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» Comercio y Justicia
Fecha: 22/01/2025 07:35
Por André Marsiglia * para elcato.org El famoso músico brasileño y creador de la bossa nova, Tom Jobim, dijo que Brasil no es para aficionados. De hecho, el relato de nuestra historia es bastante singular. Durante gran parte de ella, quienes habitaron el país tenían poco o ningún apego a la tierra; sus vínculos estaban arraigados en lo que podían extraer con provecho, impulsados por una lógica de poder a través de la fuerza bruta. En este contexto, las leyes han funcionado como herramientas utilitarias para mantener el poder concentrado en manos de una élite estatal burocrática, mientras que los derechos fundamentales se tratan a menudo como concesiones inusuales a los ciudadanos. Sin embargo, ha existido cierto grado de estabilidad institucional debido a que el Tribunal Supremo de Brasil ha equilibrado tradicionalmente algunas de las frecuentes distorsiones del Estado. Esto cambió drásticamente en 2018. Las redes sociales emergieron como una poderosa herramienta política, desempeñando un papel fundamental en la elección de varios candidatos, en particular aquellos con ideologías de derecha. Este cambio alarmó a la clase política, históricamente dominada por la izquierda. En consecuencia, las autoridades empezaron a ver la libertad de expresión –el alma de las redes sociales– como una amenaza, y las propias plataformas como peligros que requerían control. A falta de leyes específicas para regular el discurso en línea, el Tribunal Supremo tomó cartas en el asunto. Creó una investigación sin precedentes, sin apoyo legal y justificada únicamente por sus normas internas, nombrando al juez Alexandre de Moraes para dirigirla. A partir de ese momento, las personas que expresan opiniones en en las redes sociales se convirtieron en objetivos potenciales de investigaciones de gran alcance que siguen abarcando todo el país. Fui el primer abogado en actuar en estas investigaciones. En abril de 2019, una revista digital brasileña divulgó un documento confidencial que implicaba al juez Dias Toffoli, miembro del Tribunal Supremo. A pesar de la autenticidad del documento, la revista fue acusada de difundir noticias falsas y se prohibió su circulación. Cuando la legitimidad del documento se hizo innegable, el Tribunal levantó la censura, pero sigue restringiendo el acceso a las actas completas de la investigación. Además, el fundador de la revista, el periodista Mario Sabino, sigue involucrado en un proceso judicial que se prolonga desde hace seis años. En mi libro Censorship Everywhere: Behind the Fake News Inquiry (Censura por toda parte: Os bastidores jurídicos do inquérito das Fake News e a nova onda repressora que assola o Brasil), cuento cómo el Tribunal llegó a investigar a los lectores de la revista en un momento dado Actualmente hay más de nueve investigaciones derivadas, junto con cientos de peticiones relacionadas. Prácticamente todos los debates importantes del país están ahora sometidos al escrutinio del Tribunal Supremo: periodistas, políticos, manifestantes e incluso abogados. Cuando los periodistas Glenn Greenwald y Fábio Serapião publicaron recientemente los mensajes de WhatsApp filtrados de los ayudantes del juez Moraes en los que reconocían irregularidades en estas investigaciones, el Tribunal inició otra investigación. En lugar de abordar el fondo de las filtraciones, la investigación parecía dirigida a descubrir quién divulgó los mensajes. Ambos periodistas han expresado su temor a ser ellos mismos investigados. El 8 de enero de 2023, cientos de manifestantes contrarios al gobierno causaron daños a la propiedad pública. Muchos de ellos fueron acusados de intento de golpe de Estado y condenados a más de 17 años de prisión, una pena comparable a la de asesinato en Brasil. Estas condenas masivas se produjeron sin evaluaciones individualizadas de las acciones de los acusados, lo que llevó a sus abogados a protestar por la falta de acceso a los expedientes de los casos. Filipe Martins, asesor vinculado al ex presidente Jair Bolsonaro, fue encarcelado durante seis meses sin cargos formales. A pesar de las claras pruebas de que las acusaciones de huida del país eran infundadas, el Tribunal se negó a reconocer los hechos. Tras su puesta en libertad, se prohibió a Martins publicar en las redes sociales o conceder entrevistas, privilegios de los que gozan incluso los presos condenados en Brasil. Recientemente, a pesar de que la Constitución brasileña garantiza la inviolabilidad de los discursos parlamentarios, el diputado de la oposición Marcel Van Hatten se vio investigado por el Tribunal Supremo a raíz de unas declaraciones que hizo desde la tribuna parlamentaria. Más recientemente, durante las elecciones locales, el Tribunal Supremo ordenó la suspensión de la red social de Elon Musk, X (antes Twitter), silenciando de hecho los debates electorales en línea. La justificación fueron supuestas violaciones de las leyes brasileñas, que se han vuelto cada vez más subjetivas y dependientes de los caprichos de los jueces del Tribunal Supremo. La impugnación presentada por el partido político Novo, firmada por mí y otros abogados, ni siquiera fue tenida en cuenta. La red reanudó sus operaciones sólo después de cumplir las vagas y subjetivas condiciones impuestas por el Tribunal. Brasil parece estar deslizándose hacia un régimen excepcional en el que el Poder Judicial, encarnado por el Tribunal Supremo, actúa como un poder sin control, ejerciendo su autoridad contra todos. El mundo debe prestar atención a Brasil, donde la libertad de expresión sin filtros en las redes sociales desbarata las ambiciones autoritarias de las autoridades locales. El Tribunal Supremo brasileño se ha transformado en una herramienta de censura, socavando su papel de guardián de la libertad. Cada día que pasa, Brasil está más aislado del mundo democrático. (*) Abogado brasileño. Profesor de Derecho Constitucional. Investigador especializado en libertad de expresión.
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