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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 11/01/2025 08:35
Imagen de archivo del general hondureño Romeo Vásquez Velásquez, detenido por la muerte de un manifestante en 2009. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) Un muerto ha vuelto a Honduras en busca de justicia. Su nombre es Isis Obed Murillo Mencías y lo mataron el 5 de julio de 2009 en Tegucigalpa. Él tenía 18 años y participaba en una marcha cerca del aeropuerto Toncontín, en la capital hondureña, cuando francotiradores del ejército dispararon en contra de la multitud; murió tras recibir un disparo en la cabeza. El pasado 5 de enero, autoridades del país centroamericano arrestaron al general en retiro Romeo Vásquez Velásquez, jefe militar a cargo de todas las operaciones en aquellos días, y a otros dos oficiales como presuntos responsables de la muerte de Murillo. El asesinato de Isis Obed ocurrió en el marco del golpe de Estado que había defenestrado ocho días antes, el 28 de junio de 2009, al presidente Manuel “Mel” Zelaya, esposo de Xiomara Castro, la actual mandataria de Honduras. A Zelaya un comando militar lo sacó de su casa por la noche y luego los golpistas lo expulsaron hacia Costa Rica. El 5 de julio, el presidente exiliado intentó regresar a su país por avión y aterrizar en Toncontín. Decenas de miles de personas se reunieron en los alrededores del aeropuerto a esperarlo, entre ellos Isis Obed Murillo Mencías. El ejército estableció perímetros alrededor del aeropuerto. Ante la insistencia de los manifestantes de ingresar a la pista principal los soldados dispararon al suelo para repelerlos según consta en un informe elaborado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación instalada en Honduras tras el golpe del 09. En algún momento, los soldados empezaron a disparar directo a la multitud e impactaron con el cuerpo de Isis Obed. “Existe certeza de que miembros del Ejército de Honduras violaron el derecho a la vida de Isis Obed Murillo Mencías. La víctima fue ejecutada extrajudicialmente por miembros del Ejército de Honduras, los cuales apostados dentro del aeropuerto dispararon sobre objetivos específicos situados detrás del muro de piedra del (restaurante de comida rápida) Popeyes (en las inmediaciones de la terminal aérea), en donde se encontraba Isis Obed Murillo y al menos uno de los heridos de aquella jornada”, establece el informe de la Comisión. Manifestación por asesinato de Isis Obed Murillo en Honduras El 5 de enero de 2025, el Ministerio Público de Honduras (MP) detuvo al general Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, a Venancio Cervantes Suazo, ex subjefe, y a Carlos Roberto Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales. Los responsabilizó a los tres por los delitos de homicidio y lesiones graves contra los ciudadanos Isis Obed Murillo Mencías y Alex Roberto Zavala Licona durante la marcha en Toncontín en julio de 2009. Un investigador hondureño consultado por Infobae, quien habló desde el anonimato por razones de seguridad, dijo que la responsabilidad de efectivos del ejército en el asesinato de Isis Obed está de sobra probada, tanto por los insumos entregados en el informe de la comisión de la verdad y reconciliación como por investigaciones que en su momento hicieron autoridades hondureñas. Esas pesquisas prueban, por ejemplo, que el joven manifestante murió por un disparo que entró por la parte frontal de la cabeza en una dirección de arriba hacia abajo, y que el orificio de entrada coincide con proyectiles utilizados por las fuerzas armadas hondureñas. Después del golpe de Estado de 2009, en Honduras asumió un gobierno provisional que fue desconocido por la comunidad internacional, presidido por el empresario Roberto Micheletti. Durante su gestión, las autoridades defendieron la tesis según la cual los disparos que terminaron con la vida de Isis Obed provinieron de los mismos manifestantes, pero esta versión ha sido desmentida por varios investigadores y por las mismas pruebas recabadas en pesquisas posteriores. “La teoría oficial en ese momento sostiene que el disparo fue realizado por los propios manifestantes situados detrás de la víctima. A pesar de que sigue siendo todavía la versión de algunas de las autoridades de aquel tiempo, creemos que está completamente refutada por el certificado médico preliminar de la autopsia a la víctima, dos días después, que señalaba que la trayectoria del disparo era de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. La hipótesis más probable es que los disparos sobre los manifestantes fueron hechos por miembros del Ejército ubicados en la pista de aterrizaje o en otros lugares dentro del aeropuerto”, dice un informe al que Infobae tuvo acceso y cuyos postulados coinciden con la tesis actual del MP. A pesar de que la mayoría de los testimonios y pruebas recabadas que permitían sostener la participación del ejército ya estaban claros pocos días después del asesinato, los gobiernos que siguieron al golpe de Estado, tanto el de Micheletti como los de los presidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, se negaron a investigar estos hechos. Comunicado del Ministerio Público de Honduras por captura del general Romeo Vásquez Velásquez, responsabilizado por muerte de un joven. La fiscalía actual también argumenta que la responsabilidad última del asesinato y las lesiones es atribuible a Vásquez y a los otros dos oficiales. “Los altos mandos… (son) responsables directos de planificar y comandar el operativo, (y) no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades”, dice el comunicado emitido por el MP tras la captura de los militares hace unos días. En 2011, cuando se publicó el informe de la comisión de la verdad y reconciliación, este estableció que el general Vásquez “confirmó que en el período investigado él tenía mando efectivo sobre las Fuerzas Armadas, conocía plenamente y compartía la estrategia del Presidente Micheletti, contaba con información puntual de la inteligencia militar y otras fuentes, y participó plenamente en la ejecución de los decretos de restricción de derechos contra los opositores al Gobierno de facto”. Para el analista y especialista en derechos humanos Joaquín Mejía, la responsabilidad del exjefe del ejército hondureño queda establecida por la comisión de la verdad y reconciliación “en un doble sentido” porque “además de su responsabilidad por contribuir a causar violaciones a derechos humanos a priori, también le corresponde una responsabilidad por no cumplir con su obligación de denunciarlos y sancionarlos debidamente a posteriori”. Las dudas sobre el momento de la captura del general A pesar de la contundencia de los argumentos contra el general Vásquez Velásquez en el caso del asesinato de Isis Obed, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, no se ha escapado de recibir señalamientos de que su actuación en este caso tiene tintes políticos y es parte de una venganza por los hechos ocurridos durante el golpe de Estado de 2009. El militar es, después de todo, uno de los artífices del cuartelazo que puso fin al gobierno de Mel Zelaya, a quien la oposición al gobierno de Xiomara Castro, esposa del expresidente, identifica como protector del fiscal general. Johel Zelaya desecha esos señalamientos y adelanta que, a principios de este año, su oficina hará más requerimientos penales contra políticos de todos los colores. En apresuradas declaraciones a la prensa local, el fiscal general pidió a periodistas y analistas desistir de la “cantaleta” de que las acusaciones del MP tienen motivaciones políticas. Las dudas sobre la calidad de las acusaciones del actual MP hondureño nacieron con un video publicado en septiembre de 2024 en el que Carlos Zelaya, hermano de Mel y entonces vicepresidente del Congreso, negocia con narcotraficantes en 2013 un soborno para el expresidente. Tras la filtración de ese video, el fiscal Zelaya abrió un expediente de investigación y entrevistó a Carlos Zelaya, pero desde entonces el expediente ha quedado en punto muerto. En diciembre pasado, un medio internacional publicó erróneamente que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, había huido a Nicaragua. El ex vicepresidente del congreso sigue en Honduras, en libertad y, hasta ahora, sin asumir mayores consecuencias por las sospechas de sus nexos con el narcotráfico. El video publicado en septiembre pasado, sin embargo, profundizó sospechas de vieja data que vinculan a la actual familia presidencial con el narcotráfico, en específico con la banda de Los Cachiros, una de las que dominó el bajo mundo hondureño a principios de este siglo. Honduras ha sido, desde finales de los años 90 del siglo pasado, uno de los principales puentes del narcotráfico en el istmo centroamericano. Tras el paso del huracán Mitch por la región, en 1998, bandas de contrabandistas, entre ellas Los Cachiros y otro clan conocido como Los Valle Valle, reconvirtieron viejas rutas de tráfico en autopistas para la cocaína de la mano con autoridades políticas locales. Narcotraficantes que luego colaboraron con investigadores antinarcóticos estadounidenses confesaron que habían sobornado a políticos hondureños de todos los signos e ideologías para expandir el negocio. Foto del carnet de identidad de Isis Obed Murillo Mencías, joven asesinado en Honduras. A principios de 2024, en Nueva York, una corte federal condenó a 45 años de prisión por narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández, quien se asoció con los narcos desde que fue presidente del Congreso en 2010, justo después del golpe de Estado que botó a Mel Zelaya del poder, y luego como presidente del país durante dos periodos. Durante su juicio en Manhattan, Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los jefes de Los Cachiros, detalló cómo había entregado sobornos a varios políticos, entre ellos a Hernández, pero también a los hermanos Zelaya. Cuando Mel Zelaya fue elegido presidente del país en 2006 el narcotráfico no era aún el actor protagonista que llegó a ser después, durante los años de Hernández, pero los reacomodos en las rutas y en las gestorías locales a través de alcaldías y gobernanzas provinciales ya ocurrían. En aquel escenario, el ejército era también un actor importante. Lo había sido desde antes, cuando durante los conflictos armados de los años 80 algunos oficiales de alto rango ayudaron a los grandes carteles colombianos de la cocaína a abrir sus rutas hacia el norte. Para 2009, embarcado en una peligrosa aventura geopolítica que lo había acercado a la órbita del chavismo en Venezuela, Mel Zelaya intentó modificar las leyes de su país para hacer una consulta sobre su reelección, algo que el congreso y al judicial descartaron. Siguió un efecto dominó que incluyó la destitución del general Romeo Vásquez Velásquez, quien hasta entonces había sido funcionario del gobierno Zelaya, la insistencia del presidente con la consulta por la reelección y una orden de arresto contra él. Al final, el general abanderó un cuartelazo que terminó con Zelaya subido en un avión hacia Costa Rica y días de manifestaciones multitudinarias en las calles, como la que terminó con la vida de Isis Obed Murillo Mencías.
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