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» El Ciudadano
Fecha: 09/02/2025 12:50
Por Candela Ramírez Este lunes 10 de febrero Rosario retoma los juicios que investigan los crímenes cometidos por el Estado en los setentas. El Villazo es el nombre con el que se conoce a la causa Acindar, el juicio empezó en noviembre de 2023 y está a cargo del Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1). La causa investiga los secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra 75 hombres y mujeres en marzo de 1975 en la localidad de Villa Constitución, al sur de Santa Fe. Los organismos de derechos humanos de ambas ciudades convocan a la ciudadanía a acercarse este lunes a las nueve de la mañana a las puertas de los tribunales, Bv. Oroño 940. Hay 22 imputados: dos son de Acindar, uno era el jefe de personal de la empresa. Ese es uno de los aspectos más relevantes de la causa: es la primera vez en la región que se investiga la participación de las empresas en el terrorismo de Estado. En Argentina, en realidad, hay muy pocas condenas de este tipo, es una parte de la represión ilegal muy poco abordada pero hay antecedentes importantes: la primera vez fue en 2018, cuando en el marco de la causa conocida como Ford se condenó a dos jefes de la multinacional en la planta de General Pacheco (Buenos Aires). Se probó su participación en secuestros y torturas contra trabajadores de la empresa. Un dato sobresaliente es que José Alfredo Martínez de Hoz era parte del directorio de Acindar en 1975 y al año siguiente se convirtió en el ministro de Economía de los militares, “no fue cualquier ministro, fue uno emblemático de la dictadura”, subrayó el fiscal de la causa, Adolfo Villatte, en diálogo con este medio. Además, la investigación va demostrando que el terrorismo de Estado en Argentina empezó mucho antes del 24 de marzo de 1976, cuando empezó formalmente el último golpe militar. Otro antecedente: la condena del juicio que investigó el “Operativo Independencia”, crímenes cometidos desde febrero de 1975 en Tucumán: en 2017 el Tribunal calificó esos crímenes de lesa humanidad. Qué fue el Villazo En los papeles se llama Acindar, por el nombre de la empresa donde trabajaban la mayoría de las víctimas, pero popularmente se la conoce como Villazo. Esa expresión se usa indistintamente para contar el proceso de organización obrera, la persecución y represión feroz que recibió y el proceso de lucha de los sobrevivientes y familiares por conseguir justicia. El 20 de marzo de 1975, bajo el gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón -conocida como Isabelita- se desplegó en Villa Constitución un operativo que se tradujo en una ocupación militar, policial y parapolicial: llegaron por lo menos cuatro mil efectivos. Para la Fiscalía el objetivo de esto fue disciplinar a los trabajadores organizados. Antes de esa represión, la ciudad había vivido un proceso de toma de fábricas metalúrgicas y huelga general que había recibido un enorme acompañamiento de los habitantes. El triunfo de la Lista Marrón en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue un hito clave de ese proceso, significó arrebatar la conducción del sindicato que a nivel nacional estaba en manos de Lorenzo Miguel. La respuesta estatal también se conoce por su nombre formal: Serpiente Roja del Paraná. Antes del 24 de marzo de 1976, hubo al menos 15 asesinatos, en esta causa se investigan 10 de ellos. Con el golpe militar cambiaría el modus operandi en todo el país: serían desapariciones forzadas de personas. Querellas y Fiscalía comparten que funcionó como una prueba de ensayo de lo que un año más tarde se desplegaría en todo el territorio argentino hasta 1983: una persecución general y sistemática (y secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, desapariciones y robo de bebés). Testimonios de sobrevivientes coincidieron, a lo largo de las audiencias, en que la propia empresa colaboró en los secuestros, otorgando información a los grupos de tareas. En Acindar, además, funcionó uno de los primeros centros clandestinos de detención del país: el Albergue de los Solteros fue reconocido por todos los sobrevivientes, allí fueron torturados con las mismas técnicas que utilizó después la dictadura. En 2022 fue señalizado como Sitio de Memoria, en el país hay unos 800. “Es muy parecido a lo que pasó en Ford. Lo que sostenemos es que desde Acindar aportaron legajos de personal con datos de domicilios, fotografías y facilitaron instalaciones de la empresa. Hay bastantes elementos como para decir que hay similitud tal que también llevaría a una condena”, explicó Villatte. Cómo viene el juicio Si bien estaba estipulada la declaración de cerca de trescientos testigos, se fue acortando la lista que, de todos modos, llegó a unas cien personas. Fue por distintos motivos, uno de ellos el objetivo de acelerar el avance del juicio para conseguir una condena: se están por cumplir cincuenta años de los hechos y recién es la primera elevación, es decir que es la primera vez que la Justicia investiga estos crímenes. En el camino, muchas víctimas no llegaron a conseguir justicia y muchos victimarios consiguieron salir impunes. Desde la querella de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (Apdh), Federico Pagliero recordó a este medio que varios integrantes de la histórica Lista Marrón pudieron declarar: “Su testimonio además acredita la conjunción de las fuerzas represivas dentro de Acindar: estaba la Triple A, fuerzas estatales como la Policía Federal y la patota de la burocracia sindical dentro de la UOM. Todos concuerdan en esa participación y en que la represión fue dentro de Acindar”. “También fue muy positiva la reconstrucción de la historia que se hizo, por ahí muchos hijos e hijas no tenían en claro cuál había sido el derrotero de sus padres y a través de la reconstrucción que ellos mismos hicieron pudieron confluir lo macro con su historia personal. Fueron parte de aportar una pieza del rompecabezas del movimiento obrero de Villa Constitución como de la represión”, agregó. En las próximas audiencias todavía quedan algunos testimonios más y a mediados de marzo, estiman, empiezan los alegatos. Querellas y Fiscalía esperan que antes de mitad de año ya haya un veredicto. Durante 2024 se hicieron inspecciones judiciales en la Policía Federal de Rosario y también en la comisaría de Villa Constitución. Sólo falta la inspección en Acindar, que “será sobre todo simbólica, porque ya no existe más”. El Albergue de los Solteros fue destruido a principios de los ochenta, ni la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) pudo hacer una visita cuando desplegó su investigación en la región en 1984. Falta algo más: que el tribunal responda el pedido que hizo Apdh “en relación a volver a Villa Constitución para los alegatos y el veredicto, se presentaron firmas de sobrevivientes, familiares y organizaciones civiles por todo lo que significa hacerlo en el lugar donde sucedieron los hechos porque la ciudad fue víctima del genocidio y es una comunidad donde hubo mucho silencio”. Las declaraciones de muchos de los testigos sí se pudieron hacer en Villa Constitución pero luego las audiencias volvieron a Rosario, desde entonces los organismos reclaman. De todas maneras, tanto Pagliero como Villatte valoran de forma muy positiva el desarrollo del juicio, con buena predisposición del Tribunal y varias audiencias a la semana. Lo valoran, también, en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas por la memoria en Argentina; hasta ahora el poder judicial ha dado varias señales que van a contramano del discurso oficial del Ejecutivo que niega o reivindica los crímenes cometidos por la dictadura. Pagliero contó: «Este último año hubo más resguardos y ciertos cuidados, en el marco de hacer un juicio que es materia de repudio del gobierno nacional. Entonces hubo temor y también más cuidados. Pero el juicio se viene desarrollando en muy buenos términos». Además, señaló un rasgo que fue nuevo para él desde que empezó a trabajar en juicios de este tipo: “A pesar de las oposiciones que hemos llevado adelante, se han habilitado ciertas preguntas provenientes de la defensa que de alguna manera intentan establecer la teoría de los dos demonios, revictimizando así a los sobrevivientes. Es algo que por supuesto repudiamos. Acá no hubo ningún enfrentamiento, ninguna guerra, se produjo un genocidio perfectamente planificado y orquestado desde las máximas esferas del gobierno en conjunto con grandes empresarios”.
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