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» Comercio y Justicia
Fecha: 13/02/2025 02:34
En una decisión que profundiza el conflicto en el sistema judicial argentino, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió por unanimidad que las sentencias de los jueces nacionales en lo civil no podrán ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ). La medida, adoptada en un acuerdo plenario, confronta directamente el fallo de la Corte Suprema dictado en diciembre pasado, que habilitaba la intervención del tribunal porteño en causas civiles, comerciales, laborales y penales. Según argumentaron los jueces civiles, la aplicación de esta resolución podría paralizar el sistema judicial y afectar el desarrollo de los procesos en curso. El origen del conflicto radica en el fallo “Levinas”, emitido por la Corte Suprema cuando aún contaba con cuatro miembros: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. En una votación dividida, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda avalaron la intervención del TSJ en los recursos extraordinarios de la justicia nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Rosenkrantz votó en contra. Con la jubilación de Maqueda, la Corte quedó reducida a tres jueces, lo que suma incertidumbre sobre futuras decisiones. Los camaristas civiles que firmaron la resolución sostienen que la transferencia de competencias al TSJ porteño no solo alteraría la operatividad del sistema judicial, sino que también privaría a magistrados y ciudadanos de recursos esenciales, como archivos, bibliotecas, oficiales notificadores y cuerpos médicos forenses. Además, advirtieron que esta medida incrementaría los costos para los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, dificultando el acceso a la justicia. Resistencia generalizada El fallo “Levinas” ha generado un fuerte rechazo entre jueces nacionales, fiscales y defensores, quienes consideran que la transferencia de competencias a la justicia porteña altera la estructura del Poder Judicial y afecta la división de poderes. También señalaron que la medida podría generar demoras significativas en los procesos y aumentar los costos operativos. En este contexto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) presentó un documento de 40 páginas en el que expresó su oposición a la resolución de la Corte Suprema. El texto, firmado por su presidente, el juez Andrés Basso, sostiene que ningún tribunal local tiene facultades para revisar resoluciones de tribunales nacionales. Por su parte, la Cámara Nacional en lo Comercial solicitó la convocatoria a un plenario para evitar fallos contradictorios entre sus salas, lo que evidencia la magnitud del conflicto. La coexistencia de la justicia nacional y local en competencias ordinarias sigue siendo un tema pendiente. La resolución de este enfrentamiento dependerá en gran medida de las decisiones que adopten el Congreso Nacional y la Corte Suprema en los próximos meses.
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