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» Diario Cordoba
Fecha: 05/02/2025 17:03
Supongo que los abogados alguna razón sabemos de por qué a veces nuestros defendidos no declaran. La principal es que como lo que buscamos sobre todo es la absolución de la persona, más allá de demostrar con pelos y señales su inocencia (o también salvar al cliente independientemente de la verdad o la mentira), pues consideramos que el hablar mucho en un procedimiento que ya de por sí está echando un capote al imputado por contener lagunas en la investigación que descaradamente favorecen al ‘in dubio pro reo’ puede rellenar esas lagunas de tal manera que con su apuesta por declarar para defenderse, paradójicamente provoque que por parlanchín sea el propio imputado el que se condena (y a veces hasta siendo inocente). Pero ¡diablos, truenos y centellas!, cuando el que no declara es el fiscal general del Estado, imputado por un presunto delito de revelación de secretos para supuestamente beneficiar electoralmente al Gobierno, pues este abogado provinciano que escribe ya no tiene tan claro como al principio del escrito el motivo de esa postura procesal. Es verdad que todo el mundo tiene derecho a no declarar, que además eso es un pilar del sistema democrático, pero reitero que cuando el que no declara a las preguntas del juez es el fiscal general, una figura fundamental para la búsqueda de la justicia que por eso está defendido por la Abogacía del Estado que es pagada con los impuestos de los ciudadanos, la cuestión supongo que debe ser mucho más compleja, por lo que esta negativa a declarar no puede ser por la misma estrategia defensiva como cuando del imputado del robo de unas gallinas solo tenemos las huellas en el corral y la forma de la suela de sus zapatillas que coinciden y, por tanto, callarse es el mejor y más cómodo camino de la absolución. No quiero creer en una estrategia tan ordinaria en un asunto de Estado (entendiendo por ordinaria no solo común, sino chabacana). Por eso, creo que cuando todo un fiscal general del Estado, que representa a una institución pública y por eso está defendida por la abogacía del Estado o sea con una defensa que pagamos todos los contribuyentes, se niega a declarar a las preguntas de un juez del Tribunal Supremo, está evidenciado que la actual fiscalía general del Estado no reconoce la imparcialidad del más alto tribunal del sistema judicial de Estado. Si esto fuese así, qué triste sería que el poder judicial siga con la mente puesta en el antiguo régimen y quiera hundir todo lo que huela demasiado a izquierda republicana. Y si no es así, más deprimente todavía es que el Gobierno crea que el poder judicial lo persigue prospectiva o injustamente para hundirlo electoralmente. Sea como fuere, estamos asistiendo al mayor choque putrefacto de la historia de la democracia española entre los poderes consagrados en la Constitución. Es curioso esto de la división de poderes de la que tanto presumimos para garantizar un sistema democrático y de derecho como forma de gobierno. Porque hoy parecen más divididos que nunca, pero para todo lo contrario. *Abogado Suscríbete para seguir leyendo
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