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» Diario Cordoba
Fecha: 22/01/2025 05:03
El Gobierno no baraja la opción de retirar el decreto ómnibus para que no se vote este miércoles en el pleno del Congreso y poder estirar las negociaciones ante la amenaza de que no salga adelante. Una facultad que corresponde al Ejecutivo y que, según el reglamento de la Cámara, podría posponer al menos una semana más por encontrarse aún dentro de los 30 días hábiles desde su promulgación en el Consejo de Ministros. Ni en Moncloa ni en el grupo socialista se plantean ahora mismo esta opción y se centran en apurar las conversaciones a varias bandas, tanto con el PP como Junts, para salvar su convalidación. El decreto ómnibus incluye medidas como la revaloración de las pensiones, nuevas ayudas por la DANA o la prórroga de las bonificaciones al transporte público y de la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. Cuestiones que “mejoran la vida de la gente”, según se encargan de remarcar desde el Ejecutivo, y a las que se agarran para reclamar responsabilidad a los grupos parlamentarios, incluido el PP. Los populares han dejado en el aire el sentido de su voto, pero niegan que el Ejecutivo haya establecido algún tipo de comunicación para recabar su apoyo. Su abstención sería suficiente para permitir su convalidación, pero de votar en contra sería imprescindible que entrase en la ecuación Junts. Algo que los socialistas no pudieron amarrar en el encuentro celebrado este lunes. Con todo, fuentes directas de las negociaciones señalan respecto a las conversaciones con los de Carles Puigdemont que “avanzamos”. Su principal baza es sentar las bases para cumplir el compromiso sobre la transferencia de las competencias en inmigración. Un acuerdo que consideran “maduro”, aun señalando la línea roja “constitucional” sobre el control de fronteras. Los llamamientos a priorizar la aprobación de estas medidas en lugar de tumbarlas para reflejar la debilidad del Gobierno en minoría se sucedieron durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. Tanto por parte del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que negocia con los grupos, como de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. “Son demasiado importantes y transversales, cuesta creer que las vayan a tumbar”, trasladan fuentes de Moncloa. Su “esperanza”, más allá de que los diferentes electorados puedan entender la negativa a mejorar la capacidad adquisitiva de unos 12 millones de pensionistas, está en que ni Junts ni PP han comunicado su voto en contra. Los negociadores asumen con cierta resignación la dinámica de resolver “todas las votaciones a última hora”. A mediodía de este martes, añadían sobre las posibilidades de reconducir la situación para evitar una derrota parlamentaria en un decreto trascendental que “24 horas [hasta la votación] es todo un mundo”. De ahí que se renuncie a tirar la toalla evitando el escenario de posponer la votación. Reglamentariamente, el Gobierno puede retirar el punto del orden del día relativo a la votación. Por otra parte, el reglamento concreta que los 30 días de plazo para la convalidación de un decreto son hábiles. Al igual que lo hace la sinopsis sobre el artículo referente al control sobre las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: “La referencia a la promulgación contenida en este artículo y reiterada por el artículo 151.1 RC ha sido interpretada por la práctica parlamentaria computando dicho plazo a partir de la publicación del decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado. Este plazo, improrrogable, se computa, conforme al artículo 90.1 RC, en días hábiles". Misma situación que al inicio de la legislatura Hace un año, los socialistas ya renunciaron a retirar los tres primeros decretos que el Gobierno llevó al Congreso pese al riesgo de sufrir una derrota parlamentaria. Junts se situaba entonces en el no. La decisión de no retirarlos redobló la presión. Se lanzaron mensajes similares a los de ahora, con los socialistas advirtiendo a quien los rechazase que debería hacerse cargo y explicarlo a la ciudadanía. Entre las medidas de los decretos se incluían reformas de las que dependía un desembolso de los fondos europeos y la prórroga del escudo social, al igual que ahora con la parte de las bonificaciones al transporte y los desahucios. Finalmente, el Gobierno consiguió alcanzar un acuerdo in extremis con los posconvergentes, que salvaron dos de los tres decretos con su abstención al no participar en la votación. El único que decayó fue por el voto en contra de Podemos a una reforma del subsidio de desempleo promovida por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Junto al decreto social, el Congreso votará este miércoles otros dos decretos más. El de la reforma de las pensiones, sobre el que el PP ya ha avanzado su voto a favor, y el de la prórroga del gravamen a las energéticas. Este último se dio casi por perdido antes incluso de llevarlo al Consejo de Ministros por las diferencias entre los socios. Su aprobación fue un compromiso adquirido con las formaciones del arco progresista del bloque de investidura, pero el PNV ya advirtió desde el primer momento que lo tumbaría.
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