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Fecha: 12/02/2025 01:52
Comenzamos la semana con los detalles de un caso judicial clave para la coyuntura agroeconómica y judicial de la Argentina. Ya dijimos que ayer se cumplieron 5 años del “estrés financiero” de Vicentin y contamos los pormenores de la historia y su presente. Pareciera que la Corte podría definirlo con su voto esta semana. No obstante, el proceso concursal de Vicentin enfrenta obstáculos judiciales y económicos: mientras el Grupo Grassi adquiere créditos al 11% de su valor nominal, la oferta de la empresa alcanza el 30%, evidenciando una mejor propuesta para los acreedores. Sin embargo, las trabas en la justicia santafesina complican la resolución que debería ser inminente. Entramado novelesco La agroexportadora más emblemática de Argentina y cuyo corazón productivo está en nuestra provincia, se ha transformado en una contienda judicial sin precedentes. Hay un entramado novelesco de dilaciones, presiones políticas y disputas económicas en medio de la reestructuración de su deuda. En diálogo con el periodista Marcelo Fernández, de la señal de streaming Fisherton Plus, el director independiente de la compañía, Estanislao Bougain, describió las adversidades atravesadas por la empresa y su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, más el rol clave del grupo económico rosarino, Grassi. De lo habitual a lo insólito “El concurso de acreedores más grande del país pasó por todas las etapas posibles: algunas propias de un proceso de estas características y otras absolutamente insólitas”, sostuvo Bougain. Según el directivo, Vicentin alcanzó mayorías históricas dentro del proceso, lo que evidenció la solidez de su propuesta para sus acreedores. Pero intercedieron distintos actores que terminaron transformando la resolución del conflicto en una disputa política y judicial. Uno de los principales obstáculos surgió cuando la Corte Suprema de Santa Fe generó un hecho sin precedentes en este tipo de procesos. “Por pedido de Grassi, la Corte aceptó un avocamiento sin fundamentos y esto demoró el concurso ocho meses. Nuestros especialistas en derecho constitucional aseguraban que era improbable que esto ocurriera, pero pasó. Y después de ocho meses, los propios jueces de la Corte coincidieron en que nunca debieron haber intervenido”, explicó Bougain. Durante ese lapso, la incertidumbre generó una parálisis en la operatividad de la compañía y una pérdida millonaria de ingresos, al punto de dejar a Vicentin con una caja prácticamente vacía y obligaciones por 4,5 millones de dólares mensuales. Luego de la intervención de la Corte, el juez a cargo del proceso, Fabián Lorenzini, pidió su inhibición bajo el argumento de una supuesta “inhabilidad moral”, debido a los ataques y hostilidades que recibió por parte del Grupo Grassi. La Cámara de Apelaciones rechazó la recusación y ordenó a Lorenzini continuar, pero lo que sucedió después generó aún más controversia. “Lorenzini terminó rechazando la homologación de nuestra propuesta, pese a haber desestimado los recursos de los impugnantes. No solo no homologó, sino que abrió el proceso de cramdown –una instancia en la que terceros pueden presentar propuestas para quedarse con la empresa– que ponía en jaque la continuidad de Vicentin. La Cámara de Apelaciones finalmente revirtió la decisión y homologó la oferta presentada por la compañía, pero nuevamente el Grupo Grassi presentó una queja ante la Corte Suprema de Santa Fe, que volvió a intervenir en el proceso por segunda vez, algo inédito en la historia judicial argentina”. Surge la palabra “quiebra” Bougain es tajante al remarcar que, de no homologarse la propuesta de Vicentin, la única alternativa es la quiebra. “Judicialmente, el próximo paso sin homologación es el cramdown. Pero financieramente, es la quiebra de Vicentin. No hay ganadores en este escenario, lo ve todo el mercado. No existe un actor capaz de aportar la financiación y los granos necesarios para sostener a la empresa”. Otro de los puntos clave que mencionó el directivo es que la impugnación presentada por Grassi se basa en una supuesta propuesta “abusiva”, algo que Bougain refuta con cifras. “Nos están impugnando la oferta cuando ellos mismos acaban de comprar en el mercado libre el crédito más grande de Vicentin –que pertenecía a los bancos internacionales– pagando el 11% de su valor nominal. Nuestra propuesta ofrece un 30%. En el caso de los acreedores en pesos, el valor real es superior al 100%”. Advirtió. Futuro inmediato El futuro de Vicentin depende ahora de la resolución judicial. Si se homologa la propuesta, la empresa quedará blindada por 12 años con el respaldo de gigantes del sector como Bunge, Viterra y ACA. De lo contrario, el desenlace podría ser terminal para una de las compañías más importantes del agro argentino. “La homologación es lo que corresponde a derecho. La oferta es ampliamente superior a lo que se paga en el mercado y y asegura la viabilidad de la empresa”, concluyó Bougain.
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