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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 11/01/2025 04:43
Medicamentos genéricos (Imagen Ilustrativa Infobae) El acceso a medicamentos y tratamientos de alto costo representa un desafío bioético crucial en Sudamérica, donde las desigualdades socioeconómicas se combinan con sistemas de salud fragmentados. Esto no sólo pone en riesgo principios fundamentales como justicia, equidad y dignidad humana, sino que también desafía la relación entre el derecho a la salud y el de propiedad intelectual de los laboratorios farmacéuticos. La bioética contemporánea, basada en principios como los de Beauchamp y Childress, identifica cuatro pilares fundamentales: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. En el contexto del acceso a medicamentos, el principio de justicia es particularmente relevante, ya que aboga por la distribución equitativa de recursos sanitarios. Asimismo, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2006) subraya la necesidad de asegurar que los avances científicos y tecnológicos beneficien a todos los sectores de la sociedad sin discriminación. Sudamérica enfrenta un panorama complejo en cuanto al acceso a medicamentos. En países como Brasil, Argentina y Colombia, coexisten sistemas de salud públicos y privados que a menudo no logran cubrir las necesidades de la población más vulnerable. En Argentina, el informe de la Organización Panamericana de la Salud (2022) destacó que más del 30% de los pacientes con enfermedades crónicas no pueden acceder a los medicamentos que necesitan debido a su alto costo. Uno de los casos más preocupantes es Venezuela, que por su crisis humanitaria ha limitado el acceso a medicamentos esenciales como insulina y antirretrovirales. Según Human Rights Watch (2021), esta situación ha resultado en un aumento significativo de la mortandad por enfermedades normalmente tratables. En 2020, el acceso a medicamentos esenciales en Venezuela se redujo un 60% en comparación con 2015, según datos de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Por otro lado, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, gestionado por la Organización Mundial del Comercio, establece normas que protegen las patentes de medicamentos. Si bien estas leyes fomentan la innovación, también limitan la producción de genéricos más accesibles. En Brasil, por ejemplo, la disputa entre el gobierno y los laboratorios sobre la producción de antirretrovirales genéricos ilustra el conflicto entre la salud pública y los derechos de las empresas farmacéuticas. Un caso paradigmático es el de Colombia, donde en 2016 el gobierno emitió una declaración de interés público para reducir el costo del medicamento Imatinib, utilizado para el tratamiento de la leucemia. Esta decisión, aunque controvertida, marcó un precedente sobre cómo los Estados pueden priorizar la salud sobre los intereses comerciales. El precio del medicamento se redujo en un 40%, permitiendo a miles de pacientes acceder al tratamiento. A nivel internacional, Sudáfrica logró un avance significativo durante la primera década al enfrentar a las grandes farmacéuticas en un caso emblemático relacionado con los antirretrovirales para el VIH. El gobierno sudafricano propuso una legislación que permitiera la producción local de genéricos, enfrentándose a una demanda de 39 compañías farmacéuticas. Bajo una intensa presión internacional, las farmacéuticas retiraron la demanda, allanando el camino para que millones de personas accedieran a medicamentos esenciales a precios reducidos, tal como demuestra Mark Heywood. Esto permitió que, según datos de UNAIDS/ONUSIDA, más del 80% de los pacientes con VIH en Sudáfrica recibieran tratamiento. Tailandia emitió licencias obligatorias en 2007 para medicamentos contra el cáncer y el VIH, permitiendo la producción de versiones genéricas. Esta acción redujo drásticamente los costos y aumentó el acceso, a pesar de la oposición de las compañías titulares de patentes. El precio de algunos medicamentos disminuyó hasta en un 90%, beneficiando a miles de pacientes. En 2002, Argentina promulgó la Ley 25.649, de Prescripción de Medicamentos por su Nombre Genérico, con el objetivo de reducir los costos de los medicamentos y facilitar el acceso a tratamientos esenciales. La ley obliga a los médicos a recetar medicamentos por su principio activo en lugar de su nombre comercial, permitiendo a los pacientes optar por alternativas más económicas. A pesar de esta normativa, los desafíos persisten. Según datos recientes del Ministerio de Salud de Argentina (2023), cerca del 35% de los médicos incumplen con la obligatoriedad de prescribir por principio activo, debido a la presión de las farmacéuticas y la falta de fiscalización efectiva. Esto genera que muchos pacientes continúen adquiriendo medicamentos de marca a precios significativamente más altos. Informes recientes (2021-2024) de CeProFar y de la consultora IQVIA revelan que los precios de los medicamentos en Argentina superan significativamente a los de países como España y Estados Unidos, pudiendo exceder el 1.000%. Si bien la consecuente disminución en su acceso afectó especialmente a jubilados, la facturación de la industria farmacéutica argentina aumentó considerablemente, sugiriendo un abuso de la posición dominante por parte de los laboratorios. El impacto de la inflación también ha sido un factor determinante. Entre 2020 y 2023, los precios de los medicamentos genéricos aumentaron un 180% en promedio, limitando su accesibilidad para los sectores más vulnerables. La Asociación de Profesionales de la Salud ha señalado la necesidad de implementar políticas complementarias, como subsidios directos al consumidor y/o una regulación más estricta sobre precios, para maximizar los beneficios de la Ley 25.649. Y, si bien la justicia distributiva, según John Rawls, exige que las desigualdades en la distribución de bienes y recursos sean justificadas sólo si benefician a los más desfavorecidos, en muchos países sudamericanos las políticas de acceso a medicamentos se implementan de manera desigual, beneficiando principalmente a quienes pueden costear seguros privados. En Argentina durante la pandemia de COVID-19, según datos del Ministerio de Salud, solo el 15% de las vacunas llegaron a comunidades rurales en los primeros seis meses de distribución, priorizando los sectores urbanos más acomodados y no por un criterio sanitario. Este fenómeno expone las fallas estructurales en la implementación de políticas equitativas. Como conclusión, desde la bioética deberían implementarse las siguientes cuatro medidas: Equidad, garantizando que todas las personas tengan acceso a medicamentos esenciales, definidos por la Organización Mundial de la Salud como aquellos necesarios para satisfacer las necesidades de salud prioritarias sobre los beneficios económicos. Flexibilización de patentes emitiendo licencias obligatorias para medicamentos esenciales, tal como se hizo en Tailandia y Sudáfrica con tratamientos contra el VIH. Esto permitiría la producción de genéricos a menor costo, por ejemplo, contra el cáncer y otras enfermedades crónicas, aumentando la accesibilidad. Responsabilidad de los estados, debiendo adoptar políticas redistributivas que aseguren el acceso universal a tratamientos médicos. Por ejemplo, el programa Farmacia Popular de Brasil, que subsidia medicamentos para enfermedades crónicas, ha demostrado ser efectivo para reducir las barreras de acceso. Asimismo, el sistema de compras conjuntas promovido por la Organización Panamericana de la Salud ha permitido a varios países negociar mejores precios para medicamentos esenciales. Perspectiva global y cooperación regional, colaborando entre países sudamericanos para negociar con farmacéuticas y establecer sistemas más justos de adquisición de medicamentos. Por ejemplo, la iniciativa del Mercosur para la compra conjunta de vacunas es un paso en esta dirección que podría replicarse en otros ámbitos. El Mercosur implementó en 2021 una iniciativa de compra conjunta de vacunas para combatir el COVID-19, permitiendo reducir del 20% al 30% los costos, según el informe de la Organización Panamericana de la Salud (2022). Esto conlleva resolver problemas logísticos que provocan retrasos en la distribución e insuficiencia infraestructural para almacenamiento en países más pequeños.
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