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Parana » Inventario22
Fecha: 20/11/2024 08:02
El encuentro de trabajo tuvo una duración de cinco horas y se desarrolló en el recinto de la Cámara de Senadores, con algunos invitados de manera presencial y varios con la modalidad videoconferencia. Encabezaron la reunión quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos). Fueron parte de la reunión los integrantes de las tres comisiones, los senadores Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) y Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos). Cuestionamientos al proyecto En primer término, tomó la palabra el doctor en Ciencias Naturales, investigador del Conicet, profesor de Eco toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Rafael Lajmanovich. El especialista en impactos de agroquímicos se explayó sobre diferentes investigaciones a lo largo de las últimas décadas. Señaló que a partir del 2008/2010 empezaron a aparecer más residuos de glifosato en muchas matrices, y en 2016 un estudio sobre el río Paraná confirmó residuos en los sedimentos, principalmente de herbicidas, insecticidas y fungicidas con concentraciones de alto riesgo. Lajmanovich confirmó que Argentina marca récord en residuos de este tipo, y en un estudio reciente se encontraron concentraciones de glifosato en tejidos y músculos de sábalos. En distintas partes del país se encuentran resultados similares en agua, sedimentos y hasta en la lluvia, y existen investigaciones que hallaron glifosato en orina de personas, por lo que “la problemática es cada vez mayor”. El experto apuntó al movimiento de los plaguicidas en el ambiente lo que es un tema muy complejo y que la cercanía a los lugares de aplicación acrecienta el riesgo. Luego fue el turno de la abogada, Magister en Derecho Ambiental, Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, María Aldana Sasia. En su experiencia de llevar adelante varios casos judiciales por daños a poblaciones y medio ambiente, la profesional se centró en los fundamentos de los fallos. “Hablamos de la salud de todos los entrerrianos”, manifestó, para afirmar que los impactos de los fitosanitarios persisten por tres generaciones. “Este proyecto peca de inconstitucional” aseveró, tras lo cual enumeró que no se adecúa al estado de la ciencia actual, al principio de no regresión, de objetivación de la tutela ambiental, entre otros puntos. Sasia cuestionó el tema de las cortas distancias para fumigar y la aseveración de que los productos son inocuos. “Las buenas prácticas no existen, por distintas variables el producto llega a un lugar distintos de donde se tiró” por lo que “los controles son imposibles, hay pruebas contundentes en fallos judiciales” agregó. Más adelante hizo hincapié en los 2334 principios activos y 6480 productos formulados aprobados por Senasa, organismo que apunta a lo agudo de la toxicidad y no a lo crónico de los efectos, en tanto en la provincia de Entre Ríos no hay registros de casos crónicos. Para finalizar entendió que “es necesario regular las distancias de aplicación, ampliarlas, y rever el modelo de producción”. Por videoconferencia hizo su exposición el médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verzeñassi. “Hace más de 20 años trabajo en los impactos de los modelos de producción” comenzó diciendo ante los legisladores. Aseveró que los productos fitosanitarios producen intoxicación aguda y toxicidad crónica. Entre estos últimos ubicó al cáncer, que se ha demostrado que distintos tipos de la enfermedad tienen relación con la exposición, en tanto en Entre Ríos la exposición es intensiva. El profesional ahondó en estudios que demuestran los daños en la salud de la población. Entendió que el proyecto de ley que está en análisis “adolece de fundamentaciones científicas”. Seguidamente se preguntó por las distancias contempladas en el texto, para decir que deberían tenerse en cuenta los 1095 metros fijados por la Justicia. Verzeñassi citó varios ejemplos de productos de banda verde (también conocidos como clase IV, se consideran productos con menor toxicidad) los cuales no son inocuos y acarrearían múltiples consecuencias, y puso de relieve que hay conflictos de intereses que hay que tener en claro. Por último, pidió por una ley en función de la salud y la vida de la población. También por pantalla se hizo presente la periodista ambiental e investigadora Anabel Pomar. “Las propias empresas que fabrican los productos ocultan la peligrosidad de los mismos” aseveró. En contra del proyecto de ley, señaló que no garantiza la salud de la población y las distancias de aplicación contempladas son alejadas de lo que la Justicia y la ciencia sugieren. “Los fabricantes pagan para mentir y seguir comercializando productos y ocultan los daños” manifestó, para denunciar que en Argentina de aplican fitosanitarios prohibidos en más de 40 países del mundo y no se monitorean. Pomar también cuestionó la base científica del proyecto de ley y finalizó sosteniendo que la vida de las personas no tiene precio. Nicolás Indelángelo, ingeniero agrónomo, presente en el recinto se preguntó dónde está el método científico en el proyecto de ley. “Entiendo que se busca validar el uso por ejemplo de drones pero sin evidencia científica los jueces fallan sobre la evidencia y se arrojó una aplicación a 1000 metros de distancia” por lo que “reclamamos la evidencia científica en el Poder Legislativo”. El profesional citó que en la localidad de Oro Verde se ha encontrado en el aire, en el agua y en el suelo, la presencia de múltiples agroquímicos, tras lo cual señaló que “no se maneja la dinámica ambiental y es alto el porcentaje de producto que llega a cualquier lugar”. Indelángelo dijo a los senadores que “estamos alarmados porque estamos condenados por la gran cantidad de aplicaciones por hectárea y cada vez se usan más agroquímicos, la tendencia es creciente y exponencial, son un negocio fantástico para multinacionales”. El ingeniero opinó que “este articulado tiene fuerte arraigo en lo comercial y tenemos que pensar en los habitantes de este suelo, poner la agenda en la disminución del uso de agroquímicos”. Más voces escuchadas En representación de vecinos autoconvocados de Colonia Ensayo, Ximena Rosso y Cynthia Arellano rechazaron el proyecto de ley. “En Colonia Ensayo hay 18 barrios nuevos porque los productores lotearon los campos” comentó Arellano, quien señaló que “soy una vecina fumigada y no queremos que nos envenenen”. “Hay un Estado ausente y se habla de más veneno a menos distancia”. Por su parte Rosso indicó que “fuimos beneficiadas por el amparo y pedimos mayores distancias en las fumigaciones”. De la Red Eco Socialista Nadia Burgos también rechazó el proyecto de ley. Ante los legisladores solicitó que sean escuchadas las 22 organizaciones que trabajan por el cuidado del medio ambiente. Cuestionó el modelo productivo que “genera desmontes, inseguridad alimentaria, pobreza, atenta contra la biodiversidad, enferma y mata”. En el mismo sentido, Facundo Scattone Moulins desde Concordia por videoconferencia, manifestó el rechazo al proyecto y al modelo de producción y pidió avanzar en un proyecto con base sólida en la salud. El ambientalista hizo hincapié en que no hay consenso sobre el proyecto de ley, el que fue hecho a su entender por la Mesa de Buenas Prácticas Agrícolas. Desde Concepción del Uruguay, también por pantalla, María Cristina Tejedor miembro de la Ronda de los Martes y Encuentro Ambiental Uruguayense, habló de lobby en el proyecto de ley. Señaló que el texto “es como una trampa para institucionalizar a las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)”. Como muchos de los expositores que la precedieron en la palabra, también cuestionó las cortas distancias contempladas en las aplicaciones. Por último, desde Gualeguaychú, Emilio Vitale, referente de una organización ambientalista, entendió que el proyecto de ley “no contempla controles ambientales ni durante ni después de las aplicaciones” por lo que no se puede certificar la buena práctica agropecuaria. Por videoconferencia abogó por informatizar los expedientes en materia ambiental, utilizar mayor tecnología para evaluar impactos, e impulsar el menor uso de los productos fitosanitarios apuntando a los beneficios de la agroecología. Sigue el debate El análisis de esta iniciativa por parte de las tres Comisiones continuará este miércoles a partir de las 9 horas, con la presencia del ministro de Salud de la provincia, Guillermo Grieve y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. El proyecto La iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pretende garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible. A lo largo de 109 artículos se crea un Consejo Asesor Fitosanitario con carácter ad honorem y ad hoc, y un Fondo Fitosanitario Entrerriano. Se establecen pautas para los registros, los usuarios de fitosanitarios, los importadores, elaboradores, formuladores y fraccionadores, también expendedores y asesores de los mismos, ensayistas, aplicadores, operarios, y de las empresas de verificación técnica funcional (VTF). Se estipulan condiciones para el almacenamiento y transporte de productos, las condiciones de hermeticidad o confinamiento, y la emisión obligatoria de una receta agronómica digital. En el segundo capítulo del texto se habla del protocolo a seguir con zonas de exclusión y amortiguamiento, y el tercer capítulo contempla las escuelas rurales y la protección de la salud. Asimismo, se considera la regulación para las plantas urbanas, un monitoreo ambiental, fiscalización e inspección, sanciones y prohibiciones.
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