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Chajari » actualidadadiario
Fecha: 18/02/2025 18:04
La Ley 25.188, que regula el comportamiento ético de los funcionarios públicos, señala en su artículo 2 que estos deben priorizar el interés público sobre el privado. En el inciso g) se prohíbe expresamente el uso de bienes, servicios o información oficial para promover productos o empresas privadas La difusión -circa Milei febrero 25 – de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei desató un importante debate sobre una posible violación a la Ley de Ética Pública, una normativa sancionada en 1999 que establece una serie de pautas para el comportamiento de los funcionarios públicos. La oposición acusa a Milei de haber utilizado su posición para promover un producto privado en sus redes sociales, lo que, según denuncian, va en contra de los principios establecidos por la ley. La Ley 25.188, que regula el comportamiento ético de los funcionarios públicos, señala en su artículo 2 que estos deben priorizar el interés público sobre el privado. En el inciso g) se prohíbe expresamente el uso de bienes, servicios o información oficial para promover productos o empresas privadas. El apoyo del presidente a la criptomoneda $LIBRA desde sus cuentas oficiales podría ser considerado una violación directa de este precepto, dado que se trató de la promoción de un activo digital privado. Esta acción derivó en un alza del 1300% en su valor antes de un desplome que generó pérdidas millonarias a más de 40.000 inversores. La ley también contempla sanciones severas para los funcionarios que incurran en estas faltas, incluyendo penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Aunque Milei ha negado haber obtenido beneficios personales de la promoción de $LIBRA, la oposición insiste en que su apoyo facilitó movimientos financieros sospechosos que perjudicaron a miles de personas. En este contexto, algunos sectores políticos han solicitado un juicio político contra el presidente y una investigación a fondo para determinar si su conducta violó la Ley de Ética Pública. En respuesta, Milei anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) bajo la órbita de la Presidencia, compuesta por especialistas en criptoactivos y actividades financieras. Sin embargo, este movimiento ha sido recibido con escepticismo, ya que muchos cuestionan la imparcialidad de una investigación dirigida por un organismo dependiente del Ejecutivo. Mientras tanto, los bloques opositores, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, han ratificado su denuncia penal ante la justicia federal, exigiendo que el presidente comparezca ante el Congreso para dar explicaciones sobre su implicación en el caso. Cabe señalar que los legisladores y abogados de la oposición formalizarán la denuncia penal ante el Juzgado Federal 1, bajo la responsabilidad de la jueza María Servini. Su decisión podría ser clave para el futuro político de Milei y para la transparencia en la gestión pública, en un momento en el que el país observa con atención cómo se resolverá este escándalo que podría tener implicaciones tanto legales como económicas.
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