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Parana » Bicameral
Fecha: 11/01/2025 08:58
A fines de 2024 el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, que tomó estado parlamentario el 19 de diciembre y al día siguiente fue girado a la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos). La intención del oficialismo es incluir este tema en la agenda legislativa del presente año. La ley que regula el Consejo de la Magistratura fue modificada en 2022, durante el gobierno de Gustavo Bordet. Allí se destacaron algunos cambios como la inclusión de miembros de las universidades entrerrianas Uader y UNER, como así también la perspectiva de género. Sin embargo, desde la entonces oposición, actual oficialismo, se mostraron muy críticos y votaron en contra. A fines de ese mismo año se volvió a introducir una modificación, para que se reforme un artículo y “se prorrogue el régimen para presentación de casos para rendir los exámenes”. En los fundamentos del proyecto que envió ahora el Poder Ejecutivo, se sostiene que la “última reforma legal que ha merecido dicho organismo, ha generado una serie de inconvenientes de funcionamiento, que deben subsanarse para asegurar la función constitucional asignada”. La nueva norma, señalan, “no hace más que profundizar las demoras que ya se verificaban con anterioridad a la sanción de la reforma.” En ese sentido, el proyecto de ley señala que “al día de la fecha, habiendo transcurrido más de un año de la entrada en vigencia del Banco de Casos, solamente se han confeccionado 200 casos de los 2200 que se necesitan para integrar completamente los cargos que prescribe el art. 7 del Decreto Reglamentario Nº 3470”. El nuevo proyecto consagra el reconocimiento a la Uader, mediante la incorporación de académicos de esa casa de estudios, pero también promueve “participación de las universidades, tanto públicas como privadas, que forman a los profesionales del derecho en nuestra región”. Se habla así de tres docentes que formarán parte del organismo: uno de Uader, uno de universidades privadas y otro “perteneciente al plantel docente de carreras de abogacía de Universidades Públicas de la Región”. Aquí se abre un interrogante respecto a la UNER, que sería desplazada por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que sí tiene carrera pública de abogacía. Otra innovación de este proyecto al que accedió Bicameral, señala, es el denominado “Concurso Anticipado, el cual ha sido instrumentado en el Consejo de la Magistratura de la Nación y en sistemas comparados. Esta herramienta habilita la realización de concursos para cubrir futuras vacantes que se produzcan, permitiendo que de inmediato se puedan conformar las ternas para cubrir el cargo, a partir de un listado de postulantes que ya han sido previa y debidamente evaluados por concurso”. De este modo, la iniciativa señala que el Consejo estará integrado por once miembros: el secretario de Justicia, dos representantes de la abogacía que se designarán por el voto directo de los matriculados en el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; dos representantes de la Magistratura y de los Ministerios Públicos del Poder Judicial, elegidos por el voto directo de los Magistrados, Fiscales y Defensores; tres profesores universitarios, con título de abogado, domiciliados en la provincia (uno de Uader, uno de universidades privadas y otro “perteneciente al plantel docente de carreras de abogacía de Universidades Públicas de la Región”); un representante de empleados del Poder Judicial; dos representantes de Asociaciones Civiles y Fundaciones, con personería jurídica. El proyecto de 47 artículos que tomó estado parlamentario y fue girado a comisión regula detalladamente, además, el funcionamiento del organismo.
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