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» Facundoquirogafm
Fecha: 15/11/2024 08:55
El gobernador, Leandro Zdero, vetó en su totalidad la Ley de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, aprobada recientemente por la Legislatura provincial e impulsada por diputados del Frente Chaqueño. Según argumentó el mandatario, la medida duplicaría esfuerzos y gastos al incluir elementos ya presentes en políticas provinciales, como la Educación Sexual Integral (ESI), sin una previsión presupuestaria adecuada. La decisión del veto se apoya en que la ESI ya está implementada en todas las instituciones educativas chaqueñas, abordando cuestiones de salud y bienestar. Además, el Ministerio de Educación destacó que la provincia colabora con UNICEF y otros organismos para proporcionar asesorías integrales de salud en escuelas secundarias, lo que busca fomentar hábitos saludables y facilitar el acceso a servicios de salud. Uno de los puntos más controversiales de la ley vetada es el artículo 5°, que proponía que los adolescentes de 13 a 16 años pudieran tomar decisiones sobre tratamientos que no implicaran riesgos graves sin consentimiento parental, y que a partir de los 16 años fueran considerados adultos en cuanto a decisiones sobre su salud. Zdero argumentó que esta disposición contradeciría el Código Civil y Comercial de la Nación, que exige intervención y consentimiento de los padres en casos que afecten la salud e integridad de los menores. El veto también recibió el respaldo del Ministerio de Hacienda provincial, que advirtió sobre los gastos adicionales que la aplicación de la ley implicaría. La Subsecretaría de Hacienda señaló que cualquier normativa que genere un gasto debe estar contemplada en el presupuesto vigente, algo que no ocurría en este caso y que, por lo tanto, contravenía la Constitución Provincial. Grupos religiosos también habían manifestado su oposición a la ley antes del veto, argumentando que podría fomentar el aborto y adoctrinar a los adolescentes. Denunciaron que la normativa incluía la colocación de anticonceptivos de larga duración y tratamientos hormonales sin el consentimiento de los padres, lo que consideraron una vulneración de los derechos parentales y un uso indebido de fondos públicos. El Movimiento Unidos por la Vida y la Familia expresó que la ley, en lugar de prevenir el embarazo adolescente, promovía prácticas potencialmente peligrosas y de efectos irreversibles en los jóvenes. También cuestionaron su eficacia, señalando que el Plan ENIA, base de esta norma, no tuvo resultados satisfactorios a nivel nacional. Ahora, el debate se traslada nuevamente a la Legislatura chaqueña, que deberá decidir si ratifica la decisión del Ejecutivo o desestima el veto y aprueba la ley.
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