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» El litoral Corrientes
Fecha: 23/12/2024 19:15
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convocó a los distintos bloques parlamentarios a alcanzar un acuerdo para tratar en sesiones extraordinarias el proyecto de eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El jefe de Gabinete fundamentó su postura en razones económicas. “El proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre PASO y elecciones generales. Si elimináramos las PASO, se ahorraría entre 35% y 40% de esa suma. Es decir, estamos hablando de un ahorro superior a los 150 millones de dólares”, remarcó Francos. El jefe de Gabinete dijo que “desde 2011, fecha en que entraron en vigencia, solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para el conjunto de los ciudadanos, que han tenido que votar en Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver los problemas que los políticos no han sabido solucionar en sus propios partidos”. “Sería fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones extraordinarias o al principio del período ordinario, para ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero”. El Gobierno ya envió a la Cámara de Diputados, a fines de noviembre, un proyecto para eliminar las PASO y reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos al reducir el aporte estatal y no delimitar un tope al aporte privado. Una segunda iniciativa condiciona la supervivencia de los partidos chicos y apunta a matar a los “sellos de goma”, partidos con poca representación que prestan su existencia formal. El vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado que el temario de extraordinarias incluirá iniciativas para modificar las normas electorales y políticas, pero también el juicio en ausencia, la ley antimafia, los viajes del presidente, y la reforma de los fueros de la política. Ahora ahora, no se concretó el llamado. En la Justicia Electoral hay expectativa y no poca preocupación frente a las incertezas que exhiben las autoridades políticas en la definición del cronograma de los comicios legislativos. Si bien la ley no contempla un plazo máximo para modificar las reglas electorales, en la Justicia deslizan que lo razonable es que cualquier cambio debería producirse, cuando mucho, antes de la convocatoria formal a elecciones que debe realizar el Poder Ejecutivo.
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