos “correspondían con el modelo XR 250 Tornado de la marca Honda y que, efectivamente, se encontraban secuestradas en el marco de causas en trámite”, ambas por uso de documento adulterado o falso. En la inspección de esa moto se confirmó que “se habrían extraído dichos elementos conforme acordaron los funcionarios telefónicamente, a pesar de tener conocimiento que se encontraba secuestrado por orden de un Juzgado Federal”. Se trataba de los faros delanteros y traseros, luces de giro y espejo retrovisor derecho e izquierdo, que ya no estaban en las motos. Si bien Palacios consultó por “un sensor de la tripa del velocímetro”, Villanueva le informó que no lo tenía. Respecto de Gómez, también hay mensajes donde le pidió a Villanueva autopartes: “Villon cómo estás. Tenés algún Vento por ahí??”. “Buen día, sí”, le respondió. “Habría posibilidad de eso y las alfombras de adelante?”, solicitó. “Cuando llegue me fijo”, dijo Villanueva Gómez requirió más todavía: “Necesito un último favor. Si tenés esto de una Amarok lado trasero”. “Estructura permanente y piramidal” “Se encuentra reunido el estado de sospecha (…) para atribuirles a los nombrados los delitos de formar parte de una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos cuanto menos contra la propiedad; malversación de caudales públicos, cohecho, robo agravado, lavado de activos -entre otros-, todos ellos en concurso real y por los que deberán responder en calidad de coautores”, afirmó el fiscal. Pidió la indagatoria de los acusados y agregó al fundamento: “Cabe destacar, -como lo vengo sosteniendo desde el inicio- que se trata de una organización liderada por altos jefes policiales, no descartándose la participación de más efectivos o integrantes de otros poderes del Estado”. “En tal sentido, la hipótesis de una asociación ilícita conformada por todos los investigados no ha sido descartada a la fecha (como tampoco que puedan surgir nuevas actividades ilegales a juzgar) (…) Podemos apreciar que la organización criminal comenzó a operar con fecha incierta, pero cuanto menos desde el 30 junio del 2022 (ocasión en la que se inició la presente causa). Esta banda criminal posee un grado de organización suficiente, tanto en cuanto a sus integrantes, quienes llevan a cabo los hechos en punto a la sustracción de autopartes, malversación de caudales públicos, cohecho -entre otros- (…) El grado de sofisticación de esta agrupación, si bien no es excepcional, les permitió cometer los hechos que trajimos a estudio y que se desprenden a lo largo de la presente pesquisa”, afirmó Rebollo. En cuanto a los roles en la banda y el tipo de organización, el fiscal detalló: “El grupo dedicado a cometer delitos gozaba de una estructura permanente, estable y piramidal. Sus integrantes tenían roles y funciones definidas y variables conforme lo que las necesidades dictasen, las cuales fueron detalladas a lo largo del presente legajo. Sin perjuicio de lo expuesto se ha determinado que Villanueva resultaba ser una pieza de especial relevancia en la estructura interna de la banda, operando con un rol de jefe u organizador dentro de la comunidad criminal. Este sujeto mancomunaba a los integrantes para cometer los ilícitos enunciados, resultando además ser quien ordenaba a los restantes cómo proceder. Por su parte, Zabala, cumplía una función de organizador similar a la efectuada por Villanueva, empero recibía las directivas de este último y lo consultaba respecto a ciertas formas de proceder. Asimismo, también resultaba ser parte del ‘brazo ejecutor’ de las maniobras efectuadas por esta organización criminal. Finalmente, los restantes, aparecían como miembros preferentemente ‘operativos’, quienes también cometían los delitos de propia mano, estando al tanto de la totalidad de las operaciones que los restantes integrantes efectuaban y recibiendo órdenes de cómo proceder por parte de Villanueva y Zabala”. Ante consultas realizadas por ANÁLISIS, tras las indagatorias de los jefes policiales que serían en marzo las autoridades resolverán sobre su situación como funcionarios. El juez que interviene tendrá un plazo para disponer el procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento de los acusados. Al mismo tiempo, se abren sumarios internos (además de los que estaban en trámite sobre los primeros policías acusados). Cabe recordar que en 2023, en el marco de esta causa, hubo un allanamiento en un desarmadero en la provincia de Buenos Aires, donde encontraron una camioneta de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales. Ante un exhorto judicial, el entonces jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, respondió que “la camioneta estaba en espera para ser reparada”. Esta investigación se originó como un desprendimiento de otra: la que desbarató una banda narco que funcionaba con sede en Gualeguaychú, liderada por el “Tigre” Pineda, que se dedicaba a distribuir cocaína y marihuana en esta localidad y en Gualeguay. De las escuchas telefónicas de Gendarmería, surgieron las sospechas sobre los policías del Puesto Caminero de Islas, y luego toda la historia ya relatada. Fuente: Análisis
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