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Concordia » Hora Digital
Fecha: 10/02/2025 13:06
Un proyecto de resolución fue presentado en la Cámara de Diputados de la provincia, manifestando la inquietud de los legisladores ante el cierre anunciado por el Poder Ejecutivo Nacional de la sede del Registro de la Propiedad del Automotor de Chajarí. Se hizo hincapié en que esta decisión impacta negativamente en empleados, residentes y en la economía regional, instando a las autoridades nacionales a rever la medida y asegurar la permanencia del registro en la zona. Diputados de Junto por Entre Ríos presentaron un proyecto de resolución el viernes 7 expresando su preocupación por el cierre de la sede del Registro de la Propiedad del Automotor de Chajarí por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Solicitaron el apoyo de la Cámara para defender el acceso a este servicio esencial, instando a las autoridades nacionales a reconsiderar la medida y garantizar la continuidad del registro en la ciudad. La diputada Gabriela Lena presentó el proyecto que pide al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Dirección Nacional de Registros del Automotor y Créditos Prendarios que reviertan la medida y aseguren la prestación del servicio en Chajarí. Además, insta al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a realizar las gestiones necesarias para preservar la oficina del registro y evitar perjuicios a la comunidad. Lena resaltó que el cierre del registro en Chajarí contradice el principio de descentralización administrativa, dificultando el acceso a trámites en comunidades del interior y generando retrocesos en la eficiencia del sistema registral. Esta medida obligaría a los ciudadanos a trasladarse a otras ciudades, como Concordia o Paraná, con mayores costos de tiempo y dinero, especialmente para aquellos en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos. La diputada argumentó que el cierre del Registro de la Propiedad del Automotor de Chajarí, en el marco de un recorte nacional que afecta a varias delegaciones, preocupa profundamente a la comunidad local y provincial. Afecta directamente a ciudadanos que requieren el servicio para trámites fundamentales, como la inscripción y transferencia de vehículos, la gestión de créditos prendarios y otras certificaciones esenciales para actividades comerciales y productivas. Además, mencionó que el Colegio de Mandatarios y Gestores de Entre Ríos ha advertido que la reducción de registros podría comprometer la seguridad jurídica de las operaciones y la transparencia del sistema registral. El cierre de la oficina no solo deja desempleados a los trabajadores del registro, sino que también afecta a sectores relacionados con la actividad automotriz, como concesionarias, gestorías, estudios contables, aseguradoras y talleres mecánicos. La menor actividad registral podría provocar una disminución en la recaudación local, impactando en los ingresos municipales y provinciales.
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