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» Elterritorio
Fecha: 30/10/2024 18:40
La jueza Fioranelli requirió pruebas genéticas tras intervenir en septiembre en el caso ocurrido en Iguazú. La madre se halla en situación de vulnerabilidad miércoles 30 de octubre de 2024 | 13:15hs. El caso se conoció el mes pasado luego de actos sospechosos al momento de inscribir el nacimiento de una bebé. La comunidad de Puerto Iguazú se vio consternada por un presunto hecho de supresión de identidad de una bebé que nació en el hospital Samic el pasado 24 de septiembre. El foco de las sospechas reposó en una mujer, oriunda de Buenos Aires, que acompañó a la madre biológica de 31 años y a la que incitaba a esperar por un tercero que supuestamente conocía, para realizar la inscripción de nacimiento correspondiente. Esto generó sospechas y por la incompetencia que alegó la mamá para cuidar a la menor -por su situación socioeconómica-, el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Dos de esa localidad dispuso que quede al resguardo de la abuela paterna. En tanto, se aguardan los resultados de una prueba de ADN para identificar al presunto progenitor de la bebé. Es que un hombre se presentó ante el Juzgado hace unas semanas reclamando el parentesco y los cuidados. El acontecimiento tomó estado público luego de que una trabajadora social advirtiera “actos sospechosos” por parte de la supuesta acompañante durante un parto ocurrido el mes pasado en el nosocomio local. Luego de las primeras averiguaciones y de oír argumentos poco sólidos por parte de la mujer - que aseguraba “querer ayudar” a la madre-, el Juzgado solicitó poner a la menor al resguardo, primero de su abuela materna. Por otro lado, la Fiscalía y Juzgado federales de Eldorado tomarán declaraciones a la pareja bonaerense para determinar su vinculación con la madre biológica. El Territorio pudo saber que el magistrado Miguel Ángel Guerrero no solicitó la detención de los sospechosos por robo de identidad. Pero se registraron sus datos personales y deberán declarar para esclarecer qué nivel de participación tuvieron en el nacimiento de la bebé y si se trataría de un intento de compra o adopción irregular de menores. Sobre el estado actual de la niña, María Fioranelli, al frente del Juzgado de Familia de Iguazú -con competencia también en Libertad, Puerto Esperanza y Wanda -, detalló a El Territorio que la menor está al cuidado de quien sería su abuela paterna. Esto luego de que tanto la madre biológica como la abuela materna se notificaran incapaces de cuidarla, dado que la familia se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, señaló que junto a la madre se presentó un joven, que declaró ser el padre de la beba, por lo que desde el juzgado se solicitaron muestras de ADN para corroborar la paternidad. Los exámenes se realizaron el pasado viernes y la jueza estimó que los resultados estarían disponibles la semana entrante. Esto, aclaró, “permitiría resolver una cuestión tan importante como lo es la identidad de la menor a cargo”. Compañía sospechosa El acontecimiento que disparó las alertas del equipo del samic de Iguazú y de la comisaría ocurrió luego de que el personal asistencial detectara “ciertos actos sospechosos”. La protagonista era una mujer de Buenos Aires “que decía conocer a la madre de la bebé”, relató Fioranelli al rememorar la intervención que se realizó el pasado 24 de septiembre. De acuerdo a lo que describieron los trabajadores del hospital, cuando la madre intentaba inscribir a su hija, “la mujer que la acompañaba le sugería que no lo hiciera hasta que llegara una persona que supuestamente estaba de camino al hospital”. Momentos posteriores al parto, la paciente registró a la menor sin reconocimiento paterno, “y en ese momento la señora que la acompañaba le reclamó que por qué no esperó”. Estas actitudes despertaron sospechas en el personal, que inmediatamente notificó a la comisaría local y esta dependencia al Juzgado, para hacerse presentes en el lugar. Luego de las primeras conversaciones, la supuesta acompañante no pudo explicar ni defender de forma congruente a quién esperaba ni por qué. “En un momento, me alerté de la situación y se puso en conocimiento al Juzgado Federal, ante la posibilidad de un caso de supresión de identidad”, explicó la magistrada, ya que la sospechosa “decía que quería ayudar a la joven madre pero tampoco tenía mucha información sobre ella. Eran situaciones al menos para sospechar”, alegó. Por otro lado, este medio pudo saber que la madre era una persona que atravesaba abstinencia de consumos problemáticos y que se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Por lo que la Dirección de Niñez municipal decidió otorgar una guarda provisoria de la menor a la abuela materna, quien era su vínculo biológico más inmediato. “Fue la mejor decisión hasta que nosotros pudiéramos averiguar sobre la paternidad de la menor”, argumentó Fioranelli. Sin embargo, pocos días después del nacimiento, la familia se presentó ante el Juzgado alegando tener dificultades para cuidar y solventar los gastos de crianza. De este modo, la madre y abuela manifestaron ser incompetentes para resguardar a la bebé. En su lugar se presentaron un hombre y su madre, quienes declararon ser el padre y abuela paterna de sangre. Atenta a la falta de información que existía en torno a la identidad de la menor, la jueza solicitó muestras de ADN para confirmar o descartar lazos de parentesco. El recurso se pidió considerando que “mi obligación es agotar las vías para que la menor quede dentro de la familia biológica, en la medida en que se pueda”, sostuvo. La familia, desde entonces, recibe visitas periódicas de un equipo interdisciplinario de la localidad de Wanda, donde permanece la menor. “Hasta el momento, y mientras hacemos el seguimiento, la bebé está muy bien cuidada y está a cargo de su abuela que es joven, de 45 años, que tiene energía. Trabajamos para que la menor permanezca dentro de su familia paterna”, señaló. Intervención inmediata Fioranelli explicó que el trabajo del Juzgado de Familia resulta necesario en situaciones donde se pueden estar vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero que se requiere de la participación conjunta de los organismos locales pertinentes. En este caso, “la Dirección de Niñez y Adolescencia es la que hace la primera intervención y la que toma las primeras decisiones. Hace el trabajo de campo, la consulta y la investigación previas”. En ese sentido, “si el área toma la decisión de otorgar una guarda provisoria o un pedido de restricción, por ejemplo, esos recursos se remiten al juzgado y se evalúa la medida tomada. Si es la correcta o si hay que revertirla”, explicó. Claro que casos de posible vulneración de las infancias pueden ocurrir incluso sin una denuncia de por medio. En tales situaciones, o “en casos excepcionales que exceden lo formal y que requieren de una medida concreta, también se interviene”, aclaró. Violencia familiar: lo más denunciado María Fioranelli detalló a este medio que el juzgado -en el que ejerce hace poco más de dos años- recibe cerca de diez denuncias por violencia familiar por día, sólo en la localidad de Puerto Iguazú. Lo que representa que esta es la principal problemática puesta al saber de la Justicia local. También reconoció que si bien las personas denunciantes son tanto mujeres como varones, el primer grupo es el que resulta víctima en la mayoría de los casos de los que se toma conocimiento. Este fenómeno en la Ciudad de las Cataratas se condice con los últimos datos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), que revelaron que el 79,3% de las víctimas de casos de violencia denunciados en la Policía de Misiones en 2023 fueron mujeres. Incluso, el 51,3% de ellas ya contaba con alguna medida de prevención al momento de radicar una nueva denuncia.
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