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Parana » AIM Digital
Fecha: 04/02/2025 11:50
A pesar de su buen desempeño, la decisión de cerrar Coprec se tomó sin proponer alternativas adecuadas que garanticen la continuidad de la defensa del consumidor. El reciente cierre del Servicio de Conciliación de Consumo (Coprec) y la disolución del Registro de Conciliadores de Consumo representan un duro golpe a la protección de los derechos de los consumidores en Argentina. Esta medida, lejos de responder a una optimización del sistema, deja a miles de ciudadanos sin una herramienta efectiva para resolver conflictos de consumo de manera ágil y equitativa. Desde su creación en 2014, Coprec se consolidó como un mecanismo eficiente y de acceso gratuito para los consumidores. El sistema, que permitió la resolución de controversias entre consumidores y proveedores, mostró índices de éxito más que aceptables. Tan solo en 2023, el 61por ciento de los casos que llegaron a audiencia se resolvieron con acuerdo conciliatorio, evitando la judicialización y brindando respuestas rápidas a los ciudadanos. Este alto índice de acuerdos demuestra la efectividad de un sistema que, si bien era perfectible, cumplía con su propósito de garantizar soluciones justas y accesibles. A pesar de su buen desempeño, la decisión de cerrar Coprec se tomó sin proponer alternativas adecuadas que garanticen la continuidad de la defensa del consumidor. Se argumentó que otros sistemas, como la mediación, podrían absorber su función, pero esto es una falacia. La mediación no solo no es gratuita, sino que tampoco contempla la asimetría estructural entre consumidores y empresas, ni se rige por las mismas reglas que la conciliación de consumo. Con esta decisión, los consumidores pierden una instancia clave para dirimir sus conflictos y quedan a merced de procedimientos más costosos y engorrosos. El Decreto 55/2025 sostiene que existen otros sistemas similares a Coprec y es cierto, como también era cierto en 2014 cuando el cuello de botella entre denuncias y audiencias conciliatorias en los organismos administrativos hacía que las mismas llegaran tarde como para brindar una solución efectiva. El impacto económico de esta medida es considerable. Antes, los consumidores podían acceder gratuitamente a Coprec, mientras que ahora deberán recurrir a mediadores privados o a la justicia, lo que implica costos significativos. Los honorarios de un mediador privado pueden oscilar entre los 30.000 y 100.000 pesos por proceso, dependiendo de la complejidad del caso, mientras que litigar en la justicia implica costos aún mayores en tasas judiciales y honorarios de abogados. Esto genera una barrera económica y se convierte en una ficción, que desalienta a los consumidores a reclamar por sus derechos, beneficiando así a las grandes empresas que ahora enfrentarán menos presión para resolver conflictos de consumo. Incluso, la particularidad de Coprec también era por los diversos casos que se recibían. Desde compras por productos de bajo monto, servicios incumplidos y algunas cuestiones más onerosas. Es lógico suponer que aquellos consumidores que quieran reclamar por algún bien de bajo monto sopesarán el costo del reclamo que implica la mediación privada por el costo de la reposición del mismo producto. Otro aspecto preocupante es la falta de claridad sobre los casos en trámite. Miles de consumidores habían iniciado procedimientos dentro del sistema de Coprec con audiencias ya programadas y conciliadores asignados. La disolución del Registro deja a estos profesionales en una situación de incertidumbre y a los consumidores sin garantía de continuidad en sus reclamos. En primer lugar, porque si el Registro Nacional de Conciliadores (ente que habilitaba a los conciliadores a actuar) es disuelto, los conciliadores que seguirán hasta finalizar los procedimientos previos no tendrán un paraguas legal bajo el cual actuar. La Secretaría de Comercio e Industria, encargada de finalizar las cuestiones pendientes, no ha dado respuestas concretas sobre cómo se resolverán estos casos, lo que genera inseguridad jurídica y vulnera derechos adquiridos. El cierre de Coprec no es un hecho aislado, sino el reflejo de un Estado que se retira de la defensa de los derechos de los consumidores. Esta medida se suma al desmantelamiento de programas de apoyo, como el sector de Hipervulnerables y la Unidad Especializada de Sobreendeudamiento, y a la reducción de personal en áreas clave de protección al consumidor. Sin un sistema sólido de conciliación, los ciudadanos quedan en una posición de desventaja frente a las grandes empresas, que ahora tienen menos incentivos para resolver conflictos de manera voluntaria. En definitiva, la desaparición de Coprec significa un grave retroceso en materia de defensa del consumidor. Se desmantela un sistema que, con voluntad política y mejoras en su implementación, podría haber sido perfeccionado en lugar de eliminado. La protección de los consumidores no puede quedar librada a la voluntad del mercado ni a sistemas ineficaces. Urge que el Estado revierta esta decisión y garantice un mecanismo adecuado y accesible para la resolución de conflictos de consumo. De lo contrario, los principales perjudicados serán, una vez más, los ciudadanos. Fuente: Ámbito
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